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NÚMERO 7
DICIEMBRE-2013
Revista electrónica [www.eumed.net/rev/historia] y en papel
Offpints – Separatas – Tiré à part
Versión completa impresa en papel del no 7 (diciembre 2013)
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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hasta 1992, y para los países de democracia popular de la antigua Europa del Este hasta 1990.
Estas indicaciones de marco cronológico pueden dar una idea aproximada para el resto de
países y, en cualquier caso, son flexibles, ahora bien, puede no aceptarse el artículo si no se
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
ARTÍCULOS
Esmein et le droit canadien: une rencontre manquée
Pierre Issalys....................................................................................................1
Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen
Peter Wust
Thomas Gergen…………………………………………………………………….. 27
A cicerói állambölcselet és a modern politikai tanok
Gábor Hamza………………………………………………………………….......... 33
Aproximación a la protección de datos personales de adultos y de menores
desde un prisma social como fase previa a una traducción jurídica
María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela.......................................... 41
On Sevillian guilds towards the end of the 11th century
Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente
y Luis González-Abril……………………………………………………………….. 55
RECENSIONES
Antoine Lyon-Caen (con la colaboración de Alexandre Fabre), Le nouveau
Code du travail, Éditions Dalloz, Saint-Herblain, 2008, 247 págs.
Guillermo Hierrezuelo Conde……………………………………………………… 75
Furio Semerari, coord., Metropolitania. Aspetti e forme di vita della città
postmoderna, Edizioni Ghibli, Milano, 2011, 392 págs.
Guillermo Hierrezuelo Conde……………………………………………………… 78
Armando Zerolo Durán, Génesis del Estado Minotauro. El pensamiento político
de Bertrand de Jouvenel, Sequitur, Madrid, 2013, 245 págs.
Jerónimo Molina Cano……………………………………………………………… 83
Isabel Thibault, ed., Liber amicorum 2 Alain de Benoist, Les Amis d’Alain de
Benoist, París, 2013, 380 págs.
Pablo Sánchez Garrido, ed., Historia y método de la teoría política. Antología
de los maestros del Instituto de Estudios Políticos, con “Estudio preliminar y
notas” de Sánchez Garrido. “Epílogo” de Joaquín Abellán, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, LVIII+266+XX págs.
Antonio Sánchez Bayón, Renovación de la Filosofía social iberoamericana.
Orientaciones para salir del laberinto Estado-nación y (re)humanizar la
globalización, Tirant Humanidades, Valencia, 2013, 168 págs.
María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela.......................................... 90
Corrado Malandrino, Democrazia e federalismo nell’Italia unita, Claudiana,
Torino, 2012, 127 págs.
Manuel J. Peláez……………………………………………………………………. 94
María Jesús Espuny Tomàs, Olga Paz Torres, Guillermo García González y
Josep Cañabate Pérez, Esquemas de Historia del Derecho social y de las
instituciones laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 204 págs.
Manuel J. Peláez……………………………………………………………………. 96
V.V. A.A., Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las
ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización
democrática en homenaje a Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein
(1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte, en Revista Europea de
Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (noviembre
2013), 209 págs.
María Cristina Toledo Báez………………………………………………………... 99
V.V. A.A., Glossae. European Journal of Legal History, Valencia, 10 (2013),
revista electrónica (http://www.glossae.eu/glossae-10-2013).
Manuel J. Peláez………………………………………………………………….. 105
ESMEIN ET LE DROIT CANADIEN : UNE RENCONTRE
MANQUÉE
Pierre ISSALYS*
Pierre Issalys (2013): “Esmein et le droit canadien : une rencontre manquée”,
Revista Crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social,
nº 7 (diciembre 2013). En línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/esmeincanada.html
RÉSUMÉ: Ce texte commente les mentions du droit canadien dans les Éléments
de droit constitutionnel français et comparé, explique le désintérêt des juristes
canadiens de l’époque pour cet ouvrage et signale que certains aspects de la
Constitution canadienne, évoqués par Esmein, notamment la monarchie et le
Sénat, font actuellement l’objet de débats judiciaires.
KEY WORDS: Adhémar Esmein, Canada, Constitution.
ABSTRACT: This paper examines the references made to Canadian law in
Esmein’s Éléments de droit constitutionnel français et comparé, explains the
lack of interest in that book displayed at the time by the Canadian legal
community, and points out that some aspects of the Constitution of Canada
referred to by Esmein, including the Crown and the Senate, are currently before
the courts.
PAROLES CLÉS: Adhémar Esmein, Canada, Constitution.
Bien qu’ils remontent à un peu plus d’un siècle, il n’est pas sans intérêt de
revenir aujourd’hui sur les propos d’Adhémar Esmein à propos du droit public
canadien. D’une part, en effet, ces propos témoignent de la curiosité de leur
auteur à l’endroit des institutions politiques et de l’actualité constitutionnelle d’un
nombre considérable de pays. Peu de juristes français de cette époque se sont
documentés et ont écrit sur le droit public de ce qu’on appelait alors le dominion
britannique du Canada, en dépit du regain des échanges entre la France et le
Canada français dans le dernier quart du XIXe siècle. D’autre part, ces propos
et l’accueil qu’ils ont reçu au Canada illustrent bien les difficultés de
compréhension réciproque entre publicistes français et canadiens. Pour les
Français, ces difficultés subsistent parfois aujourd’hui : ils ne tiennent pas
complètement compte de ce que la France et le Québec sont séparés à la fois
par la Manche et par l’Atlantique1. Pour les Canadiens-français de l’époque, ces
* Professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, Québec [email protected].
Article pour l’hommage à Adhémar Esmein. L’article arrivé en retard à la rédaction de la Revista
europea de historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (nov. 2013),
Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las ideas políticas y de Historia
de los modelos republicanos como racionalización democrática en homenaje a Jean-PaulHippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte,
209 pp.
1
Selon l’éclairante formule de Pierre Savard, « Autour d’un centenaire qui n’eut pas lieu », p.
105 dans : Michel Grenon, L’image de la Révolution française au Québec, Hurtubise HMH, La
Salle, 1989, à la p. 118.
1
Pierre Issalys
difficultés tenaient à l’aversion qu’on leur avait inculquée à l’endroit de
l’évolution politique de la France à compter de 1792.
Revenir sur les fragments de l’œuvre d’Esmein où il est question du Canada
permet donc à la fois d’apprécier l’originalité et les méthodes de cet auteur et
de comprendre pourquoi une possible rencontre entre publicistes des deux
pays, à travers son œuvre doctrinale, n’a pas eu lieu. À ces deux motifs
d’intérêt, d’ordre historique, s’ajoute une troisième raison de mettre en lumière
ce que disait Esmein à propos du Canada au tournant du XXe siècle : cent ans
plus tard, certains des aspects du droit constitutionnel canadien qui ont retenu
son attention font l’objet de vifs débats et de décisions judiciaires. D’où les trois
thèmes abordés successivement dans le présent texte : l’intérêt d’Esmein pour
le droit canadien (I), le désintérêt des juristes canadiens pour l’œuvre d’Esmein
(II) et l’intérêt actuel, en droit constitutionnel canadien, de certaines des
questions évoquées par Esmein (III).
1. L’intérêt d’Esmein pour le droit canadien
L’attention portée par Esmein au droit public canadien est singulière parmi
les juristes français de son temps. Elle participe de la vaste culture juridique
d’un homme qu’on imagine, à partir de son œuvre, en lecteur méthodique de la
doctrine, à l’affût des informations politiques et judiciaires diffusées par les
meilleurs journaux. Certes, dans cet abondant réservoir de connaissances, le
Canada ne compte que pour une part très modeste. Il convient de prendre
d’abord la mesure de cette part, avant de distinguer quels sont les éléments du
droit canadien auxquels Esmein a eu recours pour étayer le développement de
sa pensée.
1.1 Le droit canadien dans l’œuvre d’Esmein
Le recours d’Esmein au droit canadien s’inscrit en effet dans le dessein
général de son œuvre en matière de droit public : construire une légitimation
théorique des caractéristiques du régime constitutionnel qui s’instaure et
s’installe en France dans le dernier quart du XIXe siècle – la république
parlementaire. Ce travail de légitimation reflète les préférences idéologiques de
la moyenne bourgeoisie libérale, qui consolide son rôle dominant à cette
époque en France. Il privilégie la liberté comme valeur éminente et objectif
cardinal de l’aménagement constitutionnel d’une société politique. Imprégnée
d’histoire, la démonstration prend appui, certes, sur l’héritage des deux
premières républiques qu’a connues la France, mais avant tout sur la tradition
constitutionnelle anglaise. C’est dans la mise en valeur de cette tradition, mise
en valeur nourrie par l’étude des grands auteurs anglais et américains depuis
Locke jusqu’à Woodrow Wilson, qu’Esmein a été amené à s’intéresser à
l’évolution juridique des dominions – principalement l’Australie, mais aussi le
Canada. Pour saisir l’apport du droit canadien à la démonstration d’Esmein, il
s’impose de recenser les mentions qu’il en fait dans son œuvre, de relever les
sources auxquelles il se réfère et d’observer la méthode selon laquelle il
exploite ces sources.
1.1 a)
Les mentions du droit canadien
Il semble que le droit constitutionnel canadien ait été évoqué pour la
première fois par Esmein dans l’article « Deux formes de gouvernement », qui
2
Esmein et le droit canadien : une rencontre manquée
figure en tête de la livraison inaugurale de la Revue du droit public et de la
science politique en France et à l’étranger, en 18942. Cet article développe
l’idée que les principes du gouvernement représentatif, « sous sa forme
classique, tel que l’exposaient les publicistes anglais dans la première moitié
[du XIXe] siècle »3, subissent dans certains pays de dangereuses altérations,
sous l’influence de l’idée de démocratie directe. Esmein critique ces altérations :
suppression de la deuxième chambre du parlement, mandat impératif,
référendum, enfin scrutin proportionnel. Comme exemple de la première de ces
innovations, Esmein cite le cas de trois provinces canadiennes.
Notre auteur a par la suite repris cette observation dans son principal
ouvrage, les Éléments de droit constitutionnel français et comparé 4, qui évoque
par ailleurs plusieurs caractéristique de l’aménagement constitutionnel du
Canada. Ces mentions sont apparues en deux temps : les unes dès la première
édition des Éléments (1896), les autres à compter de la troisième (1903). Elles
sont toutes localisées dans la première partie de l’ouvrage, consacrée à
l’exposé des principes et des institutions caractéristiques d’un régime
constitutionnel ordonné à la liberté des citoyens. La majorité d’entre elles
surviennent au fil de l’exposé des « institutions et principes fournis par le droit
de l’Angleterre »5; les autres s’inscrivent dans l’exposé de la « théorie des
constitutions écrites »6. Ces deux rattachements laissent déjà comprendre à
quels titres le droit constitutionnel canadien a pu intéresser l’auteur des
Éléments : rattaché historiquement au droit anglais, dont Esmein fait le
prototype du régime représentatif, il est en partie codifié sous la forme d’un
texte constitutionnel octroyé en 1867 par le Parlement britannique.
Ces mentions, toutefois, ne sont précisément que cela : mises bout à bout,
elles ne rempliraient que quelques pages dans un ouvrage qui, au fil des cinq
éditions réalisées du vivant d’Esmein, passe de 750 à 1150 pages. Le droit
constitutionnel canadien fournit davantage la matière d’illustrations
occasionnelles du propos de l’auteur qu’il ne fait l’objet d’étude et de
commentaire pour son intérêt intrinsèque.
1.1 b)
Les sources canadiennes citées
Ces différentes mentions du droit canadien s’appuient sur un nombre très
réduit de sources. Il n’est fait aucune référence aux textes constitutionnels euxmêmes, ni à leur développement jurisprudentiel, déjà considérable à la fin du
XIXe siècle. En définitive, les observations d’Esmein sur le Canada s’appuient
essentiellement sur un seul ouvrage de droit constitutionnel, qu’il cite quatre
2
T. 1 (1894), p. 15-41, à la p. 19.
Ibid., p. 17.
4
e
ere
L’ouvrage prend ce titre à compter de sa 2 édition (Larose, Paris, 1899). La 1 (Larose,
Paris, 1896) s’intitulait Éléments de droit constitutionnel français. Nous référerons dans la suite
e
à cet ouvrage par l’abréviation « ÉDC ». Sauf mention contraire, nous viserons la 6 éd.
(Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1914), plus aisément accessible grâce à sa récente
réimpression avec un avant-propos de Dominique Chagnollaud (Éditions Panthéon Assas,
Paris, 2001).
5
Cet exposé forme le Titre premier de la Première partie de l’ouvrage, consacrée aux
fondements historiques et philosophiques de la Constitution républicaine de 1875 (« La liberté
moderne. Principes et institutions ») dans les institutions politiques de l’Angleterre et les
principes proclamés par la Révolution française.
6
Cet exposé forme le cinquième et dernier chapitre du Titre II de la Première partie.
3
3
Pierre Issalys
fois, dont une pour le contredire7. L’étroitesse de cette base documentaire
surprend à plus d’un titre. Elle s’accorde mal, d’abord, avec les habitudes de
l’auteur dans ses travaux historiques, où il se montre soucieux d’étudier
attentivement les sources primaires. Elle contraste par ailleurs, au sein même
des Éléments de droit constitutionnel français et comparé, avec le traitement
plus rigoureux du droit constitutionnel américain et australien. Enfin, elle ne
semble pas refléter l’état des ressources documentaires auxquelles Esmein
aurait pu avoir accès à Paris à l’époque où il y rédigeait les éditions
successives de ses Éléments8. Le caractère sommaire de la recherche
effectuée par Esmein à propos du droit canadien explique sans doute qu’il n’ait
accordé au Canada qu’une place très modeste dans ses considérations sur le
gouvernement parlementaire. Il faut le regretter car, comme on le verra plus
loin, un examen plus approfondi lui aurait évité certaines erreurs d’appréciation
et aurait enrichi sa perspective historique sur l’évolution du parlementarisme
hors d’Europe.
1.1c) L’exploitation des sources
La richesse et la force démonstrative des Éléments de droit constitutionnel
français et comparé tiennent en grande partie au traitement historique du sujet.
Encore aujourd’hui, on ne peut qu’admirer la connaissance détaillée et la
compréhension fine qu’avait Adhémar Esmein de l’histoire constitutionnelle de
la Grande-Bretagne. Témoin d’une phase particulièrement mouvementée de
cette histoire constitutionnelle, Esmein en relate et analyse les événements en
prenant appui sur la presse et les débats parlementaires, et donne ainsi à
l’ouvrage une vivacité inattendue. Sans doute faut-il chercher là l’une des
explications du succès de l’ouvrage auprès de ses lecteurs étudiants.
De même, on doit saluer la qualité du traitement historique du droit
constitutionnel des États-Unis et de l’Australie. Dans le cas de ce dernier pays,
Esmein accorde également une place importante aux événements entourant la
naissance de la Constitution fédérale de 1900. Certains passages laissent
penser que c’est à l’occasion de séjours en Grande-Bretagne qu’Esmein a pu
se documenter, non seulement sur l’histoire et l’actualité constitutionnelles de
ce pays, mais aussi sur celles de l’Empire britannique, des dominions et des
États-Unis. Il semble toutefois qu’il ait négligé de s’intéresser de plus près au
7
J. E. C. Munro, The Constitution of Canada, Cambridge University Press, Cambridge, 1889,
ère
cité aux ÉDC, 1 éd., 1896, p. 7, 70 et 421. Ces références, de même qu’une quatrième
e
apparue dans la 2 éd., 1899, p. 32, subsistent inchangées dans les éditions des ÉDC publiées
du vivant d’Esmein.
8
Ainsi, les ÉDC citent à propos d’autres pays François-Rodolphe Dareste et P. Dareste, Les
e
Constitutions modernes, 3 éd., Librairie maritime et coloniale Challamel, Paris 1910. Or, cet
ouvrage contient, outre le texte de l’Acte de l’Amérique du nord britannique, 1867 (titre que
portait à l’époque le principal texte constitutionnel canadien), une bibliographie d’ouvrages
canadiens et britanniques, en anglais et en français, sur le droit constitutionnel du Canada.
Cette bibliographie est certes incomplète : en sont notamment absents Dennis O’Sullivan, A
e
Manual of Government in Canada, 2 éd., Stuart, Toronto, 1887 ; Edmond Lareau, Histoire du
droit canadien, Périard, Montréal, 1889 ; William H. P. Clement, The Law of the Canadian
Constitution, Carswell, Toronto, 1892 ; Alpheus Todd, Parliamentary Government in the British
e
Colonies, 2 éd., Longmans Green, Londres, 1894 ; Gerald J. Wheeler, Confederation Law of
Canada, Eyre and Spottiswoode, Londres, 1896 ; et Augustus H. F. Lefroy, The Law of
Legislative Power in Canada, Toronto Law Book, Toronto, 1898. Néanmoins, l’exploitation de
son contenu aurait permis à Esmein d’étayer davantage ses propos sur le droit canadien, quitte
à devoir consulter les bibliothèques londoniennes.
4
cas canadien. Il est vrai que le Canada, alors en phase de développement
économique accéléré, connaissait en revanche une période de relative stabilité
en matière constitutionnelle9. Fils aîné plutôt docile et rangé, le Canada est
sans doute apparu à Esmein comme l’un des membres moins intéressants de
la famille impériale britannique…
Mais autre chose encore – un obstacle d’ordre méthodologique – peut
expliquer l’intérêt très limité accordé par Esmein au droit constitutionnel
canadien. L’exposé des principes et des institutions de l’Angleterre, dans la
première partie des Éléments, s’appuie essentiellement sur des auteurs. Ceuxci chevauchent les champs respectifs du droit constitutionnel et parlementaire
et de la science politique (Dicey, Bagehot, Todd, Anson, Brougham, May…) et
appartiennent évidemment pour la plupart à l’époque victorienne. Les citations
de sources primaires sont peu fréquentes dans cette partie du texte ; la
jurisprudence, en particulier, est pratiquement ignorée, sauf à travers ce qu’en
disent les auteurs. La fréquentation d’écrits relatifs aux institutions de la
Grande-Bretagne, non plus que sa connaissance directe de ce pays, ni même
sa sensibilité d’historien aux sources primaires, n’ont pu transformer Esmein en
common lawyer : sa méthode reste celle d’un juriste de culture romanogermanique. Or, cette méthode était singulièrement inadaptée à la saisie du
droit constitutionnel canadien de l’époque.
Certes, un juriste aussi averti que l’était Esmein de l’évolution et des
principes du droit public anglais aurait franchi sans difficulté et avec profit
l’étape liminaire de l’analyse de l’Acte de l’Amérique du nord britannique de
186710. S’il s’était livré à cette analyse, d’ailleurs, il aurait constaté la
transformation de diverses conventions et règles coutumières du droit anglais
en règles de droit légiféré11. Mais au-delà, comme le montraient bien les
études, compilations et commentaires publiés au Canada dans le dernier tiers
du XIXe siècle, ce juriste devait s’enfoncer dans le maquis de la jurisprudence
constitutionnelle12. C’est à ce prix seulement qu’il pouvait accéder à une
intelligence réelle du droit public propre au doyen des dominions britanniques.
Faute d’avoir pu ou souhaité aborder ainsi le droit canadien sur son terrain
propre, Esmein a dû se borner à des observations souvent sommaires ou
tributaires du point de vue d’autres observateurs.
9
En surface du moins. Sous la permanence des textes se poursuivait, quant au partage
fédératif des compétences, le basculement progressif opéré par la jurisprudence en faveur des
provinces, et s’esquissait, quant à l’organisation du Pouvoir exécutif, le vaste mouvement
e
législatif de décentralisation fonctionnelle qui allait permettre, au XX siècle, l’intervention de
l’État dans l’économie.
10
Rappelons que cette loi du Parlement britannique (30-31 Vict., c. 3) forme toujours, sous le
titre de Loi constitutionnelle de 1867 [L.R.C. (1985), App. II, n° 5], l’assise principale de la
Constitution du Canada. Les textes constitutionnels, lois et décisions judiciaires canadiens cités
dans la présente étude sont, à moins d’indication contraire, accessibles en ligne à :
www.canlii.org
11
Ce constat, Esmein le formule en des termes généraux pour l’ensemble des dominions, mais
ne le précise pas et n’en signale pas les éléments justificatifs dans le cas du Canada; voir :
ere
e
ÉDC, 1 éd., 1896, p. 393 ; 6 éd., 1914, p. 567.
12
Esmein aurait cependant trouvé, parmi les sources signalées au répertoire des Dareste,
précité, note 9, un matériau moins rébarbatif parce que plus ouvert à des considérations
d’histoire et de théorie politique : le compte rendu des débats sur le projet de texte
constitutionnel, en 1865, au Parlement de l’ancienne Province du Canada : Canada (Province),
Parlement, Débats parlementaires sur la question de la confédération des provinces de
l’Amérique britannique du nord, Québec, Hunter, Rose, 1865.
5
Pierre Issalys
Il convient maintenant de dresser le bilan des observations de notre auteur à
propos du droit canadien dans les Éléments de droit constitutionnel français et
comparé.
1.2. Les observations d’Esmein sur le droit canadien
On peut regrouper les mentions du droit canadien dans les Éléments autour
de quatre thèmes : la qualification des formes d’État, le fédéralisme et sa
manifestation dans le bicaméralisme, le gouvernement parlementaire, et enfin
l’appartenance du Canada à l’Empire britannique.
1.2a) La qualification de l’État canadien
Décrivant, dans l’introduction des Éléments, les différentes formes d’État,
Esmein cite le Canada comme exemple de « république fédérative »13. Il
invoque à l’appui de cette qualification l’autorité du juriste canadien Munro 14 ;
celui-ci en aurait probablement été fort étonné, tout comme la plupart de ses
compatriotes, même si sa présentation du contenu de la Constitution de 1867
ne met guère en évidence le rôle de la Couronne. Il est vrai que selon Esmein,
celles des monarchies constitutionnelles où « la nation, reconnue souveraine et
agissant en cette qualité, associe un monarque à sa souveraineté […] se
rapprochent beaucoup de la république »15. À ce compte, l’Angleterre ellemême peut être confondue avec une république 16. Cette lecture républicaine de
la Constitution de 1867 facilitait sans doute l’intégration du cas canadien dans
la théorie générale des constitutions proposée par Esmein dans les Éléments.
Comme on le verra plus loin, elle ne cadrait guère avec la compréhension des
contemporains : la doctrine juridique canadienne dominante, particulièrement
celle de langue anglaise, voyait dans le caractère monarchique du régime
politique un élément essentiel du rattachement au droit public anglais. Mais
surtout, cette occultation de la Couronne, expression juridique de la
souveraineté de l’État dans un système de droit anglais, conduit Esmein à faire
l’impasse sur des éléments hautement significatifs du droit constitutionnel
canadien, comme on le verra également dans la suite.
Réitérant, dans la 3e édition des Éléments, la qualification du Canada comme
« république fédérale » et « république coloniale », Esmein estimait que la
désignation dominion n’était qu’un habillage formel « qui ne [jure] pas trop
ouvertement avec la constitution monarchique »17. En revanche, un autre
passage apparu dans cette édition esquisse une vision beaucoup juste des
choses en rappelant que « [d]ans toute l’étendue des possessions anglaises,
en droit, la souveraineté appartient au Roi-Empereur […]. C’est par une
concession du souverain, qui est analysée par les auteurs anglais comme une
13
ÉDC, p. 7.
Précité, note 7. Le renvoi ne vise aucun passage précis de l’ouvrage de Munro.
15
ÉDC, p. 5 et 6.
16
Esmein cite en note à ce sujet des propos de Montesquieu et de Mably, auxquels on pourrait
adjoindre celui de Rousseau, cité aux ÉDC, p. 292 : lorsque le Gouvernement n’est que le
ministre du Souverain, « alors la monarchie elle-même est république » (Du Contrat social,
Gallimard, Paris, 1964, coll. Folio, Livre II, ch. VI, p. 202).
17
e
ÉDC, 3 éd., 1903, p. 12 (passage non repris dans les éditions subséquentes). Esmein citait
en note un quotidien britannique qui, en 1901, affirmait l’impossibilité de convaincre les
Canadiens ou les Australiens d’appeler leur pays un « Royaume » ; dans le climat de l’époque,
on le verra, une telle réticence aurait révélé, non pas un quelconque sentiment républicain,
mais plutôt la volonté de rester complètement identifiés à la qualité de sujet britannique.
14
6
délégation, que les colonies anglaises, telles que le Canada et l’Australie, ont
pu recevoir cette liberté politique si complète, cette indépendance presque
absolue, dont elles jouissent ».18 Pour déterminer les effets de cette
« délégation », non pas tellement sur les rapports entre le « mandant » et ses
« mandataires », mais plutôt sur la structure interne, fédérative, du
« mandataire », il était indispensable de disposer d’une théorie de la Couronne.
Cette théorie, la jurisprudence relative à la Constitution canadienne en avait
déjà fait application en contexte d’État fédératif au moment où Esmein a
entrepris la rédaction des Éléments. Un premier pas décisif a été franchi en
1883 par un arrêt qui a expressément écarté la thèse d’une délégation de
pouvoirs par le Parlement impérial en faveur de ceux du Canada et de ses
provinces au moyen de la Constitution de 186719. Un second arrêt de 1892 a
développé les conséquences du premier en énonçant que le Pouvoir exécutif
d’une province canadienne tient lui aussi directement son autorité de la
Couronne20. Cette jurisprudence faisait donc de la Constitution de 1867 une
lecture conforme à la théorie du fédéralisme21. Elle posait ainsi la question de la
divisibilité de la Couronne. Théoriquement unitaire, la représentation de la
Couronne a dû être adaptée par une longue et sinueuse évolution
jurisprudentielle aux réalités du fédéralisme – et à la transformation de l’Empire
en Commonwealth22.
Esmein paraît donc avoir sous-estimé, dans son approche du droit canadien,
le rôle qu’y jouait et qu’y joue encore la Couronne comme point d’appui d’une
souveraineté fractionnée et de pouvoirs démultipliés. En voulant voir dans les
faits une république sous le voile formel d’une monarchie, il aura perdu de vue
le caractère de fiction opérante qui s’attache à la Couronne en droit anglais. La
source de cette erreur d’appréciation se trouve peut-être dans ce passage où il
affirme que « [l]es nations d’Amérique ont presque exclusivement imité les
États-Unis » pour s’inspirer, par leur intermédiaire, des principes du droit
constitutionnel anglais et ajoute en note : « Même le Canada. »23. Esmein s’en
18
ÉDC, p. 10-11.
Hodge v. R., (1883) 9 A.C. 117 (P.C.), p. 132 : « [T]he British North America Act […]
conferred powers not in any sense to be exercised by delegation from […] the Imperial
Parliament, but authority as plenary and as ample within the limits prescribed by [that Act] as
the Imperial Parliament in the plenitude of its powers possessed and could bestow. Within these
limits […] the local legislature is supreme […] ». Les arrêts du Comité judiciaire du Conseil privé
cites dans la présente étude sont accessibles en ligne à : www.bailii.org. La référence de l’arrêt
Hodge dans cette banque est : [1883] UKPC 59.
20
Liquidators of the Maritime Bank v. Receiver-General of New Brunswick, (1892) A.C. 437
(P.C.), [1892] UKPC 34, p. 443 : « [A] Lieutenant-Governor […] is as much the representative of
Her Majesty for all purposes of provincial government as the Governor-General himself is for all
purposes of the Dominion Government ».
21
ÉDC, p. 6 : « L’État fédératif […] fractionne la souveraineté. C’est un composé de plusieurs
États particuliers dont chacun conserve en principe sa souveraineté intérieure, ses lois propres
et son gouvernement ».
22
Cette jurisprudence ne s’est fixée, quant à l’un des aspects les plus complexes du régime de
la Couronne – l’immunité dont elle bénéficie à l’égard des lois ‒, que près d’un siècle plus tard :
Alberta Government Telephones c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications
canadiennes, [1989] 2 RCS 225, p. 270-275. Voir : Canada, Commission de réforme du droit,
Le statut juridique de l’administration fédérale, Ottawa, 1985, p. 5-16, et Canada, Ministère de
la Justice, La Couronne en droit canadien, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 1992, p. 33-38.
23
e
ÉDC, p. 68 (2 éd., p. 32). Esmein cite de nouveau à l’appui Munro, précité, note 7, p. 2,
reconnaissant toutefois que celui-ci formule « seulement une réserve » qui est en fait un
démenti complet de cette thèse. Munro dresse d’ailleurs plus loin (p. 9-11) un tableau de
19
7
Pierre Issalys
est ici imprudemment remis à Dicey, dont le célèbre ouvrage de droit
constitutionnel contenait la même affirmation à propos du Canada 24.
Fermement démentie par les concepteurs et les premiers commentateurs de la
Constitution de 1867, cette thèse relève de l’erreur de perspective qui
conduisait souvent – et conduit encore parfois – les observateurs européens,
Britanniques compris, à assimiler trop rapidement les cultures juridiques
canadienne et américaine, sur la base de la proximité géographique.
1.2b) Fédéralisme et bicaméralisme
Le second thème des observations d’Esmein à propos du Canada concerne
le fédéralisme et la place particulière qu’occupe dans l’État fédératif la seconde
chambre, dont a vu plus haut qu’il considère l’existence comme un élément
essentiel d’un véritable gouvernement représentatif.
Il n’échappe pas à Esmein que le caractère fondamentalement coutumier du
droit public anglais ne permet pas d’en faire, sous cette forme, l’assise unique
du régime juridique d’un empire colonial. Le cadre constitutionnel dans lequel
sont gouvernées des colonies de la Grande-Bretagne doit nécessairement être
en partie codifié25. Cette contrainte s’impose doublement si l’État colonial doit
revêtir une forme fédérative, puisque le fédéralisme implique un partage
suffisamment précis de la souveraineté entre au moins deux ordres de
collectivités étatiques. Relatant, à compter de la 3 e édition des Éléments,
l’émergence d’une fédération de colonies en Australie, Esmein observe qu’elle
se produit là de manière « plus pacifique encore » qu’au Canada26. Par cette
discrète allusion, il se révèle conscient de ce que la violence n’a pas été
étrangère à l’évolution constitutionnelle du Canada. Ainsi, la menace d’une
invasion américaine a précipité le rapprochement politique des colonies
britanniques de l’Amérique du nord à compter de 1864. Mais la Constitution de
1867 visait plus encore à sceller définitivement l’échec du soulèvement armé de
1837-1838 contre la domination britannique et pour l’instauration d’une
république. À l’époque d’Esmein, ce courant républicain était trop marginal pour
retenir l’attention d’un observateur éloigné. Cependant, comme on le verra plus
loin, il a subsisté et l’on redécouvre aujourd’hui la place de ce courant dans
l’histoire des idées politiques au Canada.
Esmein ne pouvait en revanche rester inattentif à la combinaison et à la
conciliation du fédéralisme et du gouvernement parlementaire. Il constate
d’ailleurs que le Canada a servi de banc d’essai en la matière 27. Le caractère
fédératif d’un État fournit une justification particulière à l’existence d’une
quelques différences notables entre les constitutions du Canada et des États-Unis, la principale
concernant l’attribution de la compétence législative résiduelle, point sur lequel la différence
entre les deux pays s’est confirmée… mais en sens inverse de ce que les textes laissaient
prévoir, par l’effet de l’interprétation judiciaire.
24
e
Albert Venn Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 10 éd.,
Macmillan, Londres, 1965, p. 139 et 166. Dicey nuance toutefois dans une note (p. 166) son
affirmation que la Constitution canadienne de 1867 est copiée “pour l’essentiel” de la
Constitution américaine : il convient avec ses contradicteurs canadiens que la présence
manifeste des institutions du gouvernement parlementaire justifie de considérer que, comme le
déclare son préambule, la Constitution du Canada est « fondée sur les mêmes principes que
celle du Royaume-Uni ». Il reconnaît également (p. 152) l’importance de la différence entre les
deux pays quant à la compétence législative résiduelle.
25
ÉDC, p. 567.
26
Ibid., p. 9.
27
Ibid., p. 12.
8
seconde chambre au sein du parlement fédéral : celle-ci permet alors la
représentation des entités fédérées28. La logique du fédéralisme, conçu comme
la réunion de collectivités dotées de leur propre souveraineté, voudrait que
cette représentation soit égalitaire, indépendante du poids démographique de
chacune des collectivités, ainsi qu’on peut l’observer aux États-Unis et en
Suisse. Sur ce point également, les conditions particulières d’émergence du
fédéralisme au Canada ont donné au Sénat fédéral une composition irrégulière,
qui a contribué à l’affaiblissement précoce de cette chambre dans le système
politique fédéral29. Cet arrangement pragmatique, auquel Esmein ne s’est pas
attardé, devient aujourd’hui un problème politique et constitutionnel majeur,
comme on le verra plus loin.
Si le bicaméralisme, cher à Esmein qui y voit une caractéristique du « droit
commun chez les peuples libres »30, s’impose particulièrement pour le
gouvernement représentatif d’une fédération, il reste souhaitable pour celui des
États fédérés; il sert alors à représenter la minorité possédante, à tempérer la
toute-puissance du Pouvoir législatif, à introduire un tiers modérateur entre
l’assemblée élue et le Pouvoir exécutif, et enfin à ménager un temps de
réflexion pondérée dans le processus législatif31. Aussi Esmein reprend-il
l’observation critique que contenait déjà son article de 1894 à propos des trois
provinces canadiennes ayant rompu « l’accord presque unanime des pays
civilisés » en supprimant la seconde chambre de leur parlement32. Rien
n’indiquait pourtant – et rien n’a indiqué par la suite – que cette « déviance »
par rapport aux modèles bicaméraux britannique, américain ou français
compromette le bon fonctionnement du gouvernement parlementaire ou en
infléchisse notablement la tendance générale favorable au renforcement du
Pouvoir exécutif.
1.2c) Le gouvernement parlementaire
Esmein consacre quelque 65 pages des Éléments à décrire le
fonctionnement et le développement du gouvernement parlementaire en
Angleterre, notant d’entrée de jeu que les colonies anglaises dotées d’un
28
Ibid., p. 120.
Ibid., p. 135 ; Esmein cite à propos de cet affaiblissement un auteur américain qui n’en
montre pas les causes. Non seulement les sénateurs canadiens ne sont-ils pas désignés par
les gouvernements des provinces ni élus par leurs parlements ou leurs habitants (ils sont
nommés par le Premier ministre fédéral), mais ils sont répartis par la Constitution en quatre
blocs égaux attribués chacun à une province ou un groupe « régional » de provinces, auxquels
s’ajoute une représentation particulière pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador et pour les
territoires fédéraux (Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 22). La représentation
égalitaire des provinces a été écartée en 1867 à la fois parce qu’elle avait été source de conflits
sous la Constitution « quasi unitaire » de 1840 et que le poids politique trop important des États
dans la Constitution américaine était considéré comme l’une des causes de la récente Guerre
de Sécession.
30
Ibid., p. 119.
31
Ibid., p. 121-126.
32
Ibid., p. 127. Esmein cite de nouveau Munro, son seul informateur canadien (précité, note 7,
p. 5), dont l’ouvrage de 1889 n’était plus à jour. Non seulement l’Ontario et la ColombieBritannique n’avaient plus eu de seconde chambre à compter de leur entrée dans la fédération,
en 1867 et 1871 respectivement, et le Manitoba avait-il supprimé la sienne en 1876, mais le
Nouveau Brunswick et l’Ile-du-Prince-Édouard avaient aboli les leurs en 1891 et 1893. À
l’époque des Éléments, ne subsistaient au Canada que les Conseils législatifs de la NouvelleÉcosse et du Québec, qui finiront par disparaître en 1928 et 1968. Quant à Terre-Neuve, la
seconde chambre y fut abolie en 1934, bien avant l’entrée de cette province dans la fédération.
29
9
Pierre Issalys
parlement le pratiquent aussi33. Observant plus loin qu’en Angleterre le
gouvernement parlementaire « échappe dans une large mesure à une
réglementation légale » et « vit d’usages, de traditions, de conventions »34, il
laisse supposer qu’il en va de même dans les dominions. Or, cette supposition
n’était déjà plus valable qu’en partie à son époque : la transposition dans les
dominions des institutions et des principes de la constitution anglaise a donné
lieu à la transformation de diverses règles conventionnelles en dispositions
constitutionnelles ou législatives. Esmein le constate parfois à propos de
l’Australie35. Le droit constitutionnel canadien lui en offrait une série d’exemples
à propos des diverses conventions et pratiques dont il expose le jeu et les
origines en Grande-Bretagne.
Certes, la Constitution canadienne de 1867 demeure silencieuse sur des
points essentiels, se bornant à renvoyer aux « principes » de la « constitution
du Royaume-Uni »36. Elle ne mentionne ni les premiers ministres du Canada ou
des provinces, ni le Cabinet fédéral, et ne consacre qu’une seule des règles qui
constituent l’assise du gouvernement parlementaire (l’obligation pour le
représentant de la Couronne d’exercer ses pouvoirs conformément à l’avis de
son conseil)37. Le principe du « gouvernement responsable », entré
définitivement dans la pratique constitutionnelle canadienne en 1848,
correspond à la troisième des règles essentielles du gouvernement
parlementaire énoncées par Esmein38. Bien qu’on puisse considérer qu’il fasse
partie des principes de la constitution du Royaume-Uni et soit donc visé par le
préambule de la Constitution de 186739, il est plutôt aujourd’hui rattaché au
« principe démocratique » non écrit qui sous-tend l’ordre constitutionnel40.
En revanche, certaines des conventions constitutionnelles et des règles de
procédure parlementaire dont Esmein décrit le fonctionnement en GrandeBretagne ont été exprimées au Canada par des dispositions constitutionnelles,
33
Ibid., p. 151. Esmein observe d’ailleurs plus loin (p. 251) que le gouvernement parlementaire
fonctionne régulièrement et sans difficulté au Canada.
34
Ibid., p. 158.
35
Ibid., p. 1014.
36
Ces termes, évidemment fort imprécis, du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867,
précitée, note 10, pouvaient passer, à l’époque d’Esmein, comme l’expression d’une filiation par
ailleurs manifeste. La jurisprudence leur reconnaît aujourd’hui des effets considérables, tout en
englobant ces « principes » fondateurs dans un ensemble plus large de principes implicites de
l’ordre constitutionnel canadien ; voir l’arrêt New Brunswick Broadcasting, [1993] 1 R.C.S. 319,
le Renvoi relatif à la rémunération des juges, [1997] 3 R.C.S. 3 et le Renvoi relatif à la
sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217.
37
Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 13 et 66. L’art. 63, aujourd’hui inopérant,
énumérait les titres de certains ministres devant faire partie du Conseil exécutif, dans les cas de
l’Ontario et du Québec, mais ne mentionnait pas le premier ministre. Quant au Conseil privé
institué au niveau fédéral par l’art. 11, rien n’est précisé quant à sa composition.
38
ÉDC, p. 152 et 155. Le principe du gouvernement responsable exige que les ministres
chargés de diriger l’action du Pouvoir exécutif conservent, collectivement et individuellement, à
tout moment la confiance de la chambre élective du parlement, et soient donc responsables
devant elle de leurs décisions et choix d’orientations. Sa mise en œuvre dans les colonies nordaméricaines à compter de 1848 a marqué un tournant dans la politique coloniale de la GrandeBretagne. Comme le signale Esmein (ÉDC, p. 9), le principe a été progressivement mis en
œuvre, en pratique plutôt que par des textes, dans les colonies australiennes à compter de
1855, dans le cadre prévu par l’Australian Colonies Government Act 1850, 13-14 Vict., c. 59 (en
ligne : http://foundingdocs.gov.au). Voir : Christian Blais, « Brève histoire du gouvernement
responsable », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, n° 2 (2014), p. 111-138.
39
Renvoi : Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753, p. 807.
40
Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité, note 36, p. 254-255.
10
dès 1840. C’est le cas de la convention réservant au gouvernement l’initiative
des projets de loi prévoyant une dépense de fonds publics41 et de la règle
exigeant que ces projets de loi, de même que les projets de loi fiscale, soient
présentés en premier lieu à la chambre élective 42. Quant au principe
d’autorisation du budget, corollaire du principe du consentement à l’impôt
consacré par le Bill of Rights de 1689, il a fait l’objet au Canada d’une
disposition constitutionnelle à partir de 184043. En revanche, la thèse selon
laquelle la chambre haute ne peut modifier les projets de loi de finances
adoptés par la chambre basse est restée depuis 1867 au Canada ce qu’elle
était encore en Grande-Bretagne au temps d’Esmein : une revendication de la
Chambre des communes, à laquelle la chambre haute n’a pas formellement
acquiescé44.
En faisant remarquer qu’à l’occasion de leur diffusion dans l’Empire
britannique, les règles du gouvernement parlementaire changeaient de forme,
Esmein a donc vu juste. Faute d’avoir pu analyser en détail la conversion,
encore récente, de certaines de ces règles coutumières en dispositions
constitutionnelles, il n’a pas été en mesure de décrire ou de prévoir les effets de
cette conversion. Le cas canadien laisse penser que cette conversion n’a pas
toujours eu un effet négatif complet : l’arrière-plan coutumier subsiste, même
une fois codifié le contenu essentiel de la règle.
1.2d) L’appartenance à l’Empire
Au tournant du XXe siècle au Canada, cette persistance de règles
coutumières anglaises, au-delà et autour des textes constitutionnels coloniaux,
manifestait l’attachement à l’Empire. Cet attachement des populations se
doublait d’un rattachement juridique au moyen de liens très explicites
qu’Esmein n’a pas manqué de mettre et lumière et de commenter, et cela dès
la première édition des Éléments.
Ainsi, il souligne d’emblée, en citant l’ouvrage de Munro, le fait que les lois
canadiennes sont alors soumises à une exigence de compatibilité avec les lois
anglaises applicables aux colonies45. Il va jusqu’à écrire que les parlements des
dominions ne peuvent légiférer « contrairement aux principes essentiels des
lois anglaises », propos imprécis et donc excessif. En fait, cette matière était
régie depuis 1865 par une loi impériale dont, curieusement, Esmein ne fait
41
Acte d’Union, 1840, 3-4 Vict. C. 35, L.R.C. (1985), App.II, n° 4 (en ligne :
www.axl.cefan.ulaval.ca), art. 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 54
(fédération) et 90 (provinces) ; ÉDC, p. 156 et 215.
42
Acte d’Union, 1840, art. 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 53 (fédération) et 90
(provinces) ; ÉDC, p. 173.
43
Acte d’Union, 1840, art. 50 et 57 ; Loi constitutionnelle de 1867, art. 102, 106 (fédération) et
126 (provinces); ces dispositions confirment le pouvoir exclusif, longtemps contesté, des divers
parlements de statuer sur l’affectation d’un fonds consolidé, institué pour chaque colonie sur le
modèle de celui créé en Grande-Bretagne en 1787 et régi par le Consolidated Fund Act 1816,
56 Geo.III c. 98 et l’Exchequer and Audit Departments Act 1866, 29-30 Vict. c. 39. Ces textes
britanniques ne reconnaissent qu’implicitement le pouvoir d’affectation de ce fonds par le
Parlement. Ces lois, de même que les autres lois des Parlements anglais et britannique cités
dans la suite de la présente étude sont accessibles en ligne : www.legislation.gov.uk.
44
Règlement de la Chambre des communes du Canada, art. 80(1) (en ligne : www.parl.gc.ca/
About/ House/ StandingOrders) ; voir Robert Marleau et Camille Montpetit, La procédure et les
usages de la Chambre des communes, Chenelière/McGraw Hill, Montréal, 2000, p. 713-714.
45
ère
e
ÉDC, 1 éd., 1896, p. 421 ; 6 éd., 1914, p. 594.
11
Pierre Issalys
aucune mention : le Colonial Laws Validity Act46. Ce texte établissait
précisément l’étendue de l’autonomie des pouvoirs législatifs coloniaux. Il
énonçait d’abord qu’une loi du parlement impérial postérieure à la réception du
droit anglais dans une colonie ne s’appliquerait à cette colonie que si celle-ci y
était expressément visée, ou du moins lorsque les termes de la loi obligeaient à
conclure en ce sens. En cas d’incompatibilité entre une telle loi impériale et une
disposition d’une loi coloniale, cette disposition serait privée d’effet. En
revanche, les législateurs des colonies ayant reçu la Common Law du fait d’un
peuplement d’origine britannique se voyaient reconnaître toute liberté, comme
le Parlement impérial lui-même, de légiférer à l’encontre des règles de la
Common Law. Le Parlement impérial conservait donc une compétence
législative à l’égard des colonies, y compris celles qu’il avait lui-même dotées
d’un parlement investi de larges compétences47. Cet état de choses s’est
maintenu jusqu’en 193148. Cette souveraineté éminente conservée par le
Parlement impérial comportait une compétence permanente à titre de
constituant originaire à l’égard des colonies. La compétence juridictionnelle à
l’égard des contestations nées de l’application de cette « législation
constitutionnelle », comme de l’application de toute autre loi du parlement
impérial, appartenait au Pouvoir judiciaire. Les tribunaux coloniaux étaient ainsi
appelés à exercer un contrôle de constitutionnalité des lois coloniales. Or,
comme l’explique Esmein, le droit métropolitain reconnaissait aux justiciables
des colonies le droit de recourir, en dernier ressort, à une juridiction impériale ;
celle-ci devenait de ce fait l’arbitre ultime du contentieux constitutionnel dans
les colonies49. Comme on pouvait s’y attendre, les propos d’Esmein à propos
du contrôle de constitutionnalité des lois trahissent une certaine perplexité,
puisque l’existence d’un tel contrôle est alors jugée incompatible avec la
souveraineté nationale en France et avec celle du Parlement en GrandeBretagne même, tandis qu’elle répond parfaitement à l’idée de suprématie de la
Constitution aux États-Unis. Tel qu’il se présente à l’époque d’Esmein, le cas
canadien permet de faire droit, pour une part, à chacune des deux
conceptions… La lecture des Éléments de droit constitutionnel français et
comparé offrait donc à un juriste canadien l’accès à un vaste réservoir de
connaissances, à propos notamment du droit public anglais, lui permettant de
situer son droit national dans la constellation des « droits des peuples libres ».
Cette possibilité semble ne pas s’être matérialisée. Il convient maintenant de le
constater et de tenter de l’expliquer.
2. Le désintérêt des juristes canadiens pour l’œuvre d’Esmein
La diffusion et la réception du livre d’Adhémar Esmein au Canada se heurtait
évidemment dès le départ à un obstacle linguistique. Publié uniquement en
46
28-29 Vict. c. 63. Voir sur cette loi Kenneth Wheare, The Constitutional Structure of the
Commonwealth, Clarendon Press, Oxford, 1960, p. 58-88.
47
Par exemple, le parlement fédéral canadien, investi du pouvoir de légiférer pour « la paix,
l’ordre et le bon gouvernement » du Canada : Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10,
art. 91.
48
Statut de Westminster de 1931, 22 Geo. V c. 4 ; L.R.C. (1985) App. II n° 27, art. 2 à 4.
49
ÉDC, p. 591 et s. Ainsi, c’est cette instance, le Comité judiciaire du Conseil privé, qui a rendu
les arrêts cités aux notes 19 et 20. Voir au sujet du Comité : Luc Huppé, Histoire des institutions
judiciaires du Canada, Wilson & Lafleur, Montréal, 2007, p. 332-337, 424-427, 501-505, 515516, 521-524.
12
français à destination d’un lectorat essentiellement français, il n’était accessible,
au Canada anglophone, qu’à une petite élite cultivée parmi les professionnels
du droit ou les universitaires intéressés par la science politique. Cet obstacle
était par contre levé dans le cas du Québec, où l’ensemble des juristes, y
compris la plupart des juristes anglophones, constituait un bassin potentiel de
lecteurs. Mais les véritables difficultés auxquelles se heurtait la diffusion du livre
étaient avant tout d’ordre idéologique : la réception d’un tel ouvrage, œuvre
d’un tel auteur, était entravée par l’incidence des deux grands débats de
l’époque au Canada, et particulièrement au Canada francophone :
l’affrontement entre nationalisme canadien et impérialisme britannique et la
question du rôle de l’Église catholique dans la société. Avant de montrer
comment l’incidence de ces deux grands débats a fait largement échouer la
rencontre des cultures juridiques à laquelle conviaient les Éléments, il est
nécessaire de faire le point sur l’accessibilité matérielle de ce livre pour les
juristes canadiens de l’époque.
2.1 La présence de l’œuvre d’Esmein au Canada
Faute d’avoir pu étudier le catalogue des librairies juridiques canadiennes à
l’époque de la parution des éditions successives des Éléments, ce qui nous
aurait donné un indice de la diffusion du livre dans le milieu des professionnels
du droit, nous avons relevé la présence actuelle de ces diverses éditions dans
les collections des grandes bibliothèques juridiques, administratives et
publiques au Canada et au Québec. Nous avons présumé que ces
bibliothèques avaient toutes comme politique de conserver pour un même titre,
le cas échéant, les différentes éditions dont elles avaient acquis un
exemplaire50.
Ce recensement révèle que 17 bibliothèques se partagent les 23
exemplaires des Éléments disponibles au Canada. Sept d’entre elles
desservent un public québécois51; le public de huit autres se trouve dans les
provinces de Common Law; les deux dernières sont celles d’institutions
fédérales situées à Ottawa52. Sous le rapport de la diffusion géographique, il
semble que la réception de cet ouvrage d’un auteur français ait touché
également les publics francophone et anglophone. Ce constat se confirme si
l’on considère le nombre d’exemplaires : 11 se trouvent au Québec, 10 au
Canada anglophone et deux dans les bibliothèques fédérales.
Si l’on tient compte de la date d’édition, il est manifeste que la réception de
l’ouvrage a été tardive : des 23 exemplaires, 15 appartiennent aux éditions
posthumes revues par Henry Nézard, la 7e (1921) et la 8e (1927-1928),
auxquels on peut ajouter un exemplaire de la 6 e (1914, revue dans une mesure
moins substantielle par Joseph Barthélemy) et deux exemplaires de la 6 e
édition réimprimée en 2001. Ne restent donc que cinq exemplaires appartenant
aux premières éditions des Éléments, acquis vraisemblablement avant 1914.
50
Supposition peut-être hasardeuse, car de fait cinq seulement des 17 bibliothèques ayant les
Éléments à leur catalogue en possèdent plus d’une édition.
51
Ce groupe comprend, outre les bibliothèques situées au Québec, celle de l’Université
d’Ottawa (Ontario), dont la Faculté de droit comprend une section francophone où est enseigné
le droit du Québec.
52
Il s’agit de la Cour suprême du Canada et du ministère fédéral des Affaires étrangères et du
Commerce international.
13
Pierre Issalys
Aucun de ces exemplaires n’appartient à la 1e édition, intitulée on s’en
souviendra Éléments de droit constitutionnel français.
De ces cinq exemplaires des premières éditions des Éléments de droit
constitutionnel français et comparé, quatre ont été acquis par des universités
anglophones. L’Université McGill (Montréal) possède les 2e et 5e éditions (1899
et 1909), l’Université Dalhousie (Halifax) la 2e et l’Université de l’Alberta
(Edmonton) la 5e. Parmi les bibliothèques francophones, seule celle de
l’Université Laval à Montréal (aujourd’hui Université de Montréal) a acquis la 4 e
édition (1906). Il est révélateur de constater que dans le catalogue de ces trois
bibliothèques anglophones, l’ouvrage est d’abord classé sous la rubrique du
droit constitutionnel anglais, et ensuite comme ouvrage de droit français. On
peut donc estimer que c’est d’abord à titre d’ouvrage de droit comparé, et pour
la richesse et l’originalité de sa présentation du droit constitutionnel anglais, que
ces établissements anglophones ont acquis le livre d’Esmein. Quant aux 15
exemplaires acquis plus tardivement, il n’a pas été possible de préciser la date
de leur acquisition. Il n’est pas invraisemblable de croire qu’elle se situe le plus
souvent dans les années 1920, à une époque où le droit constitutionnel français
était devenu celui d’une grande puissance victorieuse, dont le Canada était
l’allié : une bibliothèque juridique respectable ne pouvait plus ignorer l’ouvrage
canonique sur ce sujet.
Ces données n’ont bien sûr qu’une valeur probante assez limitée. Elles
laissent néanmoins supposer une visibilité particulièrement faible des Éléments
dans le milieu juridique francophone avant la Première Guerre mondiale53. Un
retour sur les grands débats de cette époque permet peut-être d’expliquer ce
constat.
2.2 L’œuvre d’Esmein, entre nationalisme et impérialisme
Esmein, on l’a vu, qualifiait le dominion du Canada de « république »
fédérative, sans doute parce qu’il estimait que la souveraineté réelle, dans ce
rameau de la monarchie britannique, appartenait à la collectivité de ses
habitants. Il n’était ni le premier ni le dernier à faire ainsi une lecture
« républicaine » de la monarchie constitutionnelle à l’anglaise54. Néanmoins, à
l’époque, cette analyse se heurtait à la souveraineté éminente du législateur
impérial, confirmée par les termes du Colonial Laws Validity Act de 186555.
Esmein se plaçait ainsi entre l’arbre et l’écorce : dans le vif débat entre les
tenants du nationalisme politique et juridique canadien et les partisans du
renouveau impérialiste en Grande-Bretagne et dans les dominions, son propos,
s’il était passé un peu moins inaperçu, aurait fait réagir de part et d’autre.
Ce propos d’Esmein s’inscrit parfaitement, par ailleurs, dans la démarche
comparative et synthétique dont rend compte la première partie des Éléments,
puisque cette démarche tend à dégager le socle commun des régimes
53
Les juristes francophones, ou du moins certains d’entre eux, avaient vraisemblablement
accès à la bibliothèque juridique de l’Université McGill.
54
Walter Bagehot, The English Constitution (1867), Oxford University Press, Londres, 1968,
coll. The World’s Classics, p. 44 : « A Republic has insinuated itself under the folds of a
Monarchy » ; David Smith, The Republican Option in Canada, Past and Present, University of
Toronto Press, Toronto, 1999, p. 18 : « [I]n spite of appearances, constitutional monarchy is
popular government, and since a republic is government based on popular will, constitutional
monarchies are republics under another name ».
55
Peter Oliver, The Constitution of Independence. The Development of Constitutional Theory in
Australia, Canada and New Zealand, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 38-45.
14
constitutionnels de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis et donc
à gommer les différences entre eux. Esmein n’aurait sans doute, à cet égard,
aucune hésitation à se rallier au courant actuel de l’historiographie canadienne
et québécoise, qui a remis en évidence l’appartenance du Canada et du
Québec à un « espace politique nord-atlantique » formé à partir de la seconde
moitié du XVIIIe siècle autour des trois pôles britannique, français et
étatsunien56. Ce rattachement à un circuit transatlantique d’influences croisées
conduit à réinterpréter le thème central de l’histoire des idées politiques au
Canada. Ce thème avait jusqu’ici été décrit comme l’opposition entre un courant
libéral, dédoublé plus récemment par un courant social-démocrate, et un
courant conservateur, encore proche à certains égards de la première
modernité. C’est aujourd’hui, cependant, l’opposition entre un courant libéralconservateur, dominant voire hégémonique, et un courant républicain, marginal
par moments, qui est mise en évidence57. La définition de la liberté représente
l’une des lignes de partage entre ces deux courants. La pensée républicaine
place au cœur de la liberté la participation active du sujet politique à l’exercice
de la souveraineté collective. Or, un républicain, dans l’espace politique
canadien, sera enclin à considérer que « [p]ar ses rites, ses symboles, ses
pratiques et ses concepts dérivés de la féodalité anglaise, [la] monarchie
empêche […] le peuple […] de se penser comme souverain »58.
Au tournant du XXe siècle, ce courant occupe cependant une place très
marginale dans le discours public, pour des raisons différentes dans chacune
des deux communautés linguistiques.
Dans la communauté anglophone domine un fort sentiment d’appartenance à
la « britannicité », impliquant un loyalisme ostentatoire à l’endroit de la
monarchie et une adhésion à une représentation très positive du droit anglais.
Nourri par l’allégeance émotive à la personne de la reine Victoria, ce sentiment
conduit à concevoir le destin et la réalité du Canada comme la reproduction à
56
Peter Smith, « The Ideological Origins of Canadian Confederation », Revue canadienne de
science politique, vol. 20, n° 1 (1987), p. 3-29 ; Ian McKay, « The Liberal Order Framework: A
Prospectus for the Reconnaissance of Canadian History », Canadian Historical Review, vol. 81,
n° 4 (2000), p. 617-645 ; Linda Cardinal, « Le Québec et le monde atlantique », Bulletin
d’histoire politique, vol. 17, n° 3 (2009), p. 17-28 ; Marc Chevrier, « La République de nulle part.
Entre anti-républicanisme et pétromonarchie », L’action nationale, vol. 102, n° 4 (2012), p. 112134.
57
Louis-Georges Harvey, « The First Distinct Society : French Canada, America and the
Constitution of 1791 », p. 125-146 dans : Janet Ajzenstat (dir.), Canadian Constitutionalism
1791-1991, Canadian Study of Parliament Group, Ottawa, 1991 ; Janet Ajzenstat et Peter
Smith, « Liberal-Republicanism : the Revisionist Picture of Canada’s Founding », p. 1-18 dans :
Janet Ajzenstat et Peter Smith (dir.), Canada’s Origins: Liberal, Tory or Republican?, Carleton
University Press, Ottawa, 1997 ; Louis-Georges Harvey, Le Printemps de l’Amérique française.
Américanité, anticolonialisme et républicanisme dans le discours politique québécois, 18051837, Boréal, Montréal, 2005 ; Elsbeth Heaman, « Rights Talk and the Liberal Order
Framework », p. 147-175 dans : Jean-François Constant et Michel Ducharme (dir.), Liberalism
and Hegemony. Debating the Canadian Liberal Revolution, University of Toronto Press,
Toronto, 2009 ; Michel Ducharme, Le concept de liberté au Canada à l’époque des révolutions
atlantiques, 1776-1838, McGill/Queen’s University Press, Montréal/Kingston, 2010 ; CharlesPhilippe Courtois et Julie Guyot (dir.), La culture des Patriotes, Septentrion, Québec, 2012 ;
Marc Chevrier, Louis-Georges Harvey et al., De la république en Amérique française,
Septentrion, Québec, 2013.
58
Marc Chevrier, « Un républicain dans le siècle. André Laurendeau et l’idéal de la
e
république », Cahiers d’histoire du Québec au XX siècle, n° 10 (2000), p. 55-62, à la p. 61.
15
Pierre Issalys
l’identique du modèle institutionnel de la Grande-Bretagne59. À la limite, il
conduit à affirmer que le Canada n’a d’autre constitution que celle de la
Grande-Bretagne, l’Acte de l’Amérique du nord britannique n’apportant à celleci que des retouches sur des points de détail60. Tantôt c’est le versant libéral de
cette tradition constitutionnelle qui est mis en valeur – celui que, de son côté,
Esmein appréciait particulièrement – : le souci de la liberté et de la propriété
individuelles et le respect d’un ensemble de libertés fondamentales61. Tantôt
l’éloge se porte sur le versant conservateur : le caractère coutumier de l’ordre
juridique et politique, la sensibilité à une vision organique de la société 62. Dans
les deux cas, par ailleurs, on se complait à mettre en évidence la valeur
civilisationnelle du droit anglais et son esprit de tolérance – manifesté
notamment par la survie des institutions juridiques propres au Québec. Cette
culture juridique dominante se prête donc très bien à la promotion de
l’impérialisme britannique63. Celui-ci est perçu non pas comme une menace
pour la spécificité canadienne, mais plutôt comme la projection des valeurs
centrales de la culture juridique du pays.
Le mouvement en faveur de l’instauration d’une structure fédérative pour le
gouvernement de l’Empire britannique connaît donc un certain succès au
Canada anglophone64. Aux yeux de plusieurs, l’adoption du fédéralisme dans la
Constitution canadienne de 1867 apparaît comme la préfiguration et la première
étape d’un processus qui a vocation à englober à la fois les dominions et la
métropole65. Un tel projet se heurte d’emblée à des questions délicates : le
caractère égalitaire ou non des relations des dominions avec la métropole dans
le cadre de cette fédération impériale, ainsi que les modalités de participation
des entités fédérées aux instances communes.
En revanche, certains juristes anglophones, sans remettre en question
l’appartenance du Canada à l’Empire, regimbent devant la subordination dans
laquelle le droit canadien se trouve placé par rapport aux institutions
métropolitaines. Non seulement la Constitution du pays demeure-t-elle
formellement une loi du parlement impérial, qui pourrait en principe la modifier à
tout moment sur proposition du gouvernement impérial, mais encore
l’interprétation de cette Constitution, comme celles des lois fédérales ou
provinciales, relève-t-elle en dernier ressort d’une juridiction impériale 66. Bref,
59
David Murray, « Law and British Culture in the Creation of British North America », p. 64-75
dans : Phillip Buckner et Douglas Francis (dir.), Canada and the British World : Culture,
Migration, and Identity, University of British Columbia Press, Vancouver, 2006, p. 67.
60
Peter Price, « Fashioning a Constitutional Narrative : John S. Ewart and the Development of
a “Canadian Constitution », Canadian Historical Review, vol. 93, n° 3 (2012), p. 359-381, à la p.
370.
61
Sylvie Lacombe, La rencontre de deux peuples élus. Comparaison des ambitions nationale et
impériale au Canada entre 1896 et 1920, Presses de l’Université Laval, Québec, 2002, p. 67.
62
John Farthing, Freedom Wears a Crown, Kingswood House, Toronto, 1957.
63
Richard C. B. Risk, « A. H. F. Lefroy : Common Law Thought in Late-Nineteenth-Century
Canada. On Burying One’s Grandfather », University of Toronto Law Journal, vol. 41, n° 3
(1991), p. 307-331, à la p. 318.
64
Sylvie Lacombe, précitée, note 61, p. 26, 67. Esmein évoque ce mouvement : ÉDC, p. 14-17.
65
Peter Price, précité, note 60, p. 371.
66
Ce n’est toutefois que dans les années 1930 que des juristes anglo-canadiens aux idées
encore hétérodoxes, favorables à l’extension des compétences législatives fédérales,
développeront une critique virulente de la jurisprudence constitutionnelle du Comité judiciaire du
Conseil privé : Philip Girard, « British Justice, English Law, and Canadian Legal Culture », p.
259-277 dans : Phillip Buckner (dir.), Canada and the British Empire, Oxford University Press,
Oxford, 2008, p. 272-273.
16
l’ordre juridique canadien n’apparaît pas comme véritablement autochtone 67.
L’insatisfaction devant ce constat amène un très petit nombre de juristes anglocanadiens à souhaiter l’adoption, avec la participation du peuple, d’une
constitution canadienne d’esprit républicain68.
Les juristes canadiens francophones de l’époque partagent en général le
sentiment d’autosatisfaction de leurs homologues anglophones : un auteur
comme Pierre-Basile Mignault peut écrire : « La constitution anglaise est la
nôtre et nous ne pouvons songer à en changer. C’est à nous d’en tirer tout le
parti possible et d’en faire un instrument pour le plus grand bien de notre
pays. »69 Les francophones estiment en effet que le système fédératif instauré
en 1867, s’il a échoué à garantir l’égalité des deux « peuples fondateurs » dans
l’ensemble de la fédération, assure au moins la préservation, au Québec, de la
langue, de la religion et des institutions propres aux Canadiens-français. Dans
ce contexte, la déférence envers la monarchie et l’attachement au
gouvernement parlementaire peuvent coexister avec l’aspiration au
parachèvement de l’autonomie du Canada au sein de l’Empire70.
Certes, le Canada francophone a connu, au milieu du XIX e siècle, un
puissant courant républicain71. Mais à l’époque d’Esmein, ce courant est très
affaibli et ses adhérents se dispersent en fonction du clivage alors émergent,
qui oppose les tenants du nationalisme canadien-français et les partisans, plus
nombreux, d’un nationalisme pancanadien72. De part et d’autre de ce clivage, la
IIIe République peut constituer pour certains une référence, notamment en
raison de sa politique sociale; mais l’instabilité gouvernementale qui lui est
associée nuit à son image73.
L’attitude des Canadiens-français de l’époque à l’égard de l’Empire
britannique se caractérise par l’ambiguïté74. La vision impérialiste du monde,
qui domine alors dans l’opinion publique des pays développés, colore cette
attitude : le Canada français poursuit sa propre « mission civilisatrice »,
notamment par son prosélytisme religieux, dans le cadre de celle de l’Empire 75.
Le sentiment anti-impérialiste est donc en reflux. Se développe plutôt, à travers
la pensée et l’action d’Henri Bourassa, une position de synthèse combinant
libéralisme politique, conservatisme social, nationalisme pancanadien, anti67
Ibid., p. 362-364, 372.
Wade Henry, « Severing the Imperial Tie? Republicanism and British Identity in English
Canada, 1864-1917”, p. 177-186 dans : Colin Coates (dir.), Imperial Canada 1867-1917, Centre
of Canadian Studies, Edimbourg, 1997.
69
Pierre-Basile Mignault, Manuel de droit parlementaire, Périard, Montréal, 1889, p. 32.
70
Damien-Claude Bélanger, « Thomas Chapais, loyaliste », Revue d’histoire de l’Amérique
française, vol. 65, n° 4 (2012), p. 439-472.
71
Marc Chevrier, La République québécoise. Hommage à une idée suspecte, Boréal, Montréal,
2012, p. 27-30 ; Charles-Philippe Courtois, « Nation et république chez les Patriotes », p. 85118 dans : Charles-Philippe Courtois et Julie Guyot (dir.), précités, note 57, aux p. 87-88 ; Yvan
Lamonde et Jonathan Livernois, Papineau. Erreur sur la personne, Boréal, Montréal, 2012.
72
e
Charles-Philippe Courtois, « Le républicanisme au Québec au début du XX siècle : les cas
de figure de Wilfrid Gascon, Olivar Asselin et Ève Circé-Côté », Bulletin d’histoire politique, vol.
17, n° 3 (2009), p. 93-119, aux p. 99-100.
73
Un auteur conservateur tel que Mignault insiste lourdement sur cette instabilité, qu’il associe
à l’influence grandissante du socialisme : Pierre-Basile Mignault, précité, note 69, p. 350, 413.
74
Colin Coates, « French Canadian’s Ambivalence to the British Empire », p. 181-199 dans :
Phillip Buckner (dir.), précité, note 66.
75
Arthur Silver, The French-Canadian Idea of Confederation 1864-1900, University of Toronto
Press, Toronto, 1981, p. 224.
68
17
Pierre Issalys
impérialisme et loyalisme monarchique76. Cette position politique se développe
précisément au fil des années pendant lesquelles Esmein rédige et révise ses
Éléments; elle ne survivra pas à la crise des relations entre anglophones et
francophones à propos de la participation du pays à la Première Guerre
mondiale77. Une adhésion partagée aux principes du gouvernement
parlementaire n’aura pas suffi à faire entrer en résonance ce moment assez
singulier de l’histoire des idées politiques au Canada et la théorie du
gouvernement républicain à la française. L’obstacle majeur à un tel dialogue se
situait dans la question des rapports entre l’Église et l’État.
2.3 L’œuvre d’Esmein, l’Église et l’État
Sur le terrain des rapports entre l’Église et l’État, les Éléments d’Esmein,
fermement engagés dans la justification idéologique de la Constitution française
de 1875, pouvaient être perçus au Canada comme une œuvre de combat plutôt
que de simple conviction78. Cela non pas tant en raison du caractère de
l’ouvrage lui-même, qui s’en tient à une démonstration historique de la logique
interne du gouvernement parlementaire, mais en raison de la configuration des
rapports entre l’Église catholique et l’État au Canada à cette époque. Une fois
de plus, le destin d’un livre aura dépendu bien moins du sens que son auteur
avait voulu y mettre que des significations que certains lecteurs auront été
prédisposés à y trouver!
Pourtant, les Éléments, jusqu’à leur 5e édition en 1909, n’abordent guère la
question des rapports entre l’Église et l’État. Même aujourd’hui, en tenant
compte de la longue analyse justificative de la législation de la IIIe République
en ce domaine, ajoutée par Esmein cette année-là79, la position générale de
l’auteur sur le sujet fait l’objet d’appréciations diverses et nuancées. Si ses
convictions républicaines ne font pas de doute, et que la description « légiste de
la République »80 résume bien son rôle et son influence dans les milieux
politique et universitaire, et même au-delà, on leur accole une variété étonnante
de qualificatifs. Leur registre s’étend de « laïc agnostique »81 à « catholique
républicain »82, en passant par « libre penseur, pas militant, plutôt
tolérant »83, républicain détestant « l’esprit de secte »84, « libre penseur non
76
Sylvie Lacombe, précitée, note 61, p. 65-77.
Sur cette période, voir : Réal Bélanger, « L’élite politique canadienne-française et l’Empire
britannique : trois reflets représentatifs des perceptions canadiennes-françaises (1890-1917) »,
p. 122-140 dans : Colin Coates (dir.), précité, note 68.
78
Jean-Louis Halpérin, « Adhémar Esmein et les ambitions de l’histoire du droit », Revue
historique de droit français et étranger, vol. 75, n° 3 (1997), p. 415-433, évoque à propos de
l’ensemble des travaux d’Esmein une « œuvre de conviction, sinon de combat ».
79
Cette adjonction figure dans les ÉDC, p. 1161-1209.
80
Stéphane Pinon, « Regard critique sur les leçons d’un « maître » du droit constitutionnel »,
Revue du droit public, vol. 123, n° 1 (2007), p. 193-229, à la p. 200 ; l’emploi du mot « légiste »
se fait plus insistant encore dans le titre de l’article de Guillaume Sacriste, « Adhémar Esmein
en son époque. Un légiste au service de la République », p. 9-44 dans : Stéphane Pinon et
Pierre-Henri Prélot (dir.), Le droit constitutionnel d’Adhémar Esmein, Montchrestien, Paris,
2004.
81
Guillaume Sacriste, précité, note 80, p. 27 et Guillaume Sacriste, La République des
constitutionnalistes, Presses de Sciences po, Paris, 2011, p. 360.
82
e
Dominique Chagnollaud, avant-propos à la réimpression des ÉDC, précitée, note 4, 6 page.
83
Jean-Claude Colliard, « Portrait d’Adhémar Esmein », p. 3-8 dans : Stéphane Pinon et PierreHenri Prélot (dir.), précités, note 80, p. 6.
84
Jean-Louis Halpérin, précité, note 78, p. 416.
77
18
hostile à la religion catholique »85 et « catholique et défenseur de l’État
laïque »86. À ces appréciations relatives à la question religieuse s’ajoutent
celles qui concernent l’ensemble de sa démarche intellectuelle : « esprit
universel »87, mais aussi, un temps, acteur « universel » par son
omniprésence88, affecté d’« anglomanie »89, enfin « le contraire d’un juriste
inquiet »90. Cette image un peu floue, qu’Esmein lui-même a contribué à
susciter en se décrivant simplement lui-même comme un « esprit libre » et un
« bon citoyen »91 est peut-être, en définitive, parfaitement accordée au
pragmatisme qui a présidé à la naissance de la IIIe République92.
Un tel pragmatisme n’avait à priori rien qui puisse desservir les Éléments aux
yeux d’éventuels lecteurs canadiens. On peut même penser que des lecteurs
anglophones ont pu y voir un aspect attrayant de l’ouvrage, lié à la présentation
positive qu’il fait de la constitution anglaise. En revanche, la justification du
régime républicain, et plus encore, dans les dernières éditions des Éléments, la
justification des lois de la IIIe République en matière religieuse, ne pouvaient en
général susciter qu’indifférence ou hostilité, particulièrement chez les juristes
francophones.
Les rapports entre l’Église catholique et l’État colonial canadien, d’abord
problématiques du fait de l’existence d’églises d’État en Angleterre et en
Écosse, ont progressivement pris la forme d’une complicité, le pouvoir civil et le
pouvoir ecclésiastique ayant trouvé avantage à se soutenir réciproquement 93.
Ce rapport de complicité s’est intensifié à compter des années 1840. L’échec
du soulèvement antibritannique de 1837-1838, puis la mise en minorité des
francophones dans l’espace politique, ont placé l’Église catholique en situation
d’acteur social prééminent au sein de cette minorité. L’appui de l’Église a
notamment facilité la mise en place de la Constitution de 1867. L’adhésion des
juristes et des milieux d’affaires francophones au libéralisme, dans le dernier
quart du XIXe siècle, n’a pas menacé l’emprise de l’Église sur la société
canadienne-française, car ce libéralisme s’identifiait au modèle britannique,
devenu tolérant à l’endroit du catholicisme, et non au libéralisme des pays
latins, fréquemment associé à l’anticléricalisme94. Au contraire, les libéraux les
plus classiques et les catholiques les plus intransigeants ont trouvé un point de
85
Guillaume Sacriste (2011), précité, note 81, p. 221.
Jean-Louis Halpérin, v° « Esmein », p. 311 dans : Patrick Arabeyre, Jean-Louis Halpérin et
Jacques Krynen (dir.), Dictionnaire historique des juristes français, Presses universitaires de
France, Paris, 2007.
87
Stéphane Pinon, précité, note 80, p. 196.
88
Guillaume Sacriste, « Droit, histoire et politique en 1900. Sur quelques implications politiques
e
de la méthode du droit constitutionnel à la fin du XIX siècle », Revue d’histoire des sciences
humaines, vol. 4 (2001), p. 69-94, p. 87.
89
Armel LeDivellec, « Adhémar Esmein et les théories du gouvernement parlementaire », p.
149-182 dans : Stéphane Pinon et Pierre-Henri Prélot, précités, note 80, à p. 154.
90
Stéphane Pinon, précité, note 80, p. 203.
91
Adhémar Esmein, « La loi sur la séparation et l’encyclique « Gravissimo » », Revue politique
et parlementaire, vol. 50, n° 1 (1906), p. 31-49, à la p. 49.
92
Frédéric Saulnier, « Opportunisme, positivisme et parlementarisme à l’anglaise au début de
e
la III République », Revue française d’histoire des idées politiques, n° 12 (2000), p. 308-325.
93
Yvan Lamonde, Allégeances et dépendances. L’histoire d’une ambivalence identitaire, Nota
Bene, Québec, 2001, p. 148.
94
e
Sylvio Normand, « Les juristes et le libéralisme au tournant du XX siècle », p. 213-229 dans :
e
Yvan Lamonde (dir.), Combats libéraux au tournant du XX siècle, Fides, Montréal, 1995 ;
Fernande Roy, Progrès, harmonie, liberté : le libéralisme des milieux d’affaires francophones de
Montréal au tournant du siècle, Boréal, Montréal, 1988.
86
19
Pierre Issalys
parfaite convergence dans l’antiétatisme95. L’école comme l’usine devaient
rester à l’abri de l’ingérence étatique. Libre entreprise et conservatisme clérical
ont ainsi pu asseoir de concert une hégémonie durable dans l’espace social et
politique québécois96.
Dans cette combinaison idéologique se manifestait, comme au sein d’autres
populations catholiques, l’influence des préoccupations et des objectifs du
courant ultramontain au sein de l’Église 97. Cette tradition ultramontaine, diffusée
notamment par les manuels scolaires de l’époque, diabolisait la Révolution
française et, par extension, toute forme républicaine de gouvernement 98.
Suspecte à priori, la IIIe République fit l’objet d’un déchainement d’hostilité à
compter de l’adoption des lois scolaires de Jules Ferry 99. La France
contemporaine fut regardée comme une terre de persécution; d’ailleurs, le
Canada français accueillit entre 1880 et 1914 plusieurs milliers de religieux
ayant quitté la France et dont la présence entretint cette hostilité envers la
République100. Tentée de s’attribuer la succession de la France à son rang de
« fille aînée de l’Église », l’Église canadienne n’en était pas moins tenaillée par
l’appréhension que les idées républicaines, tant honnies, ne finissent par
trouver audience au Canada français.
Au tournant du XXe siècle, en effet, on pouvait discerner par moments dans
l’espace politique canadien, notamment au Québec, la présence d’un courant
libéral plus radical. Après tout, même en Grande-Bretagne, un « nouveau
libéralisme » arrivait au pouvoir à cette époque, porteur d’idées nouvelles sur
l’interventionnisme étatique – en particulier en matière sociale. L’évolution
parallèle de la politique sociale en France suggérait la possibilité de
rapprochements entre le modèle libéral britannique et le modèle républicain
français, souvent présentés jusque-là comme diamétralement opposés. Ce
climat a sans doute facilité la relance passagère, dans les premières années du
siècle, d’un mouvement de réformes affirmant sa sympathie pour le visage que
donnaient à la République les radicaux français101. Malgré quelques succès
limités, ce mouvement resta marginal. La réconciliation du Canada français
avec la République devrait attendre que surviennent deux guerres mondiales
et, au-delà, la progressive dislocation de l’emprise exercée par l’Église.
95
Jean-Marie Fecteau, La liberté du pauvre. Sur la régulation du crime et de la pauvreté au
e
XIX siècle québécois, VLB, Montréal, 2004 ; Elsbeth Heaman, précitée, note 57, p. 161-162 ;
Peter Smith, précité, note 57, p. 59-60 ; Ralph Heintzman, « The Political Culture of Quebec,
1840-1960 », Revue canadienne de science politique, vol. 16, n° 1 (1983), p. 3-60.
96
Arthur Silver, précité, note 75, p. 226-227.
97
Philippe Sylvain, « Quelques aspects de l’antagonisme libéral-ultramontain au Canada
français », Recherches sociographiques, vol. 8, n° 3 (1967), p. 275-297, aux p. 275-277.
98
Michel Allard, « L’enseignement de la Révolution française dans les écoles publiques du
Québec (1861-1989) », p. 181-199 dans : Sylvain Simard (dir.), La Révolution française au
Canada français, Presses de l’Université d’Ottawa, Ottawa, 1991.
99
Yvan Lamonde, Histoire sociale des idées au Québec, Fides, Montréal, 2000, vol. 1, p. 458459.
100
Guy Laperrière, « « Persécution et exil » : la venue au Québec des congrégations
françaises, 1900-1914 », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 36, n° 3, p. 389-411 ;
Guy Laperrière, « Les communautés religieuses françaises au Québec (1792-1914) », p. 307325 dans : Yvan Lamonde et Didier Poton (dir.), La Capiricieuse (1855) : poupe et proue. Les
relations France-Québec (1760-1914), Presses de l’Université Laval, Québec, 2006.
101
Charles-Philippe Courtois, précité, note 72 ; Éric Leroux, « L’influence du radicalisme
e
français au Québec au début du XX siècle », Mens. Revue d’histoire intellectuelle de
l’Amérique française, vol. 6, n° 2 (2006), p. 167-203.
20
3. L’intérêt actuel de relire Esmein au Canada
L’histoire aura traité les Éléments d’Esmein avec une certaine ironie. La
partie de l’ouvrage que l’auteur pouvait, en son temps, considérer comme la
plus actuelle, celle relative au droit constitutionnel de la IIIe République, n’a plus
aujourd’hui qu’un intérêt essentiellement historique. Inversement, la partie de
l’ouvrage où fourmillent les détails historiques, celle consacrée à exposer les
origines et les principes de la constitution anglaise, conserve un intérêt tout à
fait actuel, et cela notamment dans un pays dont l’auteur a somme toute peu
parlé : le Canada. Certes, l’intérêt durable et la portée des Éléments pour
l’histoire de la pensée juridique et politique en France découlent de la
juxtaposition et de l’interpénétration de ces deux volets de l’ouvrage. Mais d’un
point de vue canadien ou québécois, la partie « vivante » des Éléments peut
être rapprochée de débats constitutionnels très actuels.
Deux thèmes serviront à le montrer : d’une part, la place de la monarchie
dans l’ordre constitutionnel canadien et, d’autre part, le bicaméralisme au sein
du parlement fédéral. Ces deux questions font actuellement l’objet d’un
contentieux constitutionnel.
3.1 La question de la succession royale
Cette question renvoie à des textes célèbres de l’histoire constitutionnelle
anglaise, le Bill of Rights de 1688102 et l’Act of Settlement de 1700103. Esmein
fait d’ailleurs une brève allusion aux dispositions de l’Act of Settlement relatives
à la succession au trône104. Les dispositions de ces deux lois en cette matière
ont pour objet d’exclure de la succession toute personne professant la religion
catholique et tout membre de la famille régnante qui épouse une personne de
religion catholique. En dépit de leur lien logique avec le fait que le monarque
régnant soit d’office le chef de l’Église d’Angleterre, ces exclusions paraissent
inconciliables avec les textes internationaux et nationaux prohibant la
discrimination fondée sur l’appartenance religieuse105. Paraissent également
attentatoires aux droits fondamentaux la règle coutumière donnant priorité,
dans l’ordre de succession, aux héritiers de sexe masculin sur une héritière
plus âgée de même rang successoral, ainsi que les dispositions d’une loi du
XVIIIe siècle subordonnant la validité du mariage de tout descendant du roi
Georges III à l’autorisation préalable du monarque régnant, donnée en Conseil
privé106.
Cet ensemble de règles législatives et coutumières régissant la succession
au trône s’applique non seulement au Royaume-Uni, mais également dans tous
les États membres du Commonwealth qui ont conservé une forme monarchique
lors de la cessation du lien colonial et dont la Reine du Royaume-Uni est ainsi
le chef d’État. Se pose donc également, dans ces autres royaumes, la question
de la compatibilité de ces règles avec les droits et libertés fondamentaux
102
nd
1 Will. III and Mary II, 2 Sess., c. 2.
12-13 Will. III, c. 2.
104
ÉDC, p. 86.
105
Renan LeMestre, « Faut-il réveiller le chien qui dort ? La modernisation de la monarchie
britannique : nouvelles règles de succession au trône et assouplissement du régime des
mariages royaux », Revue de la recherche juridique, vol. 37 (2012), p. 413-442.
106
Royal Marriages Act 1772, 12 Geo. III, c. 11. Voir: T.B. Pugh et A. Samuels, « The Royal
Marriages Act 1772; its Defects and the Case for Repeal », Statute Law Review, vol. 15, n° 1
(1994), p. 43-63.
103
21
Pierre Issalys
consacrés par le droit interne ou international applicable dans chacun de ces
pays. C’est notamment le cas au Canada, où ces règles paraissent
inconciliables avec un texte constitutionnel, la Charte canadienne des droits et
libertés, qui consacre le droit de chacun « à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment [celle]
fondée sur […] la religion, le sexe […] »107.
Les gouvernements du Royaume-Uni et de ces autres États du
Commonwealth ont donc convenu, en octobre 2011, de modifier de concert les
règles de succession au trône prévues dans le droit interne de chacun, de
manière à supprimer ces discriminations. En conformité de cet accord, le
Parlement fédéral canadien a adopté la Loi de 2013 sur la succession au
trône108. Celle-ci se borne à signifier l’assentiment du Parlement au contenu du
projet de loi alors déposé devant le Parlement britannique en vue de modifier
ces règles au Royaume-Uni, projet de loi qui est par la suite devenu la
Succession to the Crown Act 2013109. Peu de gens au Canada trouveraient à
redire au résultat visé par la loi fédérale. En revanche, la manière dont on a
prétendu opérer cette modification fait l’objet d’une contestation
constitutionnelle.
Cette contestation prend appui sur le dispositif complexe qui régit, depuis
1982, les modifications de la Constitution canadienne110. L’autorité constituante
habilitée par la Loi constitutionnelle de 1982 à modifier la Constitution diffère en
fonction de l’objet de la modification. Étant acquis que les règles de succession
au trône font partie de la Constitution, il reste à savoir si, et dans quelle mesure,
elles concernent « la charge de Reine », le « pouvoir exécutif fédéral » et « la
constitution de [chaque] province ». Dans le premier cas, la modification exige
la participation des deux chambres du Parlement fédéral et de l’assemblée
législative de chaque province; dans le second, une loi fédérale suffit ; et dans
le troisième l’assemblée législative de la province est habilitée à agir seule111.
La contestation récemment engagée par des particuliers devant les tribunaux
québécois soutient que l’objet de la loi fédérale concerne « la charge de
Reine », et que les parlements de toutes les provinces devaient donc participer
à la modification. Le débat se présente sous un jour particulier au Québec.
D’une part, en effet, le Parlement et le gouvernement du Québec n’ont jamais
accepté la Loi constitutionnelle de 1982; celle-ci est néanmoins entrée en
vigueur après que la Cour suprême du Canada ait estimé que les conventions
constitutionnelles régissant avant 1982 la modification de la Constitution
n’exigeaient pas un accord unanime des provinces112. D’autre part, l’institution
monarchique suscite au Québec plus d’indifférence et d’agacement que
107
Loi constitutionnelle de 1982, L.R.C. (1985), App. II, n° 44, art. 15. En dépit de leur
incompatibilité avec le droit de chacun à l’égalité devant la loi, les règles de succession au trône
et l’alignement de ces règles sur celles ayant cours au Royaume-Uni sont aussi des normes
constitutionnelles, nécessaires au fonctionnement de l’institution monarchique : un tribunal ne
peut donc les déclarer invalides : O’Donohue v. Canada, 2003 CanLII 41404 (ON SC), confirmé
en appel : 2005 CanLII 6369 (ON CA).
108
L.C. 2013, c. 6.
109
2013, c. 20.
110
Loi constitutionnelle de 1982, précitée, note 107, art. 38-49.
111
Ibid., art. 41, 44 et 45 respectivement. Voir : André Binette, « La succession royale, la
Constitution canadienne et la Constitution du Québec », Bulletin québécois de droit
constitutionnel, n° 3 (2008), p. 1-22.
112
Renvoi : résolution pour modifier la Constitution, précité, note 39 et Re : opposition à une
résolution pour modifier la Constitution, [1982] 2 R.C.S 793.
22
d’appui ; les accusations criminelles portées contre une récente titulaire de la
fonction de lieutenant-gouverneur ont amoindri encore davantage le prestige de
la Couronne113.
Ce débat comporte évidemment un enjeu politique : il remet en lumière le fait
qu’au Québec et au Canada le peuple ne participe pas à l’exercice du pouvoir
constituant114. Il appelle ainsi à s’interroger sur le caractère véritablement
« républicain » qu’Esmein croyait pouvoir attribuer à une monarchie de type
britannique115. Mais il renvoie aussi à des enjeux juridiques relatifs à la nature
et aux pouvoirs de l’État québécois dans le régime fédératif canadien. Laisser
les parlements des provinces complètement à l’écart d’une décision concernant
la succession au trône remet en question le lien direct, reconnu à l’époque
d’Esmein par la jurisprudence Hodge, entre la Couronne et les institutions de
l’État québécois116. Or, comme l’ont fait remarquer certains auteurs, la
Couronne est le principe organisateur de l’État, dans un régime constitutionnel
fondé sur le droit anglais117. La Couronne est donc l’assise juridique sur laquelle
repose l’exercice autonome et quotidien de leurs pouvoirs étatiques par les
gouvernements, les parlements et les tribunaux des provinces canadiennes118.
Cette modulation du principe monarchique en fonction de la logique du
fédéralisme semble, à l’occasion de cette révision des règles de succession au
trône, avoir été mieux comprise en Australie qu’au Canada119. Esmein, bon
connaisseur de la Constitution australienne, l’aurait sans doute remarqué !
3.2 La question du Sénat
Ultime survivance du bicaméralisme au Canada, le Sénat fédéral fait l’objet
d’un débat relatif à la compétence du Parlement fédéral pour modifier le régime
de sa seconde chambre. Les propositions tendant à modifier la composition du
113
Trudel-Thibault c. R., 2012 QCCA 2212 (l’accusée ne bénéficie pas de l’irresponsabilité
reconnue à la Couronne) ; Procureur-général du Québec c. Trudel-Thibault, 2013 QCCS 1323
(poursuite civile en recouvrement de sommes détournées).
114
Non plus d’ailleurs qu’à l’exercice du pouvoir législatif, puisqu’un processus d’initiative
populaire, comportant un référendum législatif décisionnel, a été jugé incompatible avec le
participation du représentant de la Couronne à l’acte législatif, élément intangible de la
Constitution : Re Initiative and Referendum Act, [1919] A.C. 935 (P.C.), [1919] UKPC 60.
115
Il est vrai que par ailleurs Esmein affirmait que les vertus éminentes du gouvernement
représentatif justifiaient que le constituant soit lui aussi une institution représentative, et non la
collectivité nationale elle-même, statuant sous la forme d’un référendum : ÉDC, p. 402-404.
116
Hodge v. R., précité, note 19 et texte correspondant.
117
David Smith, The Invisible Crown : The First Principle of Canadian Government, University of
Toronto Press, Toronto, 1995 ; Michael Jackson et Lynda Haverstock, « The Crown in the
Provinces : Canada’s Compound Monarchy », p. 11-29 dans : Jennifer Smith et Michael
Jackson (dir.), The Evolving Canadian Crown, McGill/Queen’s University Press.
Montréal/Kingston, 2012.
118
On pourrait même considérer aujourd’hui, en inversant les termes de la description donnée
par Bagehot en 1867, que c’est la Couronne qui est l’élément « efficient » de la constitution, et
le Parlement qui en est l’élément « cérémoniel » : David Smith, « Bagehot, the Crown and the
Canadian Constitution », Revue canadienne de science politique, vol. 28, n° 4 (1995), p. 619635. Aux pouvoirs conférés à la Couronne par le droit légiféré et la prérogative royale s’ajoutent
tous ceux dont elle peut faire usage en tant que personne juridique : Bruce Harris, « The « Third
Source » of Authority for Government Action Revisited », Law Quarterly Review, vol. 123
(2007), p. 225-250.
119
Ainsi, chacun des États de la fédération australienne a adopté pour son propre compte les
nouvelles règles de succession, et a demandé au Parlement fédéral d’en faire autant en ce qui
le concerne; voir par ex. la loi de l’État de Nouvelles Galles du Sud : Succession to the Crown
(Request) Act, 2013, n° 53 (en ligne : http://legislation.nsw.gov.au).
23
Pierre Issalys
Sénat, le mode de désignation de ses membres ou la durée de leur mandat
sont presque aussi anciennes que le Sénat lui-même120. Peu d’entre elles ont
abouti. Certes, la composition du Sénat a été modifiée, à différentes époques,
pour tenir compte de l’adhésion ou de la création de nouvelles provinces ; mais
ces changements n’ont pas respecté la logique originaire 121. Le mandat des
sénateurs, viager à l’origine, a été soumis en 1965 à une limite d’âge. Le fait
qu’ils soient désignés par le gouverneur général au nom de la Reine – donc en
fait par le Premier ministre fédéral – a permis aux deux partis qui alternent au
pouvoir depuis près de 150 de dominer tour à tour la seconde chambre.
Dès ses premières décennies d’existence, le Sénat s’est révélé peu apte à
jouer le rôle auquel les « Pères fondateurs » l’avaient destiné : la protection des
minorités religieuses et linguistiques et la défense des droits des provinces122.
Même dans son autre rôle de « chambre de réflexion », sa crédibilité a été tôt
compromise par le caractère très partisan des nominations et la complaisance
du Sénat envers les gouvernements dont la couleur politique coïncidait avec la
sienne123. À partir des années 1970, les habitants des provinces de l’Ouest, en
particulier, s’élevèrent contre le caractère peu représentatif, à leurs yeux, du
Sénat.
Estimant que le Parlement fédéral était habilité à agir seul pour modifier cet
aspect de la Constitution, le gouvernement fédéral proposa en 1978 le
remplacement du Sénat par une Chambre de la fédération, dont une moitié des
membres auraient été désignés par les gouvernements des provinces, l’autre
étant nommée par l’exécutif fédéral, dans les deux cas pour la durée d’une
législature. La Cour suprême du Canada jugea cependant que le Parlement
n’avait pas compétence pour altérer unilatéralement les « caractéristiques
fondamentales ou essentielles attribuées au Sénat pour assurer la
représentation régionale et provinciale », puisque ces caractéristiques avaient
déterminé l’adhésion de certaines des provinces au régime fédératif 124.
La portée de cet avis de la Cour suprême est aujourd’hui incertaine, en
raison des nouvelles règles de modification de la Constitution, introduites par la
Loi constitutionnelle de 1982125. En ce qui concerne la seconde chambre, ces
règles confèrent compétence au Parlement fédéral agissant seul « pour
modifier les dispositions de la Constitution […] relatives […] au Sénat », sous
réserve cependant des modifications « portant sur […] les pouvoirs du Sénat et
le mode de sélection des sénateurs » ainsi que sur « le nombre des sénateurs
par lesquels ne province est habilitée à être représentée et les conditions de
résidence qu’ils doivent remplir », modifications qui doivent obtenir en outre
120
Voir : Sir George Ross, The Senate of Canada, Copp Clark, Toronto, 1914, p. 91-95 ; Jack
Stilborn, « Quarante ans sans réforme du Sénat – le point », p. 35-72 dans : Serge Joyal (dir.),
Protéger la démocratie canadienne : le Sénat en vérité…, McGill/Queen’s University Press,
Montréal/Kingston, 2003.
121
Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 21-29. Voir : Janet Ajzenstat, « Le
bicaméralisme et les architectes du Canada : les origines du Sénat canadien », p. 3-34 dans :
Serge Joyal, précité, note 120.
122
William H. P. Clement, précité, note 8, p. 111-112(1994) ; Jean-Charles Bonenfant, « La
vocation manquée du Sénat canadien », Cahiers des Dix, vol. 37 (1972), p. 51-86.
123
David Smith, « The Senate of Canada and the Conundrum of Reform », p. 1-26 dans :
Jennifer Smith (dir.), The Democratic Dilemma. Reforming the Canadian Senate,
McGill/Queen’s University Press, Montréal/Kingston, 2009.
124
Renvoi : compétence du Parlement relativement à la Chambre haute, [1980] 1 R.C.S. 54, p.
78.
125
Dispositions citées à la note 111.
24
l’accord des assemblées législatives de sept des dix provinces, représentant au
moins 50% de la population du Canada126. Par ailleurs, le Parlement fédéral a
toujours, en vertu de la Constitution de 1867, compétence exclusive pour
légiférer sur « la modification, de temps à autre, de la constitution du Canada »,
mis à part un certain nombre de questions n’ayant pas trait au Sénat127.
Dans ce contexte nouveau, le gouvernement fédéral a estimé qu’il pouvait,
au moyen d’une loi ordinaire, réaménager le régime du Sénat sans modifier la
Constitution ou du moins sans être tenu de rechercher l’accord d’une majorité
qualifiée de provinces pour le faire. Il a présenté au Parlement fédéral en 2006,
2007 et 2010 des projets de loi prévoyant la limitation à huit ans de la durée du
mandat des sénateurs et instituant, pour les provinces qui souhaiteraient s’en
prévaloir, un régime d’ « élection consultative » permettant aux électeurs de la
province d’indiquer une préférence pour un ou plusieurs candidats, préférence
dont le Premier ministre fédéral « tiendrait compte » au moment de procéder à
une nomination au Sénat128. Les aléas de la vie politique ont fait en sorte
qu’aucun de ces projets de loi n’a pu être adopté. Leur conformité aux règles de
modification de la Constitution a été par ailleurs très discutée129.
Réélu, cette fois avec la majorité absolue des sièges à la Chambre des
communes, le gouvernement fédéral a présenté en 2011 un projet de Loi sur la
réforme du Sénat qui fusionne, avec quelques différences, le contenu des
projets antérieurs130. Cette initiative s'est heurtée à un contexte politique
défavorable : certains sénateurs font l’objet d’accusations de fraude
relativement à l’obtention d’allocations parlementaires. Elle s’est aussi heurtée,
comme les précédentes, aux objections d’ordre constitutionnel de certaines
provinces, qui estiment être en présence de modifications à la Constitution
exigeant l’accord d’une majorité qualifiée d’entre elles. Ainsi, saisie par le
gouvernement du Québec, la Cour d’appel du Québec a rendu un avis
confirmant la nécessité, pour effectuer les modifications prévues au projet de loi
fédéral, d’obtenir l’accord des assemblées de sept provinces représentant plus
de la moitié de la population canadienne131. Avant même que soit rendu cet
avis, susceptible d’appel à la Cour suprême du Canada, le gouvernement
fédéral avait adressé à celle-ci sa propre demande d’avis132. Si la haute
juridiction devait confirmer l’opinion de la Cour d’appel, la réforme du Sénat
risque d’agiter encore longtemps les esprits.
126
Art. 44 et 42(1) b) et c).
Loi constitutionnelle de 1867, précitée, note 10, art. 91 (1).
128
Sebastian Spano, Résumé législatif. Projet de loi C-7, Loi concernant la sélection des
sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du
mandat des sénateurs, n° 41-1-C7-F, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, 2011 (en ligne :
www.parl.gc.ca/LegisInfo), p. 1-3, 5-6.
129
John Whyte, « Senate Reform : What does the Constitution Say ? », p. 97-109 dans:
Jennifer Smith, précité, note 123 ; Charles-Emmanuel Côté, « L’inconstitutionnalité du projet
d’élections fédérales sénatoriales », Revue québécoise de droit constitutionnel, vol. 3 (2010);
voir également les textes de divers auteurs dans la même revue, vol. 5 (2013).
130
Canada, Chambre des communes, Loi sur la réforme du Sénat (Loi concernant la sélection
des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la
e
e
durée du mandat des sénateurs, Projet de loi C-7, 41 législature, 1 session, 2011 (en ligne :
www.parl.gc.ca/LegisInfo).
131
Re Projet de loi fédéral relatif au Sénat, 2013 QCCA 1807.
132
Le décret de renvoi à la Cour suprême pour avis (décret C.P. 2013-0070, en ligne à :
www.pco-bcp.gc.ca) énonce six questions, dont certaines à plusieurs volets, qui renvoient aux
formulations variables des projets de loi présentés entre 2006 et 2011.
127
25
Pierre Issalys
Les questions de droit constitutionnel soulevées par la réforme du Sénat
canadien, tout comme le débat autour de la modification des règles de
succession au trône, auraient sans doute incité Esmein, s’il les avait connus, à
approfondir sa réflexion sur les caractéristiques de la seconde chambre dans le
parlement d’un État fédératif, sur la fonction et les attributs de la Couronne en
droit public anglais, ou sur la rigidité des constitutions écrites. Peut-être
l’auraient-ils amené à tempérer un peu son admiration pour le pragmatisme des
constitutions à l’anglaise. Peut-être, sans se poser en donneur de leçons,
aurait-il fait valoir plus fortement sa préférence pour les constructions
systématiques et leur déploiement dans une constitution écrite133.
Le juriste québécois ou canadien qui, au début du XXI e siècle, aborde les
Éléments de droit constitutionnel français et comparé éprouve un sentiment
complexe de distance et de proximité tout à la fois.
Distance bien évidemment due avant tout au sujet principal de l’ouvrage : il
s’agit de la Constitution de la France, de l’histoire constitutionnelle française, et
même d’une Constitution bien précise, depuis longtemps révolue, celle de
1875, et des principes républicains sur lesquels elle repose. Distance
également créée par la tonalité de l’ouvrage qui, s’il ne se détourne pas, au
besoin, d’une analyse technique des textes, frappe surtout par la richesse des
matériaux historiques et par la conviction affichée que la république
parlementaire représente la forme la plus achevée de gouvernement d’une
société soucieuse de liberté.
Pourtant, le fait que l’ouvrage soit ainsi daté, par son propos et par sa forme,
n’empêche pas ce lecteur de se sentir proche de l’auteur de ces Éléments.
Cette proximité tient sans doute à ce qu’il partage avec lui l’expérience d’une
fréquentation du droit public anglais ; à de nombreux endroits de l’ouvrage, il se
retrouve ainsi en terrain familier, rendu attentif à maint détail que lui révèle
l’érudition de l’auteur. Mais l’impression de proximité tient peut-être surtout à ce
mouvement de curiosité et d’ouverture qui anime l’auteur et le conduit à traiter
son objet en circulant dans l’espace aussi bien qu’en remontant dans le temps.
Les circonstances de la vie d’Esmein ne lui ont pas permis de franchir
l’Atlantique pour vérifier sur place ses renseignements et ses intuitions. Les
conditions intellectuelles et sociales de l’époque n’ont pas permis que son
ouvrage trouve au Canada un accueil et une influence à la mesure de sa
qualité. Il y a donc bien eu une rencontre manquée. Le projet scientifique qu’elle
aurait pu nourrir demeure actuel : formuler la théorie juridique d’une constitution
démocratique.
Recibido el 23 de diciembre de 2013. Aceptado el 26 de diciembre de 2013
133
Julien Boudon, « Esmein, le droit constitutionnel et la Constitution », p. 87-110 dans :
Stéphane Pinon et Pierre-Henri Prélot, précités, note 80, aux p. 103-104.
26
WEBERSCHE ETHIK UND HUMANITÄT BEIM CHRISTLICHEN
EXISTENZPHILOSOPHEN PETER WUST
Thomas GERGEN*
Thomas Gergen (2013): “Webersche Ethik und Humanität beim christlichen
Existenzphilosophen Peter Wust”, Revista Crítica de Historia de las Relaciones
Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). Puede verse el texto
del artículo en línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/weber-wust.html
ZUSAMMENFASSUNG: Der Weberschen Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik
setzt Peter Wust seinen Begriff der Humanität entgegen, der dem kindlichen
und göttlichen Willen entspricht und den der Mensch sich bei all seiner
Pflichterfüllung lebenslang bewahren muss.
SCHLÜSSELWÖRTER: Peter Wust, Max
Gesinnungsethik, Verantwirtunghsethik.
Weber,
Humanität,
Humanitas,
RÉSUMÉ: Le philosophe allemand (sarrois) Peter Wust ne part pas, comme le
fait Max Weber, de l'éthique de la disposition d'esprit (Gesinnung) et de la
responsabilité (Verantwortung). Wust développe son concept de l'humanitas
donnée par Dieu et devoir de l'homme à travers de toutes ses obligations qu'il
rencontre pendant sa vie.
PAROLES-CLÉS: Peter Wust, Max Weber, Humanité, Humanitas, Éthique de la
disposition d'esprit et de la responsabilité.
1. Einführung: Gesinnungs- und Verantwortungs-Ethik sowie Humanität
Der im Saarland geborene christliche Existenzphilosoph Peter Wust
(geboren am 28. August 1884 in Rissenthal/Saar, gestorben am 3. April 1940 in
Münster/Westfalen) wird zurecht als Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts
gesehen, für den Philosophie aus der Lebendigkeit menschlicher Erfahrung
selbst heraus spross. Wust erblickte die Hauptvertreter der Existenzphilosophie
seiner Gegenwart in Martin Heidegger, Karl Jaspers und vor allem in Max
Weber, den letztgenannten sogar als Vorläufer dieser Philosophie1. Mit Webers
* Der Autor ist Ordinarius für Internationales und Vergleichendes Zivil- und Wirtschaftsrecht mit
Immaterialgüterrecht/Recht des Geistigen Eigentums an der European University for Economics
and Managament = eufom in Luxembourg-Kirchberg. Er ist Saarländer. Beim
Aufsatzwettbewerb der Peter-Wust-Gesellschaft von 1988 ergab sich für ihn zum ersten Mal die
Gelegenheit, sich mit dem Humanitätsbegriff Peter Wusts auseinanderzusetzen, vergleiche
dazu den Beitrag in: Ekkehard Blattmann (Hg.), Peter Wust – Aspekte seines Denkens. FrankWerner Veauthier zum Gedächtnis (Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft Bd. 2), Münster
2004 (Lit-Verlag), S. 247-252, der im Folgenden aufgegriffen wird.
1
Alexander Lohner, Peter Wust und die Existenzphilosophie, in: Ekkehard Blattmann (Hg.),
Peter Wust – Aspekte seines Denkens. Frank-Werner Veauthier zum Gedächtnis
(Schriftenreihe der Peter-Wust-Gesellschaft Bd. 2), Münster 2004 (Lit-Verlag), S. 37-62, hier S.
61 und S. 40. Zur Möglichkeit einer christlichen Existenzphilosophie: ders., S. 53ff.
27
Thomas Gergen
Frau Marianne (1870-1954) stand Peter Wust bekanntlich regelmäßig im
freundschaftlichen Briefwechsel2.
Max Webers Unterscheidung von Gesinnungsethik und Verantwortungsethik
ist heute gewiss Allgemeingut. Als Verantwortungsethiker bezeichnete Weber
denjenigen, der bei seinem Handeln die Gesamtheit der Folgen seines
Handelns bedenkt und der die Bewertung dieser Folgen zum Maßstab seiner
Entscheidung macht. Gesinnungsethiker nannte er hingegen denjenigen, der
bestimmte Handlungen kontextunabhängig als moralisch oder unmoralisch
qualifiziert, also ohne Rücksicht auf die Folgen bestimmter Handlungen oder
Unterlassungen das tut, was er für das sittlich Gebotene hält. Die
Grundentscheidung für eine dieser beiden Einstellungen könne man, so meinte
er, nicht noch einmal rechtfertigen. Denn wenn man dem Verantwortungsethiker
die schmutzigen Hände vorwirft, die er sich macht, so wird er antworten: Diese
nehme er eben in Kauf, um größere Übel zu vermeiden. Er finde dies besser,
als ohne Rücksicht auf die Folgen für andere nur darauf bedacht zu sein, die
eigene weiße Weste nicht zu beschmutzen. Wenn man umgekehrt dem
Gesinnungsethiker die verhängnisvollen Folgen seines moralischen Rigorismus
vor Augen führt, so wird seine Antwort lauten: Er habe eben gerade nicht diese
Folgen, sondern nur seine Handlungsweise zu verantworten. Wenn alle
Menschen dies täten, wären vermutlich auch die Folgen nur positiv. Dass nicht
alle Menschen so handeln, habe wiederum nicht er zu verantworten.
Max Weber ordnete diese beiden Handlungen zwei verschiedenen
Menschentypen zu, die Verantwortungsethik dem Politiker, die Gesinnungsethik
dem Heiligen. Der Gesinnungsethiker habe den Beruf verfehlt, so meinte er,
wenn er die politische Verantwortung für ein Gemeinwesen übernehme und so
andere für die Folgen seine Haltung büßen lasse, als Heiliger aber würde er
umgekehrt die Reinheit und Konsequenz seiner Lebensweise kompromittieren,
wenn er begänne, strategisch zu handeln und die Gesamtfolgen seiner
Handlungen beziehungsweise Unterlassungen jeweils zu kalkulieren.
Weber übersah, dass Heiligkeit kein spezifischer Beruf und keine spezifische
Lebensweise ist und dass es sehr wohl Heilige gegeben hat, die zugleich
erfolgreiche Politiker waren, wie zum Beispiel Thomas Morus. Weber hätte auf
diesen Einwand vermutlich geantwortet, dass Thomas Morus erst erfolgreich
und dann heilig war, dass er zu einem Heiligen erst wurde, als er aufgehört
hatte, Politiker zu sein und unter Gesichtspunkten politischer Verantwortung zu
handeln. Das stimmt allerdings nach Robert Spaemann zurecht nicht3. Die
Haltung, die es Thomas Morus verbot, die Suprematsakte zu unterschreiben,
hatte ihn sein ganzes Leben hindurch bestimmt. Neu war nicht seine Haltung,
neu war die Situation. Wenn Thomas Morus nach reiflicher Überlegung davon
Abstand nahm, Kartäuser zu werden, und statt dessen Jurist, Familienvater und
Staatsmann wurde, so bekehrte er sich nicht vom Gesinnungsethiker zum
Verantwortungsethiker, um am Lebensende wieder zur Gesinnungsethik
zurückzukehren, sondern er wählte lediglich einen anderen Beruf mit anderen
Berufspflichten, bei gleichbleibenden Menschen- und Christenpflichten. Diesen
muss der Mensch, dem Humanität angeboren ist, treu bleiben.
2
Wege einer Freundschaft. Briefwechsel Peter Wust – Marianne Weber 1927-1939. Walter
Theodor Cleve (Hg.). Kerle Verlag, Heidelberg 1951.
3
Robert Spaemann, Was ist Verantwortung?, siehe http://www.kathinfo.de/verantwortungs
ethik.html.
28
Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust
2. Humanismus mit und ohne Gott
Der Humanitätsbegriff ist bei Peter Wust ein zentraler Terminus. Nach ihm
tritt der Mensch schon als Kind mit dem Gottesgeschenk der Humanität, dem
großen Menschheitsideal, in die Welt ein. Die Hauptaufgabe besteht darin, die
eigene Kindheit durch alle Gefahren, mit denen die Freiheit droht, glücklich bis
zum Tode hinüber zu retten. So schreibt Peter Wust: „Bewahrt er [der Mensch]
die Kindheit, die in ihm schlummert, durch alle Gefahrenzonen der Willens- und
Freiheitsoszillation hindurch, dann hat er das Palladium der Humanität glücklich
heimgeholt. Verliert er diese Kindheit im Kampfgebiet des Lebens, dann war
alles umsonst; dann war der Naturegressus des Geistes für ihn ein Fluch; denn
er hat ihn zum absoluten Egressus aus dem Reich ewiger Liebe und Güte
geführt.“4
Peter Wust stellte dem Positivismus seiner Zeit das „Leben“ gegenüber5;
damit ist unmissverständlich das von christlicher Humanität geprägte Leben
gemeint. Dass sich der Existenzphilosoph dieser Richtung der Humanität
anschließt, sich gleichsam vor sie stellt, kann vorab damit begründet werden,
dass er als Kenner und Liebhaber der hellenistisch-römischen Geisteswelt dem
antiken Humanitätsbegriff hohe Beachtung zollte. Mit den ersten Lateinstunden
und dem weiteren Erlernen der alten Sprachen bildete sich bei Wust eine
komplexe, aber sichere Sicht der Humanität heraus6. Der bloße Begriff der
humanitas (und sicher auch der Philanthropie) verrät bereits wesentliche Züge:
Menschentum, Menschlichkeit, menschliche Art, ebenso Milde, Höflichkeit,
Geschmack,
Anstand
und
Menschenliebe
sind
dabei
lediglich
zusammenhanglose Übersetzungen. Sie entsprechen jedoch nur teilweise dem
Humanitätsbegriff Wusts, für den die Humanität zeitlebens modus animi
continuus war.
Die Richtung des Humanismus ist alleine oder mit Gott praktikabel. Bei
denen, die den Humanismus ohne Gott fordern, wird einmal die Existenz Gottes
geleugnet (Atheismus), ein anderes Mal wird sie für eine unlösbare Frage
gehalten (Agnostizismus). So führt der Humanismus ohne Gott zwar zu Recht
ins Feld, dass der Mensch deshalb zu achten sei, weil er mehr wert sei als ein
Ding oder ein Tier. Bei dieser Sicht fehlt indes unweigerlich die höhere Instanz;
gerade Wust bringt die Sache auf den Punkt, indem er erkennt, dass ein
Humanismus losgelöst von Gott nicht lange bestehen kann. Aus diesem
Grunde ist für Wust jedwede Form der Humanität sehr eng mit dem
Christentum verwoben.
3. Christliche Humanität
Aber lassen wir Wust selbst sprechen und ihn das „große Menschheitsideal
der Humanität“ untersuchen7: Humanität stellt für Wust nicht nur nicht Tugend
oder sittlichen Wert dar, sondern vielmehr einen Idealzustand der Menschheit.
Dieser Zustand ist von Anfang an im Menschen vorhanden, ja er ist angeboren.
4
Peter Wust, Philosophisches Lesebuch, Walter Rest (Hg.), Münster 1984, S. 55-56.
Bernd Philippi, Der philosophische Mensch: Offener Brief an Peter Wust, in: Begegnung mit
Peter Wust, 1984, S. 111.
6
Peter Lorson, Märchen mit schmerzlichen Konflikten, in: Begegnung, S. 58 ff.
7
Peter Wust, Philosophisches Lesebuch, S. 55-56.
5
29
Thomas Gergen
Denn in der Erbmasse schlummert, umhüllt von der Körperlichkeit, das
„Erbgute“ als eigentlich natürlicher Geistesbesitz des Menschen.
Dass sich Wust deutlich für den Humanismus mit Gott entscheidet, bezeugt
seine Aussage, dass Humanität ein persönliches Geschenk Gottes ist,
sozusagen ein „Stück Gott“. Gott hat dem Neugeschaffenen einen Teil seiner
ihm eigenen Humanität abgegeben und übertragen. Dabei steht Gott als
Instanz der Gerechtigkeit und Liebe in Person, der etwas Unbedingtes,
Unantastbares, ja Heiliges zugesprochen wird. Da der menschenfreundliche
Gott seine Geschöpfe mit Humanität bedacht hat, gibt er ihnen eine Chance,
diese „inhumane“ Welt zu überstehen oder gar selbst zu humanisieren.
Schließlich betrachtet Wust die Humanität als sich zu eigen gemacht, sobald
der Mensch seine Kindheit durch alle Stürme des Lebens hindurch aufrecht
erhält und verficht. Eigene Freiheitsbestrebungen sind für die Humanität
bedrohlich, denn je mehr Freiheiten erreicht werden – so notwendig sie für den
Lebensfortgang sein mögen –, desto mehr entschwindet die Makellosigkeit und
die kleine überschaubare Welt der Kindheit.
Wir missverständen Wust jedoch, wenn wir ihm unterstellen wollten, er sei
gegen die Freiheitsbestrebungen innerhalb der Entwicklung des Menschen.
Natürlich können diese gefährlich sein, weil mit ihnen ein Stück weit die reine
Kindheit aufgegeben wird. Aber sie sind das tägliche Brot des Fortschritts und
des Forschungsdrangs des Menschen und für die Ausbildung des persönlichen
Humanitätsbegriffs wiederum unerlässlich. Daher warnt Wust lediglich davor,
die Humanität in den Wirren des Lebens zu vergessen und fordert zur stetigen
Entdeckung und Bewahrung der Kindheit auf.
Für Wust ist Humanität nichts Abstraktes, Humanität sogar erfahrbar. Sie
wird etwa dadurch greifbar, dass z.B. ein Kind sehr leicht verzeihen kann und
durch seine ausstrahlende Milde bereit ist, anderen etwas abzugeben und mit
ihnen zu teilen. Auch kann ein Kind gerade dank seiner Aufrichtigkeit genau das
sagen, was es gerade zuvor gedacht hat. Im Erwachsenenleben dagegen sind
diese Tatsachen eine Seltenheit, weil man sich durch Lügen und Schmeicheln
sehr oft gewinnbringende Vorteile verspricht oder denkt, dass das Teilen nicht
weiterbringt. Mit seinem Humanitätsbegriff setzt sich Wust gegen eine
technisierte Welt durch, in der Kindheit und Humanität sowie das Stellen der
Sinnfragen des Lebens gänzlich verschwinden. Die Flucht in die „erwachsene“
Welt, die durch grenzenlose Freiheit und technische Möglichkeiten die
„unmündige“ Kindheit verdrängen will, beseitigt nicht zuletzt die erfahrbare
Humanität des Alltags.
4. Kindheit und Humanität
Mit dem Bild des unbeschwerten, sorgenfreien, gefahrlosen Kinderdaseins,
das in Reinheit und Unbescholtenheit sowie unbefangener Freiheit und
Aufrichtigkeit aufgeht, macht Wust sein Humanitätsbild konkret erfahrbar, denn
dann wird Humanität sichtbar, hörbar und sogar fühlbar. Mit der Kindheit legt
uns Wust den lächelnden Kindermund, das herzhafte, vertrauensselige,
ungekünstelte Lachen sowie den warmen, angenehmen Druck einer winzigen
Kinderhand nahe. Diese Hand ist noch unverdorben und zur friedvollen Geste
bereit. Kindheit kennt Verrohung, Unbarmherzigkeit, Konfrontation, Korruption
und Kälte noch nicht. Ihr sind weder der dem Menschen inne wohnende
Egoismus noch der ständige Lebenskampf um Achtung, Ehre und Ansehen
30
Webersche Ethik und Humanität beim christlichen Existenzphilosophen Peter Wust
geläufig. Da die zarte und zerbrechliche Kindheit und mit ihr die Humanität im
Lebenskampf und den zunehmenden Alltagsproblemen zu schwinden drohen,
müssen beide sorgsam behütet und gepflegt werden, denn beide können leicht
wie eine wehrlose Frühlingsblume vom Winter des Alltags überrascht werden.
Genauso wie die Humanität in Gefahr ist, muss das Individuum sich
zurückbesinnen und sein privates, ihm von Gott übertragenes Geschenk
verteidigen. Denn Humanität stellt das „Erbgute“, den Hauptinhaltsstoff unserer
Kindheit, reinste Menschlichkeit und das vom Schöpfer gegebene Menschliche
dar, das er uns ganz konkret durch seine unermessliche Liebe stiftet.
Wusts Intention steckt im Ergreifen der Chance, diese Humanität
aufzubewahren, damit sie immerfort hervorgeholt werden kann; so können der
Jugendliche, der Erwachsene und der Greis den Ursprung der Gottheit in
Gestalt der Humanität immer wieder neu erfahren und bis zu ihrer Lebensquelle
zurückverfolgen. Dadurch, dass der Mensch ein Leben lang, jedes Mal von
Neuem, zu seinem Ursprung zurückgeführt wird und auf diese Weise seine
eigene Geschichte begreift, wird er immer mehr zum Eigentümer seiner
persönlichen Humanität, ja er kann sein Leben mit Hilfe der erworbenen
Humanität ausgestalten und die unbegrenzte und raumlose Humanität seines
Gottes erfahren.
Der entschiedene, engagierte, auf die Liebe Gottes bauende Humanist ist auf
diese Weise fähig, Gleichgültigkeit, Resignation, Hass und Hoffnungslosigkeit
zu überwinden.
5. Humanität in Güte und Liebe
Der Humanitätsbegriff Wusts reicht aber noch weiter als die reinste
Menschlichkeit, bleibt also nicht bei dem heute fast verbrauchten Begriff der fast
übertriebenen und gewissermaßen gekünstelten Menschlichkeit stehen. Nein,
er erfährt seinen Höhepunkt im „Reich ewiger Liebe und Güte“. Der Quell der
Humanität fließt ewig. Damit perpetuiert Wust gleichsam Menschlichkeit, also
Güte und Liebe zugleich.
Zweifellos ist mit Güte mehr gemeint als bloße Freundlichkeit, mit Liebe mehr
als pure Leidenschaft. Güte und Liebe (philia) beinhalten einen nie
versiegenden Schatz an Bekundungen der Freundschaft dem Nächsten
gegenüber dergestalt, dass der Nächste – genauso wie Gott uns selbst achtet –
als mit Würde ausgestatteter Mensch akzeptiert und wertgeschätzt wird. Diese
Sicht zeichnet Wust als besonderen Philanthropen aus, weil Menschenachtung,
Respekt und Werthaftigkeit der Persönlichkeit vollends gefordert und an den
ersten Platz der Werteskala gerückt werden. Dazu gehört unbedingt das
Ehrgefühl vor der Humanität des anderen und die Achtung des Anspruchs, den
der Nächste erhebt, damit auch seine Humanität, die er sich selbst genauso
aufbauen und erhalten und im Lebenskampf gegen die Freiheiten verteidigen
muss, gewahrt bleibt.
6. Christliche Humanität in Rechts- und Gesellschaftsordnung
Der Rechts- und Staatsphilosoph Gustav Radbruch, der in der Weimarer
Republik
ebenfalls
Reichsjustizminister
war,
berichtet
in
seiner
„Rechtsphilosophie“, dass ein Unteroffizier einmal gesagt habe: „Leute, ich
31
Thomas Gergen
nehme ja alle erdenkliche Rücksicht auf Euch, aber in Humanität darf das doch
nicht ausarten!“8
Dass der Humanitätsbegriff hier ironisch gebraucht und ins Lächerliche
gezogen wird, braucht man wohl nicht zu erörtern. Denn er meint nur unnötigen
Formalgram und das Zeigen von geheuchelter Menschlichkeit, die gerade in der
Härte der Kriegszeit fehl am Platz waren. Im Zusammenhang mit der
geäußerten Rücksichtnahme kann der Humanitätsbegriff dieses Zitats allenfalls
noch die Steigerung dieser Rücksichtnahme bedeuten und in eine positive
geistige Gesinnung einer wohlwollenden Verhaltensweise interpretiert werden.
Ein solches Verständnis des Humanitätsbegriffes hat natürlich in Rechts- und
Staatsphilosophie nichts verloren, geschweige denn in einer von christlicher
Humanität geprägten Rechts- und Gesellschaftsordnung. Zum Gebot der
Humanität zählt nämlich die Pflicht, das Menschsein und die Werte aller
Menschen als Persönlichkeiten zu achten, wobei eine bloße, einfache
Rücksichtnahme lediglich der Beginn in der Sicht- und Verhaltensweise des
Menschen darstellen sollte.
Das Humanitätsgebot, das man bei Peter Wust findet, bedeutet, dass nicht
nur jeder selbst für die Bewahrung seiner Humanität verantwortlich zeichnet,
um den angebotenen „Freiheiten“ zu trotzen. Humanität hat auch das Ziel, die
Chance wahrzunehmen, in gegenseitiger Achtung ein gesteigertes Maß an
Verantwortung für die Erhaltung und Ausbildung der Humanität des Nächsten
zu übernehmen. So wird Rücksichtnahme bezüglich der Humanität des
Nächsten zum Gesellschaftsauftrag und zur Voraussetzung einer humanen
Gesellschaftsordnung. Ohne sie ist wiederum die Praxis der Menschenrechte in
einer humanen Rechtsordnung unmöglich. Im Prinzip der Humanität liegt damit
ein selbstständiger Leitgedanke des Rechts und seiner Ordnung 9. Diese
spezifische Humanität des Rechts wurde in der Rechtsphilosophie bereits in
einen rechtstheologischen Rahmen eingeordnet: Der Mensch, der im
Gottesverhältnis der „Personalität“ steht, nimmt an der Rechts- und
Gesellschaftsordnung im Nächstenverhältnis der „Solidarität“ auf dem Boden
des „Nächstenrechts“ teil10.
Mit dem umfassenden Humanitätsbegriff Peter Wusts sind wir auf einer
Ebene angelangt, die den Menschen lebenslang fordert und auf seine ihm von
Gott gegebene Humanität verpflichtet.
Diese Aufgabe ist sowohl im kleinen Bereich (Familie) als auch im großen
Wirkkreis (die gesamte Rechts- und Gesellschaftsordnung) ein hehres Ziel; sie
ist deshalb so schwer praktikabel, weil Wust damit vornehmlich eins gemeint
hat: den Auftrag zur täglichen Umsetzung des Gebots der christlichen
Nächstenliebe.
8
Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, 8. Auflage, Erik Wolf/Hans-Peter Schneider (Hg.),
Stuttgart 1973, hier: Gustav Radbruchs Leben und Werk, S. 44.
9
Vgl. z.B. Alessandro Baratta, Relativismus und Naturrecht im Denken Gustav Radbruchs, in:
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie ARSP 45 (1959), S. 505-537 (516); Erik Wolf, Das
Problem der Naturrechtslehre. Versuch einer Orientierung, 3. Auflage, Karlsruhe 1964, S. 191
ff.
10
Erik Wolf, Recht des Nächsten. Ein rechtstheologischer Entwurf, 2. Auflage, Frankfurt a.M.
1966; ders., Rechtstheologische Studien, Frankfurt a.M. 1972, S. 138-159; Hans-Peter
Schneider, Gustav Radbruchs Einfluss auf die Rechtsphilosophie der Gegenwart, in: Gustav
Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 370.
32
A CICERÓI ÁLLAMBÖLCSELET ÉS A MODERN
POLITIKAI TANOK
Gábor HAMZA*
Gábor Hamza (2013): “A cicerói állambölcselet és a modern politikai tanok”,
nº 7 (diciembre 2013). En línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/marcotulio-ciceron.html
RESUMEN: Reflexiones de síntesis sobre la importancia de Marco Tulio Cicerón
dentro del pensamiento político y las sugerencias que se derivan de sus obras,
y el valor con que fue considerado en la Edad Moderna. No hay un contenido
social en su pensamiento.
PALABRAS CLAVE: Cicerón, Platón, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau
Gábor Hamza.
RESUM: Reflexions de síntesis sobre la importància de Marc Tuli Ciceró dins del
pensament polític i els suggeriments que es deriven de les seves obres, i el
valor amb que va ser considerat en l'Edat Moderna. No hi ha un contingut
social en el seu pensament.
PARAULES CLAU: Ciceró, Plató, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Rousseau, Gábor
Hamza.
1. A cicerói állambölcselet jelentőségének, súlyának megítélését illetően1
távolról sincs nincs egyetértés, konszenzus a politikaelmélet, politikatudomány
és az állambölcselet kiemelkedő alakjai, művelői körében. Nézetünk szerint
ennek oka döntően abban a tényben keresendő, hogy az igen szerteágazó, sőt
kivételesen gazdag Corpus Ciceronianum (opulentia Tulliana) államelméleti
tanulságainak vizsgálata igen gyakran csupán sztereotípiák vagy egyenesen
közhelyek (loci communes) ismétlésére szorítkozik. Marcus Tullius Cicero
állambölcselet
(államelmélet)
szempontjából
kiemelkedő
jelentőségű
munkáinak, dialógusainak, szónoklatainak elemzését ‒ gondolunk itt
elsősorban a De oratore, a De re publica és a De officiis dialógusokra ‒
legtöbbször a kizárólag filozófiai oldalról történő megközelítés jellemzi. Igen
gyakran túlzott mértékben is háttérbe szorul a történeti, gazdasági,
pszichológiai és a jogi megközelítés, elemzés.
A cicerói állambölcselet tengelyében lévő kevert alkotmány, a mikté politeia
sajátosságainak analízise legtöbbször, vagy legalábbis gyakran csupán
felületes elemzés tárgya. Figyelmen kívül marad az a rendkívül jelentős
körülmény, hogy Cicero a De re publica-ban ‒ ellentétben Platónnal ‒ nem
csupán az állam, a res publica filozófiai alapokon nyugvó teóriáját dolgozza ki,
hanem elméletét konkrét módon alkalmazva az államot, éspedig annak ideális
* Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE). e-mail: gabor.hamza@ajk. elte. hu
1
El presente artículo destinado, en principio, al homenaje a Adhémar Esmein, se publica en la
presente revista periódica, ya que para el homenaje propiamente dicho ya el autor había
mandado otra colaboración distinta [Nota de la redacción].
33
Gábor Hamza
formáját, az optimus status civitatis-t Róma, tehát saját állama történelmi
realitásában meg is találja. Összekapcsolja ilyen módon Cicero a ratio-t és a
res-t, megteremtve ilyen módon az idea és a történelem összhangját, egységét.
E rendkívül jelentős gondolat értékét a legcsekélyebb mértékben sem
befolyásolja az, hogy Marcus Tullius Cicero kétségtelenül eklektikus
gondolkodó volt, és nem volt következetes képviselője egyik iskolának,
irányzatnak sem. Nézetünk szerint ez a tény nagymértékben segítette a jeles
római államférfit egy olyan állambölcselet alapjainak kimunkálásában, amely
hatással lehetett az évszázadokkal, sőt a csaknem évezredekkel későbbi
európai és Európán kívüli politikai gondolkodásra és állambölcseletre is.
2. Cicero állambölcseletét a rendszerben, szisztémában való gondolkodás
jellemzi. A De oratore-ben azt vizsgálja, hogy milyen módon, milyen nevelés
révén válhat valaki az állam ideális polgárává. A De re publica-ban, mely
dialógust Wilhelm Dilthey a világirodalom (a goethei értelemben vett
„Weltliteratur”) egyik legszebb prózai alkotásának nevezett, az ideális államot,
az optimus status rei publicae-t elemzi. A De officiis-ben pedig az államot az
etika (erkölcs) oldaláról veti alá átfogó elemzésnek. Az állam több síkon történő
analízise természetesen nem változtat azon, hogy Cicero is, hasonlóan a
klasszikus ókor, görög-római antikvitás állambölcselőihez, az államot
elsősorban az államforma oldaláról vizsgálta. Ilyen értelemben állambölcselete,
politikai gondolkodása elválaszthatatlanul összekapcsolódik, egybefonódik az
államformatannal. Ez természetesen eltérést jelent a modern állambölcselettől,
amely az állam parlamentáris-demokratikus formáját feltételezve, pontosabban
azt alapnak, bázisnak tekintve, az államformatannak másodlagos jelentőséget
tulajdonít.
Cicero állambölcseletében kiemelkedő szerepet kap továbbá a
hagyományon, tradíciókon alapuló értékek hangsúlyozása. Ehhez szorosan
kapcsolódik, nyilvánvalóan elsősorban legitimációs funkcióval, Róma
alapításának kiemelése, melyben a divinum és a humanum elemei szerves,
organikus egységet alkotnak. Ez azonban kétségtelenül szükségszerű eleme a
cicerói állambölcseletnek, amit magyaráz és indokol az a tény is, hogy a római
politikai-állami élet gazdag fogalomtára, így például az auctoritas, a traditio, a
religio, a lex az alapítás kiemelkedő, misztikus elemekkel átszőtt ténye nélkül
egyszerűen érthetetlen. halicarnassosi Dionysios Kr. e. 7-ben keletkezett római
Archaeologiájában /5.54.1./ Róma alapítását és felemelkedését, nagyságát, a
világtörténelemben betöltött kiemelkedő szerepét a theia pronoia-ra (divina
providentia) vezeti vissza.
3. A XX. század második felében Hannah Arendt a modern kori forradalmak
ideológiai alapjainak elemzése kapcsán mutatott rá arra, hogy milyen komoly
formában támaszkodik a római történelem az alapítás eszméjére. Az Urbs
condita ideája Cicerónál a "res publica constituenda" koncepcióban jut a
legszemléletesebb módon kifejezésre. A res publica rekonstrukciójának lényege
az antik közszellem rekonstruálása, amelyben bizonyos mitikus elemek is
szerepet kapnak. Erre mutat a De re publica-ban /Somnium Scipionis/ Africanus
felszólítása az unokához, hogy váljék dictator rei publicae constituendae-vé.
A mítoszteremtést nézetünk szerint el kell választani a történetietlen
szemléletmódtól, mivel attól szerepét tekintve különbözik. A modern
alkotmányjog művelői tudományágukat igen gyakran történetietlen, ahistorikus
34
módon művelik. Az evolucionista szemlélet számos alkotmányjogásznál csak
másodlagos szerepet kap, még abban az esetben is, ha ez első látásra talán
nem is szembetűnő. A történelem számunkra igen gyakran csak egyfajta
„adattár” szerepét játssz, tölti be. A történelemből vett adatokra, eseményekre
való utalás nem egyszer puszta rétorikai „fogássá” változik számos szerzőnél.
Az illusztráció szerepére korlátozódó, pontosabban korlátozott történelem ilyen
módon nem válik, nem válhat az állambölcselet szerves részévé.
4. Ez azonban nézetünk szerint nem új, modern, korábban nem ismert
jelenség. A pszeudo-történelem felfogás nyomai éppenséggel Marcus Tullius
Cicerónál is kimutathatók. Vonatkozik ez elsősorban Cicero oratióira. Ezekben
ugyanis a cél a mindenáron való meggyőzés /to peithein/, amely latin
terminológiával élve a "movere"-t és a "docere"-t egyaránt magában foglalja.
Ehhez járul még a hallgatóság figyelme lekötésének szükségessége, amely a
"delectare" elemmel egészíti ki a fentiek alapján kettős tartalmú "to peithein"-t.
A történelmi példákra történő gyakori hivatkozás azonban még nem jelent
koherens történelemszemléletet. A történelmi példák keresése és az azokra
való hivatkozás egyszerűen az "exempla trahunt" közmondás adaptálása, s
nem pedig történelemszemlélet.
A mítoszteremtés vagy annak kísérlete funkcióját tekintve különbözik a
történetietlen, ahistorikus megközelítéstől. Talán nem érdektelen ebben az
összefüggésben a XIX. század második felének liberális ideológiájára
hivatkozni, amely az államilag szervezett társadalmat a népszuverenitásra
hivatkozva lényegében ugyanolyan módon kísérelte meg létrehozni, mint
Cicero, aki a De re publica-ban a res publica-t a res populi-val azonosította. A
liberális eszmékre utalva írja a kiemelkedő politikus (államférfi) és római jogász,
Vittorio Scialoja, hogy azok szinte egész Európában az állampolgár és az állam
közötti szoros kapcsolat megteremtésének feltétlen szükségességét
fogalmazzák meg. A nép és az állam közötti kapcsolat ‒ Vittorio Scialoja nézete
szerint ‒ kezd szorosabbá válni, és ezt a folyamatot az államnak törvényhozás
útján minden eszközzel erősítenie kell. Cicero közvetítésével a római állam,
pontosabban az "optimus status rei publicae" a liberális politikai ideológia
számára paradigmává válik.
5. Róma, a római állam, vagy más megfogalmazásban a római alkotmány
más gondolkodóknál is mítosz illetve prófécia alapja. Az Amerikai Egyesült
Államok (USA) alkotmányának, alkotmányos rendjének kidolgozásában
kiemelkedő, sőt egyenesen döntő részt, szerepet vállaló John Adams szerint a
római alkotmány paradigmatikus jelentőségű, mivel az teremtette meg a
legnemesebb népet és a legnagyobb hatalmat, amely az emberiség
történetében valaha is létezett. A Francia Polgári Forradalom egyik fő,
kiemelkedő ideológusa, Saint Just szerint a világ üres a rómaiak óta, s azt csak
az ő emlékük tölti be, amely ma /ti. Saint Just korában H. G.)/ a szabadság
egyedüli jövendőmondója. A római állam és a római alkotmány azonban nem
csupán mítoszalkotó szerepénél fogva lehet példaértékű a modern
állambölcselet számára. A római res publica éppen Cicero eklektikus filozófiai,
etikai és politikai gondolkodása révén válhatott paradigmatikus jelentőségűvé a
klasszikus (görög-római) antikvitásban éppúgy, mint évszázadokkal később, a
reneszánsz korában vagy éppen a modern korban.
35
Gábor Hamza
Kétségtelen tény az, hogy Cicero állambölcselete számos olyan elemet
tartalmaz, amely Platón és Aristotelés alapján már ismert. A leglényegesebb
különbség Platón és Aristotelés állambölcselete és Ciceró állammal és
társadalommal kapcsolatos nézetei között az, hogy Cicero félreérthetetlenül
valamennyi ember alapvető egyenlőségét feltételezi. Cicero e feltételezésének
döntően két vonatkozása van. A nagy római politikus, jogtudós és gondolkodó
abból indul ki, hogy valamennyi ember egyenlő mértékben részesedik abban az
isteni bölcsességben, amely megváltoztathatatlan és örök törvényként a
kozmoszt irányítja. Minden embernek mintegy természeténél fogva adott
képessége az, hogy a helyeset felismerje és ennek a felismerésnek
szellemében cselekedjen.
6. Ez a kétségtelenül optimista feltevés a filozófus Platón számára teljes
mértékben, Aristotelés számára pedig nagymértékben elfogadhatatlan lett
volna. Cicero egyenlőség-elméletének mások eleme az, hogy valamennyi
ember, etnikumától és társadalmi helyzetétől függetlenül ugyanazt a jogállást
élvezi. Ezzel a koncepcióval nyilvánvalóan nem összegyeztethető
Aristotelésnek az idegen és a rabszolga jogállásával kapcsolatos felfogása. Az
egyenlőség az embernek, pontosabban a civis Romanus-nak az állammal való
kapcsolata körében is jelentkezik, amit Georg Jellinek igen szemléletes módon
és találóan így fogalmaz meg: "Der Römer ist auch dem Staat gegenüber
Person" /Allgemeine Staatslehre, 3. kiad. 1966. 314. o./. Cicero számára az
ideális állam, a fenti koncepcióból is következően nem egy csupán organikus
egységet alkotó és rendek alapján tagolódó, lényegében autarkhiára épülő
kisállam /polis/, hanem valamennyi embert magában foglaló kozmikus méretű
jogi közösség.
A cicerói állambölcselet fenti sajátos vonásai ellenére is megállapítható, hogy
arra nagy hatással voltak Dikaiarkhos, Panaitios, és Polybios tanai. A mikté
politeia, a kevert alkotmány cicerói ideája hellén illetve hellenisztikus
gyökerekkel rendelkezik. Az irodalomban vitatott ennek a hatásnak a mértéke.
Tagadhatatlan tény az, hogy Cicero organikus-biologikus szemléletben fogant
állambölcselete szintetizáló jellegű. A peripatetikus Dikaiarkhos Görögországra
nézve fejtette ki ezt a nézetet, míg Polybios a Historiai VI. könyvében
világtörténeti vonatkozásban tartotta alkalmazhatónak e felfogást.
A cicerói államfelfogás szintetizáló jellege mellett szóló körülmény az is, hogy
Polybios nézete szerint a mikté politeia részeit képező demokratikus,
arisztokratikus és monarchikus elemek egymást kölcsönösen feltételezik és
ellenőrzik. A mikté politeia, miként erre az irodalomban többek között Horst
Braunert utal /Politik, Recht und Gesellschaft in der griechisch-römischen
Antike. Gesammelte Aufsätze und Reden. Stuttgart, 1980./, legalábbis részben
a hellenisztikus államokban is ‒ tehát nem csupán Rómában ‒ megvalósult. A
demokratikus elemet az állam felségterületén található, viszonylagos
autonómiával rendelkező polisok (városállamok), az arisztokratikus elemet
pedig az ún. király barátai /philoi/, Egyiptomban a papság képezte. Nem kizárt
nézetünk szerint az, hogy Cicero a kevert alkotmány római paradigmájának
kidolgozása során tekintettel volt ezekre a Rómán kívüli történelmi
tapasztalatokra, azaz nem csupán szellemi elődei absztrakt államelméletét
vette figyelembe.
36
7. Cicero számára központi jelentőségű a concordia ordinum, azaz a
lovagrend és a senatus közötti egyetértés. A consensus Italiae feltételezi a
lovagrend és a szenátori rend közötti egyetértést, hiszen enélkül
elképzelhetetlen a társadalmi béke (pax). Cicero politikai gondolkodása szoros
kapcsolatban áll a valósággal, tehát azt nem az elvont fogalmakban való
gondolkodás jellemzi. Nála az ideális állam működésének nem egyedüli
feltétele a mikté politeia, hanem ahhoz bizonyos társadalmi rétegek, csoportok
közötti harmóniára is szükség van.
A concordia ordinum cicerói követelménye nézetünk szerint a ratio és a res,
az idea és a társadalmi valóság integrálásának gondolatát tükrözi. A concordia
ordinum-ot kiegészíti a consensus omnium bonorum, amely a homines tenues,
a kisemberek consensusát is feltételezi, összhangban a fentebb más
összefüggésekben már említett egyenjogúság követelményével. A res publica
nem utolsósorban ennek révén válik res populi-vé /De rep. 1.25.39./.
A concordia ordinum és a consensus omnium bonorum biztosítja a római
alkotmány módosításának lehetőségét feltéve, hogy annak consensus az
alapja. Itt utalunk arra, hogy az Egyesült Államok alkotmányos rendszerének,
alkotmányának kidolgozásában döntő részt vállaló Thomas Jefferson és James
Madison között talán a legnagyobb egyetértés éppen az alkotmány
flexibilitásának kérdésében volt, miként erre monográfiájában Koch utal /A.
Koch: Jefferson and Madison. The Great Collaboration, New York, 1964./.
8. A mindenkire kiterjedő egyenjogúság gondolata erkölcsi megalapozásául
szolgál a római expanziónak, amit ilyen módon nem kizárólag az erősen
apologetikus jellegű "Ut populi Romani res meliores amplioresque facerent"
igazol. A cicerói államelméletben az állam a társadalomhoz azáltal is szorosan
kapcsolódik, hogy a Kr. e. 63. év consula (Marcus Tullius Cicero) a családot
"quasi seminarium rei publicae"-nek tekinti /De off. 1.54./. Hangsúlyozza ilyen
módon, hogy az állam a gens-ekké váló családokra épül és fejlődésének alapját
ezek a gens-ek képezik. A család kiemelkedő szerepet tölt be a tulajdoni
viszonyok területén is, mivel a familia a gazdaság alapegysége. Az állammá
alakulás döntő motívuma a tulajdon védelme, amelynek gyakorlója éppen a
család, mint közösség. Az állam összetartó ereje a tulajdon /De off. 2.73./. Ilyen
módon nagyon közel áll a cicerói felfogás John Locke nézetéhez, aki a tulajdon,
a property védelmét szintén az állam egyik legfőbb feladatának tekinti.
A cicerói állambölcselet lényegi elemét alkotja továbbá a iuris consensus,
amely az ideális res publica további tartópillére. A ius fogalma alatt azonban
nem pusztán a tételes jogot (ius positivum) érti, hanem annak fogalmát
kiterjeszti a ius naturae-re (ius naturale-ra) és az annak mértéke szerinti
igazságosságra. Cicero továbbfejleszti a jog már Platónnál mutatkozó
többfokozatúságának gondolatát, amennyiben a ius tartalmazza a lex positiva
mellett a lex naturalis-t és a lex aeterna-t is. A ius naturae (ius naturale)
sztoikus ihletésű, eredetű cicerói tana képezi alapját ‒ modern fogalommal élve
‒ a törvényhozó hatalom polgárok viszonylatában mutatkozó korlátozásának,
mérséklésének. A cicerói doktrína nem csekély hatást gyakorol az újkor
természetjogi tanára, amelyet ‒ tegyük hozzá, igen sajnálatos módon ‒ a XIX.
században és a XX. század első felében a jogpozitivizmus szorít háttérbe, sőt
egyenesen feledésbe.
37
Gábor Hamza
9. A consensus iuris mellett szerepel a communio utilitatis, amelyről mélyebb
elemzés igénye nélkül is megállapítható, hogy az a különböző társadalmi
csoportok, rétegek gazdasági motiváltságára utaló fogalom az állami együttélés
körében. A communio utilitatis a társadalmi valóság figyelembevételének
szükségességére utal, és egyúttal a cicerói állambölcselet realisztikus
természetének bizonyítéka.
A cicerói status rei publicae-t a középkorban felváltja a status imperii illetve a
status regni terminus technicus. A terminológiai változás tartalmi természetű
módosulást jelent. A cicerói res publica nem azonos az imperiummal illetve a
regnummal. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt nem csupán az államformatan
területéhez tartozó terminológiai változásról van szó. Az imperium és a regnum
egyértelműen hierarchikus természetű kapcsolatára utaló fogalmak, amelyek
körében a cicerói optimus status rei publicae-t alkotó, fentebb vázlatosan
elemzett elemeknek vajmi csekély súlyúk van.
Nem tulajdonítható pusztán a véletlen művének az, hogy Cicero
népszerűsége a XVIII. században jut el tetőfokára. Ki kell emelnünk ebben a
vonatkozásban Conyers Middleton kétkötetes, Ciceróról szóló, 1741-ben
publikált munkáját /The History of the Life of Marcus Tullius Cicero/, amely
korában valóságos bestseller. Voltaire, Montesquieu, Diderot és Rousseau ‒
aki Cicerót az ékesszólás hercegének nevezi ‒ körében Cicero éppúgy
népszerű, mint az angoloknál, így Burke-nél, Hume-nál, Johnsonnál, Pittnél,
Foxnál és Sheridannél.
10. A jeles politikus (államférfi) és társadalomfilozófus Marcus Tullius Cicero
azonban már jóval korábban komoly hatással van a társadalombölcselet
fejlődésére. Bodinre éppúgy hat, mint Grotiusra és James Harringtonra, az
1646-ban publikált Commonwealth of Oceana szerzőjére, vagy Hobbes-ra.
Harrington tanítványai, John Neville és Algernon Sidney szintén gyakran
hivatkoznak a Kr. e. 63-as esztendő consula munkáira. Azonban Cicero hatása
e korban legnagyobb mértékben John Locke-nál figyelhető meg, aki őt,
valószínűleg minden más szerzőnél többre értékelve, a "truly great men" között
helyezi el.
A Cicero századának is tekinthető XVIII. században az amerikai
konstitucionalisták (alkotmányozók) csakúgy, mint egy évtizeddel később a
francia forradalom kiemelkedő képviselői, magukat a római köztársaság
utódainak tekintve, náluk már láthatóan az államforma komoly szerephez jut,
eszmei támogatást remélnek a művelt római államférfinál és pater patriae-nél
abban a hatalmas munkában, amely egy új társadalmi rend kialakítását célozta.
Marcus Tullius Cicero állambölcselete sajátos módon a konzervatív
gondolkodókat éppúgy vonzza, mint a progresszív eszmék iránt
elkötelezetteket. Edmund Burke éppúgy merít a gazdag és sokrétű cicerói
életműből, mint Saint Just.
A konzervatív gondolkodók a hagyományokhoz való visszatérést tartják
követendőnek a cicerói gondolatvilágban, a haladó, progresszív gondolkodók a
zsarnokság feltétlen elutasításának gondolatát hangsúlyozzák. A cicerói
állambölcselet joggal szolgál egyfajta interpretatio multiplex alapjául. Annak
ugyanis az elkötelezett köztársaságpártiság, a libertas hirdetése, az
önkényuralom elvetése, a mikté politeia, a magántulajdon sérthetetlenségének
eszméje, az arányos szociális és politikai egyenlőség tana, a természetes
arisztokrácia kissé homályos ideája és a mérsékelt, felvilágosult vallási és
38
episztemológiai szkepticizmus egyaránt részét képezi. A válogatásra tehát igen
bő lehetőség kínálkozik.
11. A filozófus Cicero megítélése lehet negatív, hiszen joggal fel lehet hozni
ellene olyan vádakat, mint a középszerűség vagy az eklekticizmus. Ennek
ellenére erősen túlzottnak tűnik Karl Marxnak ‒ igaz, a fiatal Marxnak ‒ 1839ből származó igen különös megállapítása, mely szerint Cicero éppoly keveset
tudott a filozófiáról, mint az Észak-Amerikai Egyesült Államok elnökéről. Tegyük
hozzá, hogy ezt az egyértelműen negatív és igen túlzó megállapítást Marx
annak ellenére teszi, hogy jól ismerte, vagy legalábbis felhasználta a De re
publica-t, a De legibus-t és a De officiis-t. Karl Marx nyilvánvalóan azért volt
ilyen szigorú Cicero iránt, mert a Kr. e. 63-as év consula nem volt híve az
aritmetikai társadalmi egyenlőségnek, nem harcolt a rabszolgaság ellen,
korának gyermekeként lebecsülte a fizikai munkát és gazdasági kérdésekben
az agrárius prekapitalista nézetet vallotta.
A politikus, államférfi Marcus Tullius Cicero negatív megítélésében Theodor
Mommsen véleménye játszik, pontosabban játszott döntő szerepet, aki ‒
szemben a számára az ideális politikusnak illetve államférfinak tekintett Julius
Caesarral ‒ mint határozatlan, másodrangú politikus a cursus honorum
valamennyi stációján. Nem hallgathatjuk el természetesen a Zielinski nevéhez
fűződő rehabilitáció tényét, melyre 1908-ban került sor, a "Cicero im Wandel der
Jahrhunderte" című, igen széles körben ismertté váló munka publikálásával.
12. Rehabilitálásra szorul Marcus Tullius Cicero mint állambölcselő, hiszen
Sir Frederick Pollock 1890-ben közzétett "Introduction to the History of the
Science of Politics" című munkájában így ír: "Nobody that I know of has yet
succeeded in discovering a new idea in the whole of Cicero's philosophical and
semi-philosophical writings" Pollock nyomán haladva Mulford Q. Sibley 1970ben kiadott "Political Ideas and Ideologies: A History of Political Thought" című
munkájában így fogalmaz: "Cicero was neither an original nor a particularly
profound social and political thinker".
Cicero, mint állambölcselő rehabilitálása nem csupán azért indokolt, mert oly
nagy hatással volt az európai kontinensen éppúgy, mint az észak-amerikai brit
kolóniákon illetve az Amerikai Egyesült Államokban a modern alkotmányok
megalkotóinak gondolkodására, hanem azért is, mert kétségtelenül ő az első
olyan gondolkodó a klasszikus (görög-római) antikvitásban, aki képes volt a
társadalommal több ponton összekapcsolt állam átfogó meghatározására.
Marcus Tullius Cicero elsőként különböztette meg az államot a
kormányzástól és ugyancsak elsőként fordított komoly figyelmet a kormányzati
(államépítő) munka gazdaságpolitikai elemeire, így a hitel, az adózás, az
adósság elengedés, a gabonaosztás, a földreform és az agrár-kolonizáció
kérdéseire. Elsőként vizsgálta együttesen az alkotmányos állam ‒ maga az
„alkotmány” szó, terminus technicus is mint erre Georg Jellinek utal az
alkotmányjogi irodalomban, a cicerói "rem publicam constituere" kifejezésből
származik ‒ gazdasági, jogi, politikai és morális elemeit. Ez a szemlélet
kétségtelenül idegen volt a görög (hellén) filozófusoktól, így Platóntól csakúgy,
mint Aristoteléstől. Az állam gazdasági szerepével pedig jó másfélezer évvel
később foglalkozik csak Jean Bodin, akit később John Locke követ ezen az
úton.
39
Gábor Hamza
13. Az állam atomizáló, parciális szemléletével radikális módon szakító
Marcus Tullius Cicero olyan univerzális, egyetemes műveltség (enkyklios
paideia) birtokában lévő mély gondolkodó, aki az államot (res publica) és annak
legtágabban értelmezett alkotmányát, alkotmányos berendezkedését,
struktúráját történeti, jogi, politikai, etikai, gazdasági és nem utolsósorban
pszichológiai elemek átfogó, komplex természetű vizsgálatával elsőként tárta
fel.
Recibido el 11 de octubre de 2013. Aceptado el 21 de octubre de 2013
40
APROXIMACIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES DE ADULTOS Y DE MENORES DESDE UN
PRISMA SOCIAL COMO FASE PREVIA A UNA
TRADUCCIÓN JURÍDICA
María Cristina TOLEDO BÁEZ y Verónica del VALLE CACELA
María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela (2013): “Aproximación a la
protección de datos personales de adultos y de menores desde un prisma
social como fase previa a una traducción jurídica”, Revista Crítica de Historia de
las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013). En
línea: http://www.eumed.net/rev/historia/07/proteccion-datos.html
RESUMEN: La finalidad del presente artículo es aproximarnos a la legislación
que tenemos a disposición en materia de protección de datos de adultos y de
menores a nivel europeo, español y británico, siempre desde el punto de vista
del traductor como parte de la documentación previa a una traducción. Con la
incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día, la protección de
datos en internet se ha convertido en una cuestión de interés social, máxime si
nos referimos a la protección de datos de menores. La protección de carácter
personal constituye un asunto jurídico muy de actualidad en el que el conflicto
entre la libertad de información y de tratamiento de los datos ‒junto con la
libertad de expresión y la intimidad‒ emerge como uno de los grandes temas
de nuestro tiempo y, además, provoca grandes y graves discrepancias
doctrinales como consecuencia del hecho de que las tecnologías de la
información y comunicación permiten nuevas maneras de injerencia en este
ámbito protegido que no se habían planteado hasta la fecha. Por este motivo,
se ha procedido a la realización de un análisis de Derecho comparado entre la
Unión Europea, España y Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del
Norte) a fin de llevar a cabo un encargo de traducción de documentos legales
en torno a la protección de datos.
PALABRAS CLAVE: Protección de datos personales de menores, Traducción,
Legislación, Unión Europea, España, Reino Unido.
ABSTRACT: The aim of this article is to study the legislation regarding children’s
data protection in the European Union, Spain and United Kingdom from a
translator’s perspective. As new technologies are introduced on a continuous
basis in our daily lives, data protection on Internet has become a major social
concern, particularly when it comes to children’s data protection, which takes on
greater relevance. Data protection is a legal issue of the utmost topicality in
which the conflict between freedom of information and data processing – along
with freedom of expression and privacy– emerges as one of the great
challenges of our time. Furthermore, it also leads to large and deep doctrinal
discrepancies as a result of the fact that Information and Communication

Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, Facultad de Educación, Universidad de
Murcia. [email protected].

Doctoranda del Programa de Doctorado en Literatura, Lingüística y Traducción, Universidad
de Málaga. [email protected].
41
María C. Toledo Báez y Verónica del Valle Cacela
Technologies imply new forms of interference which had not thus far been
addressed. As part of the documentation process prior to a translation, a
contrastive analysis of the legislation in the European Union, Spain and United
Kingdom (England, Wales, Scotland and Northern Ireland) is carried out.
KEY W ORDS: Children’s data protection, Translation, Law, European Union,
Spain, United Kingdom.
1. Introducción
A pesar de la variedad de escuelas y corrientes existentes en el campo de la
Traductología1, todas coinciden en un punto clave: traducir no se limita única y
exclusivamente a trasvasar contenido de una lengua a otra, sino que implica la
realización de otras muchas actividades, entre las cuales destaca la fase de
documentación. De hecho, como plantea Mayoral Asensio 2, “el trabajo de
traducción es en gran medida un problema de documentación”.
En consecuencia, la capacidad para documentarse por parte del traductor,
también denominada “subcompetencia heurística”3, “competencia profesional e
instrumental”4 o “infocompetencia”5, posee, de acuerdo con Hurtado Albir6, un
lugar central en el conjunto de destrezas o competencias que se le suponen al
traductor.
Además, esta competencia cobra aún más relevancia en la traducción
especializada, como es el caso que nos ocupa, ya que trabajaremos con textos
de cariz jurídico. En este punto, hemos de señalar que coincidimos plenamente
con Corpas Pastor y Solís Becerra cuando afirman que “toda traducción jurídica
requiere un ejercicio previo de derecho comparado”7, más aún cuando no sólo
se traduce entre lenguas, sino también entre ordenamientos jurídicos distintos,
como en nuestro caso, entre el Derecho continental o civil law y el Derecho de
origen anglosajón o common law.
En consecuencia, en las páginas posteriores, como parte de la fase
documental de un encargo de traducción con temática jurídica, nos
aproximaremos a la protección de datos personales de adultos y menores en la
Unión Europea, España y Reino Unido (Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del
1
Para un panorama completo sobre las distintas perspectivas dentro de la Traductología,
remitimos a A. Hurtado Albir, Traducción y Traductología. Introducción a la Traductología,
Cátedra, Madrid, 2001.
2
R. Mayoral Asensio, “La documentación en la traducción”, en J. De Agustín (ed.), Traducción,
interpretación, lenguaje, Fundación Actilibre, Madrid, 1994, p. 118.
3
G. Corpas Pastor, “La competencia traductora. A propósito del texto médico”, en C. Valero
Garcés e I. De la Cruz Cabanillas (eds.), Traducción y nuevas tecnologías. Herramientas
auxiliares del traductor. Encuentros en torno a la Traducción 4, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2001, p. 39.
4
R. Rabadán y P. Fernández Nistal, La traducción inglés-español: fundamentos, herramientas,
aplicaciones, Servicio de publicaciones de la Universidad de León, León, 2002, p. 396.
5
D. Sales Salvador, Documentación aplicada a la traducción: presente y futuro de una
disciplina, Ediciones Trea, Gijón, 2006, p. 13.
6
A. Hurtado Albir, “La enseñanza de la traducción directa ‘general’. Objetivos de aprendizaje y
metodología”, en A. Hurtado Albir (ed.), La enseñanza de la traducción, Universitat Jaume I,
Castellón, 1996, p. 62.
7
G. Corpas Pastor y J. Solís Becerra, “El contrato de aprovechamiento por turno en España y
Reino Unido: un enfoque comparado”, en Revista Europea de Derecho de la Navegación
Marítima y Aeronáutica, XXI-XXII (2005), p. 3.212.
42
Norte) mediante un ejercicio de Derecho comparado sobre la legislación en
materia de protección de datos.
2. Protección de datos: definición, alcance y marco jurídico
Con la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro día a día, la
protección de datos en internet se ha convertido en una cuestión de interés
social, máxime si nos referimos a la protección de datos de menores. La
protección de carácter personal constituye un asunto jurídico muy de actualidad
en el que el conflicto entre la libertad de información y de tratamiento de los
datos ‒junto con la libertad de expresión y la intimidad‒ emerge como uno de
los grandes temas de nuestro tiempo y, además, provoca grandes y graves
discrepancias doctrinales como consecuencia del hecho de que las tecnologías
de la información y comunicación permiten nuevas maneras de injerencia en
este ámbito protegido que no se habían planteado hasta la fecha.
Antes de abordar la legislación sobre la protección de datos personales de
adultos y menores, resulta preciso definir este concepto y para ello,
recurriremos a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), que en su artículo 3.a) da el siguiente
concepto de datos de carácter personal: “Cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o identificables”. Como puede constatarse, se
trata de una definición amplia8, donde son dos los elementos esenciales: uno
objetivo, la información, y otro subjetivo, relativo a la persona física. Tendrán,
por tanto, la condición de dato personal no sólo el nombre, los apellidos, el
número de afiliación, etc. de una persona física, sino “también imágenes,
sonidos y voces”. En esta dirección apunta la definición de datos de carácter
personal desarrollada por el artículo 5.1.f) del Real Decreto 1729/2007, de 21
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999: “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica,
fotográfica, acústica o de cualquier tipo concerniente a personas físicas
identificadas o identificables”.
A continuación, se realiza un análisis comparado del marco jurídico en
materia de protección de datos en la Unión Europea, España y Reino Unido
con el fin de señalar qué aspectos deberá tener presente un traductor que se
enfrente a textos con esta temática o, incluso, a textos que, aunque no traten
de forma explícita la protección de datos, por su contenido, sí lo traten de
manera implícita. Por tanto, la fase de pre-traducción servirá para discernir los
datos que podrán o no aparecer en un documento dependiendo de si dicho
texto se publica en Reino Unido o España.
2.1.1.
Marco jurídico en la Unión Europea
En la Unión Europea contamos principalmente con la Directiva 95/46/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre la
8
Cabe mencionar de que para que la información sea considerada “datos personales” no es
necesario que esté recogida en una base de datos o en un fichero estructurado. También la
información contenida en un texto libre en un documento electrónico puede calificarse de datos
personales, siempre que se cumplan los otros criterios de la definición de datos personales. El
correo electrónico, por ejemplo, contiene datos personales. Véase Directiva 95/46/CE, del
Parlamento Europeo y del consejo, relativa a la Protección de las Personas Físicas en lo que
respecta al tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos Datos, aprobada el
24 de octubre de 1995.
43
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos y la cual detalla en el artículo
3 en qué circunstancias se aplicará la misma:
«1. Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán al tratamiento
total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento
no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos
en un fichero.
2. Las disposiciones de la presente Directiva no se aplicarán al tratamiento
de datos personales:
- efectuado en el ejercicio de actividades no comprendidas en el ámbito de
aplicación del Derecho comunitario, como las previstas por las disposiciones de
los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea y, en cualquier caso, al
tratamiento de datos que tenga por objeto la seguridad pública, la defensa, la
seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado cuando dicho
tratamiento esté relacionado con la seguridad del Estado) y las actividades del
Estado en materia penal;
- efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales o domésticas».
Aunque en el artículo 13.1, también indica las limitaciones de las
obligaciones, si fuese necesario, para la salvaguardia de:
«a) la seguridad del Estado; b) la defensa; c) la seguridad pública; d) la
prevención, la investigación, la detección y la represión de infracciones penales
o de las infracciones de la deontología en las profesiones reglamentadas; e) un
interés económico y financiero importante de un Estado miembro o de la Unión
Europea, incluidos los asuntos monetarios, presupuestarios y fiscales; f) una
función de control, de inspección o reglamentaria relacionada, aunque sólo sea
ocasionalmente, con el ejercicio de la autoridad pública en los casos a que
hacen referencia las letras c), d) y e); g) la protección del interesado o de los
derechos y libertades de otras personas».
Sin embargo, la Directiva 95/46/CE se aplica junto a otras como son la
Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio
sobre el tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en
el sector de las comunicaciones electrónicas que derogó la Directiva 97/66/CE
y que a su vez, ha sido modificada por la Directiva 2006/24/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2006 sobre la conservación de los
datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de
comunicaciones, o la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo de 25 de noviembre que modifica la Directiva 2002/22/CE relativa al
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los
servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al
tratamiento de datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de
las comunicaciones electrónicas Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la
cooperación en materia de protección de consumidores.
Esta última directiva enumera en el artículo 5, uno de los más importantes,
los datos que se podrán conservar:
44
«a) datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una
comunicación:
1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:
i) el número de teléfono de llamada,
ii) el nombre y la dirección del abonado o usuario registrado;
2) con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y
telefonía por Internet:
i) la identificación de usuario asignada,
ii) la identificación de usuario y el número de teléfono asignados a toda
comunicación que acceda a la red pública de telefonía,
iii) el nombre y la dirección del abonado o del usuario registrado al que se le
ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de Protocolo
Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono;
b) datos necesarios para identificar el destino de una comunicación:
1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil:
i) el número o números marcados (el número o números de teléfono de
destino) y, en aquellos casos en que intervengan otros servicios, como el
desvío o la transferencia de llamadas, el número o números hacia los que se
transfieren las llamadas,
ii) los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios registrados;
2) con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet:
i) la identificación de usuario o el número de teléfono del destinatario o de los
destinatarios de una llamada telefónica por Internet,
ii) los nombres y direcciones de los abonados o usuarios registrados y la
identificación de usuario del destinatario de la comunicación;
c) datos necesarios para identificar la fecha, hora y duración de una
comunicación:
1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: la fecha y hora
del comienzo y fin de la comunicación,
i) la fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a
Internet, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del
Protocolo Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de
acceso a Internet a una comunicación, así como la identificación de usuario del
abonado o del usuario registrado,
ii) la fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de correo
electrónico por Internet o del servicio de telefonía por Internet, basadas en un
determinado huso horario;
d) datos necesarios para identificar el tipo de comunicación:
1) con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: el servicio
telefónico utilizado,
2) con respecto al correo electrónico por Internet y a la telefonía por Internet:
el servicio de Internet utilizado;
e) datos necesarios para identificar el equipo de comunicación de los
usuarios o lo que se considera ser el equipo de comunicación:
1) con respecto a la telefonía de red fija: los números de teléfono de origen y
destino,
2) con respecto a la telefonía móvil:
45
i) los números de teléfono de origen y destino,
ii) la identidad internacional del abonado móvil (IMSI) de la parte que efectúa
la llamada,
iii) la identidad internacional del equipo móvil (IMEI) de la parte que efectúa
la llamada,
iv) la IMSI de la parte que recibe la llamada,
v) la IMEI de la parte que recibe la llamada,
vi) en el caso de los servicios anónimos de pago por adelantado, fecha y
hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (el
identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;
i) el número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de
números,
ii) la línea digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del
autor de la comunicación;
f) datos necesarios para identificar la localización del equipo de
comunicación móvil:
1) la etiqueta de localización (identificador de celda) al comienzo de la
comunicación,
2) los datos que permiten fijar la localización geográfica de la celda,
mediante referencia a la etiqueta de localización, durante el período en el que
se conservan los datos de las comunicaciones.
2. De conformidad con la presente Directiva, no podrá conservarse ningún
dato que revele el contenido de la comunicación».
2.2. Marco jurídico en España
En España, la principal norma es la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal (LOPD) donde nos
encontramos con los dos primeros apartados del artículo 4 que nos señalan
que:
«1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su
tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados,
pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades
determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.
2. Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse
para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran
sido recogidos. No se considerará incompatible el tratamiento posterior de
éstos con fines históricos, estadísticos o científicos».
Se intenta garantizar con este artículo que la información personal que la
persona ceda, no sea usada de manera fraudulenta. Sin embargo, para que
esta información sea legalmente adquirida y usada, el artículo 5 dispone que se
debe informar:
«a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter
personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la
información. b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las
preguntas que les sean planteadas. c) De las consecuencias de la obtención de
46
los datos o de la negativa a suministrarlos. d) De la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. e) De la identidad y
dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante».
Además, se debe tener en cuenta que la LOPD será aplicada según reza en
el artículo 2.1:
«a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de
las actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento; b)
Cuando al responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le
sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho
Internacional público; c) Cuando el responsable del tratamiento no esté
establecido en territorio de la Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos
medios situados en territorio español, salvo que tales medios se utilicen
únicamente con fines de tránsito».
En el mencionado artículo, también nos indica los casos en los que no se
aplicará la ley así como los que, por sus características especiales, se rijan
tanto por la LOPD como por otra normativa. No obstante, el intercambio de
datos fuera de España también se contempla en la LOPD. Concretamente, el
artículo 33.1, reza:
«No podrán realizarse transferencias temporales ni definitivas de datos de
carácter personal que hayan sido objeto de tratamiento o hayan sido recogidos
para someterlos a dicho tratamiento con destino a países que no proporcionen
un nivel de protección equiparable al que presta la presente Ley, salvo que,
además de haberse observado lo dispuesto en ésta, se obtenga autorización
previa del Director de la Agencia de Protección de Datos, que sólo podrá
otorgarla si se obtienen garantías adecuadas».
Sin embargo, en España, también se debe tener presente la Ley 25/2007 de
18 de octubre sobre la conservación de datos relativos a las comunicaciones
electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, en cuyo artículo 5 se
nos indica que el periodo máximo de conservación de datos personales será de
12 meses, pudiendo reducirse a 6 meses o ampliarse a 2 años según el caso.
Sin lugar a dudas, esta información junto a los datos que se recopilan son dos
de los puntos que más interesan a nivel social y que, como se puede
comprobar, siguen las directivas de la Unión Europea en esta materia.
Tampoco se pueden discriminar otras normas como son el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de
desarrollo de la LOPD o el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero por el que se
regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración
electrónica.
2.3. Marco jurídico en Reino Unido (Gales, Inglaterra, Escocia e Irlanda del
Norte)
En lo que concierne al Reino Unido, la norma que se aplica es la Data
Protection Act de 1998, que tiene validez en todo el territorio y que abarca
todos los aspectos de la protección de datos como, por ejemplo, los derechos y
obligaciones de todos los actores que intervienen en el proceso.
47
En esta ley se subraya que la aplicación de la norma se ciñe a los entes
establecidos en Reino Unido como se explica en el artículo 5:
«(1) Except as otherwise provided by or under section 54, this Act applies to
a data controller in respect of any data only if‒
(a) the data controller is established in the United Kingdom and the data are
processed in the context of that establishment, or
(b) the data controller is established neither in the United Kingdom nor in any
other EEA State but uses equipment in the United Kingdom for processing the
data otherwise than for the purposes of transit through the United Kingdom.
(2) A data controller falling within subsection (1) (b) must nominate for the
purposes of this Act a representative established in the United Kingdom.
(3) For the purposes of subsections (1) and (2), each of the following is to be
treated as established in the United Kingdom‒
(a) an individual who is ordinarily resident in the United Kingdom,
(b) a body incorporated under the law of, or of any part of, the United
Kingdom,
(c) a partnership or other unincorporated association formed under the law of
any part of the United Kingdom, and
(d) any person who does not fall within paragraph (a), (b) or (c) but maintains
in the United Kingdom‒
(i) an office, branch or agency through which he carries on any activity, or
(ii) a regular practice;
and the reference to establishment in any other EEA State has a
corresponding meaning».
No obstante, también hay varios apartados dedicados a la transferencia de
datos entre países, siendo el apartado octavo del Schedule 1 el que refleja de
manera más general, las condiciones que deben darse para que el intercambio
de información esté dentro de la legalidad británica:
«Personal data shall not be transferred to a country or territory outside the
European Economic Area unless that country or territory ensures an adequate
level of protection for the rights and freedoms of data subjects in relation to the
processing of personal data».
Si bien, se deberá tener en cuenta dos normas más como son la Consumer
Protection (Distance Selling) Regulations de 2000 nº 2334, la cual fue
modificada en 2005 y la Privacy and Electronic Communications (EC Directive)
Regulations de 2003 nº 2426. En varios apartados del artículo 7 de esta última
norma, se enumeran algunas opciones para la eliminación o cancelación de los
ficheros con datos personales:
«(1) Subject to paragraphs (2) and (3), traffic data relating to subscribers or
users which are processed and stored by a public communications provider
shall, when no longer required for the purpose of the transmission of a
communication, be‒
(a) erased;
(b) in the case of an individual, modified so that they cease to constitute
personal data of that subscriber or user; or
48
(c) in the case of a corporate subscriber, modified so that they cease to be
data that would be personal data if that subscriber was an individual.
(2) Traffic data held by a public communications provider for purposes
connected with the payment of charges by a subscriber or in respect of
interconnection payments may be processed and stored by that provider until
the time specified in paragraph (5).
(3) Traffic data relating to a subscriber or user may be processed and stored
by a provider of a public electronic communications service if‒
(a) processing and storage are for the purpose of marketing electronic
communications services, or for the provision of value added services to that
subscriber or user; and
(b) the subscriber or user to whom the traffic data relate has given his
consent to such processing or storage; and
(c) such processing and storage are undertaken only for the duration
necessary for the purposes specified in subparagraph (a)».
Tras estudiar la legislación en la Unión Europea, España y Reino Unido,
consideramos oportuno señalar las instituciones encargadas de informar y velar
por el cumplimiento de la normativa en España y Reino Unido.
2.4. Agencia Española de protección de datos
Se trata de un ente independiente cuyo principal cometido es que se cumpla
la normativa española en materia de protección de datos de carácter personal.
Para ello, ofrece una serie de servicios como son de tipo informativo para todo
aquel que tenga alguna duda sobre sus derechos, así como de tipo jurídico en
los casos en los cuales se hayan vulnerado los mismos.
Además, a través de su página web9, se puede encontrar la legislación
vigente en protección de datos a nivel estatal y autonómico en España, pero
también viene recogida la legislación internacional: Unión Europea, Consejo de
Europa, Iberoamérica, OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos), Naciones Unidas, junto a enlaces directos a
instituciones de la misma índole en otros países.
Por tanto, este ente, cuyo estatuto se rige por el Real Decreto 428/1993 de
26 de marzo es una herramienta esencial para entender la amplitud de la
normativa antes señalada.
2.5. ICO (Information Commissioner’s Office)
Al igual que la Agencia Española de Protección de datos, ICO es un ente
independiente encargado de velar por el cumplimiento de la legislación en
materia de protección de datos en Reino Unido.
A través de su página web10 encontraremos toda la normativa británica,
además de explicaciones sencillas sobre los derechos que toda persona tiene
sobre sus datos personales, así como los pasos a seguir para poner una
denuncia.
9
Véase la dirección de la AEPD. [En línea: http://www.agpd.es].
Para más información sobre la ICO, visítese su sitio web oficial [En línea puede verse en:
http://www.ico.org.uk].
10
49
Sin embargo, esta institución no sólo está disponible a través de su web sino
también a través de redes sociales como Twitter 11 o Facebook12, e incluso en
YouTube13.
3. Los menores en la red
Una de las cuestiones que más preocupa a nivel social es la obtención de
datos de menores de edad. Este supuesto está recogido tanto en la normativa
española como en la británica, existiendo importantes diferencias entre ambas
a la hora de delimitar la edad en la que un menor se considera suficientemente
responsable para saber qué datos está aportando a través de la red.
3.1. Protección en España
La normativa española señala que a todo menor de 14 años se le deberá
pedir el consentimiento de sus padres para el tratamiento de sus datos,
mientras que si supera dicha edad, no será necesario al menos que se solicite
expresamente. Además, no se podrá recabar información personal de los
familiares del menor.
Estas, y otras condiciones, las encontramos en el artículo 13 del Real
Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, y que reza:
«1. Podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de catorce
años con su consentimiento, salvo en aquellos casos en los que la Ley exija
para su prestación la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En
el caso de los menores de catorce años se requerirá el consentimiento de los
padres o tutores.
2. En ningún caso podrán recabarse del menor datos que permitan obtener
información sobre los demás miembros del grupo familiar, o sobre las
características del mismo, como los datos relativos a la actividad profesional de
los progenitores, información económica, datos sociológicos o cualesquiera
otros, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. No obstante, podrán
recabarse los datos de identidad y dirección del padre, madre o tutor con la
única finalidad de recabar la autorización prevista en el apartado anterior.
3. Cuando el tratamiento se refiera a datos de menores de edad, la
información dirigida a los mismos deberá expresarse en un lenguaje que sea
fácilmente comprensible por aquéllos, con expresa indicación de lo dispuesto
en este artículo.
4. Corresponderá al responsable del fichero o tratamiento articular los
procedimientos que garanticen que se ha comprobado de modo efectivo la
edad del menor y la autenticidad del consentimiento prestado en su caso, por
los padres, tutores o representantes legales».
11
Más información en el Twitter de ICO [En línea: https://twitter.com/iconews].
Veáse la página de Facebook de ICO [En línea: https://www.facebook.com/ICOnews].
13
Consúltese la página de YouTube de ICO [En línea: http://www.youtube.com/user/
icocomms].
12
50
3.2. Protección en Reino Unido
En lo que respecta a Reino Unido, nos encontramos con el artículo 66 de la
Data Protection Act de 1998, el cual se centra sólo en el derecho de los
menores en Escocia, que apunta a que se podrá recabar información de todo
menor de 12 o mayor de esta edad siempre y cuando se le haya informado y
entendido claramente de sus derechos:
«(1) Where a question falls to be determined in Scotland as to the legal
capacity of a person under the age of sixteen years to exercise any right
conferred by any provision of this Act, that person shall be taken to have that
capacity where he has a general understanding of what it means to exercise
that right.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), a person of twelve
years of age or more shall be presumed to be of sufficient age and maturity to
have such understanding as is mentioned in that subsection».
Justamente ICO14 señala que cualquier información que se pida a un menor
debe ser clara y entendible para el mismo, pues no tiene la misma capacidad
de comprensión que un adulto y, además, añade que cuando se le pida datos
personales, se necesitará el consentimiento de los padres, al menos que se
piense que el menor está suficientemente capacitado para tomar él la decisión.
De hecho, indican que la legislación británica en esta materia no determina la
edad en la que un menor está capacitado para entender esta situación y decidir
sobre la misma:
«Websites that collect information from children must have stronger
safeguards in place to make sure any processing is fair. You should recognise
that children generally have a lower level of understanding than adults, and so
notices explaining the way you will use their information should be appropriate
to their level, and should not exploit any lack of understanding. The language of
the explanation should be clear and appropriate to the age group the website is
aimed at. If you ask a child to provide personal information you need consent
from a parent or guardian, unless it is reasonable to believe the child clearly
understands what is involved and they are capable of making an informed
decision.
The Act does not state a precise age at which a child can act in their own
right. It depends on the capacity of the child and how complicated the
proposition being put to them is».
No obstante, aconsejan que siempre se pida el consentimiento de los padres
a cualquier menor que esté entre los 12 años, o menos, y los 16.
14
Véase el documento “Data Protection Good Practice Note” redactado por ICO en 2007. [En
línea:
http://194.109.159.7/tna/20100712052614/http://ico.gov.uk/upload/documents/library/
data_protection/practical_application/collecting_personal_information_from_websites_v1.0.pdf].
51
4. Los datos personales y las cookies
En cuestión de datos personales e Internet, existe otro punto a tener en
cuenta a la hora de hablar de protección de datos y que a nivel social puede
pasar más desapercibido. Nos referimos a las llamadas cookies.
Las cookies envían información almacenada en el navegador al sitio web
que estemos visitando de manera que éste pueda consultar la actividad del
usuario en la misma. Esta información suele ser nuestro historial de
navegación, contraseñas o nombre de usuario.
En la mayoría de páginas, aparece un mensaje advirtiéndonos de la
existencia de dichas cookies y nos instan a leer la política de privacidad
relacionada con las mismas e incluso, en algunos casos, nos piden nuestro
consentimiento para que se usen las cookies.
Debido a la información que las cookies pueden llegar a recopilar, se incluyó
un apartado específico en la última revisión conocida15 de la LSSI y la Agencia
Española de Protección de Datos creó una guía informativa 16. Por otro lado, en
Reino Unido, la incluyeron en Privacy and Electronic Communications (EC
Directive) (Amendment) Regulations 2011 (UK Regulations)17 e ICO también
desarrolló una guía18 al respecto. En ambos casos, se seguían las directrices19
dadas por la Unión Europea.
5. Conclusiones
En el presente artículo nos hemos aproximado a la protección de datos
personales de adultos y menores desde una perspectiva no jurista, sino en
calidad de traductores profesionales que, ante un encargo de traducción
jurídica, han de documentarse previamente y realizar un ejercicio de Derecho
comparado.
Respecto a la legislación sobre protección de datos personales de adultos,
hemos podido comprobar que tanto la legislación española como la británica
coinciden en varios aspectos sobre la aplicación de la normativa en materia de
protección de datos, teniendo en cuenta no sólo los principales límites
geográficos –recordemos que ambas jurisdicciones delimitan el cumplimiento
de su normativa al área que comprende su territorio– sino, también, las
circunstancias en las que concurra la obtención de esos datos, ya que se
pueden obtener telefónicamente o a través de formularios de internet, por
poner algunos ejemplos. Además, como se ha podido ver, existen límites en el
intercambio de información pero, a su vez, estos límites tienen excepciones,
15
Dicha revisión se llevó a cabo en 2012.
Guía informativa titulada “Guía sobre el uso de las cookies” [En línea: https://www.agpd.es/
portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/Guia_Cookies.pdf].
17
Consúltese en la siguiente URL [En línea: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2011/1208/
contents/made].
18
Guía titulada “Cookies” [En línea: http://ico.org.uk/for_organisations/privacy_and_electronic_
communications/the_guide/cookies]
19
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 ,
por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de
los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la
Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la
intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) n o 2006/2004
sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores Texto pertinente a efectos
del EEE.
16
52
por lo que hay que poner mucha información a disposición del usuario para que
sepa fielmente lo que sucede con los datos personales que entrega para así,
cumplir con la legalidad.
En lo que concierne a la protección de datos personales de menores, cabe
destacar el hecho de que la legislación española incluye, entre sus supuestos,
a los menores de edad para que no se vulneren sus derechos, mientras que en
la legislación británica es más difícil encontrar legislación específica para estos
casos, a pesar de contar en su normativa con numerosos supuestos en los que
se maneja diariamente información personal de los habitantes de Reino Unido.
Una de las diferencias más destacables en la normativa de ambos países es el
hecho de que en España se deberá pedir el consentimiento de los padres para
acceder a los datos de niños menores de 14 años, mientras que en Reino
Unido se aconseja pedirlo pero no es obligatorio, según la información que
hemos podido recopilar.
Por tanto, y conociendo todos estos datos, podemos concluir que la
información a la que un traductor puede enfrentarse en textos de esta índole
varía, principalmente, dependiendo del tipo de usuario ya que, como hemos
mencionado anteriormente, si el documento español requiere los datos
personales de menores de 14 años, deberá incorporar unas cláusulas para
obtener el consentimiento de los padres por lo que estaremos transfiriendo del
español al inglés, información de adultos y de menores, mientras que en el
caso contrario, al menos que lo especifique el documento inglés, estaremos
trasladando sólo los datos del menor en nuestra traducción del inglés al
español. Por este motivo, podría ser aconsejable que nuestra traducción directa
incluyese alguna nota del traductor que indicase que en Reino Unido no se
requiere expresamente el consentimiento de los tutores legales del menor, ya
que en España sí es obligatorio cuando no son mayores de 14 años.
53
[El presente artículo ha sido realizado parcialmente en el seno de los
proyectos "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para
traductores" (n. ref. FFI2012-38881, 2012-2015. MEC), "TRADICOR: Sistema
de gestión de corpus para la innovación didáctica en traducción e
interpretación" (PIE 13-054) y "TERMITUR: Diccionario inteligente
TERMInológico para el sector TURístico (alemán-inglés-español)" (Ref.
HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)].
54
ON SEVILLIAN GUILDS TOWARDS THE END
OF THE 11th CENTURY
Eduardo ESCARTÍN GONZÁLEZ
Francisco VELASCO MORENTE
LUIS GONZÁLEZ ABRIL
Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente, Luis GonzálezAbril (2013): “On Sevillian guilds towards the end of the 11 th century”, en
no 7 (diciembre 2013). Ver en línea en: www.eumed.net/rev/historia/07/sevillianguilds.htm.
ABSTRACT: In the third decade of the 20th century, Lévi-Provençal discovered an
Arab manuscript by the ishbīlī Ibn cAbdūn, that dealt with the commercial and
artisan practices in Seville at the end of the 11 th century. In the document there
were references to the offices and personages who had to perform certain
functions in various professions. From this manuscript, Lévi-Provençal deduced
the existence of 11th-century Islamic guilds in Seville. This idea was assumed
by Spanish historians, even up until the final decade of the 20 th century. In the
present article, the basis which sustained such an idea is analyzed with
particular emphasis on the treatise by Ibn cAbdūn, since this is the only work
that describes the economy of Seville at the time of Classic Islam (before the
12th century), and since this is the principal historical source cited by recent
historians as a guarantee of the existence of Sevillian guilds during the Classic
Islam; however, other manuscripts of Islamic authors of al-Andalus, and articles
of contemporary authors are also taken into account. The result of our
investigation disproves the existence of 11th century Islamic guilds in Seville.
KEY WORDS: Middle Ages, Islam, Al-Andalus, Guild, Arabian market, Souk and
Consumers.
RESUMEN: En la tercera década del siglo XX Lévi-Proveçal descubrió un
manuscrito árabe del išbīlī Ibn cAbdūn, donde se tratan las prácticas
comerciales y artesanales en Sevilla a finales del siglo XI. En él hay referencias
a los oficios y a personajes que debían cumplir determinadas funciones sobre
la profesión. De ahí Lévi-Provençal dedujo la existencia de gremios islámicos
en Sevilla. Esta idea resultó ser sugestiva y fue asumida por historiadores
españoles del siglo XX, incluso en la década final de ese siglo. En el presente
artículo se analizan las bases que sustentaron tal idea, haciéndose especial
hincapié en el Tratado de Ibn cAbdūn por ser la única obra que se refiere a la
economía de Sevilla en la época del islam clásico (antes del siglo XII) y la
principal fuente histórica mencionada por dichos historiadores recientes como
garantía de la existencia de gremios sevillanos durante el islam; sin embargo,
también se tendrán en cuenta otros manuscritos de autores islámicos de alAndalus y artículos de autores contemporáneos. El resultado de nuestra
investigación refuta la existencia de gremios islámicos en la Sevilla del siglo XI.
* Grupo COSDE. University of Seville. [email protected], [email protected] and [email protected].
** Unless otherwise stated, English translations of quotations are ours.
55
PALABRAS CLAVE: Edad media, Islam, Al-Andalus, Relaciones laborales,
Gremios, Zoco, Consumidores.
1. Introduction
The existence of guilds in Seville in an epoch as early as that of the Classic
Islam, that is to say before the 12th century, was an idea spread in the third
decade of the last century. Some historians adhered without any debate to the
opinion of the French medievalist Lévi-Provençal. This historian discovered an
Arabic manuscript in Morocco on commercial life in the city of Seville. He made
it known in the above mentioned language and published it under the title Un
document sur la vie urbaine et les corps de métiers à Séville au début du XII e
siècle: Le traité d’Ibn cAbdūn (1934). Gabrieli, without the consent of the Gallic
historian, edited it in Italian: Il trattato censorio di Ibn cAbdūn sul buon governo
di Siviglia (1936). Years later, Lévi-Provençal published it in French: Séville
musulmane au début du XIIe siècle: Le traité d’Ibn cAbdūn sur la vie urbaine et
les corps de métiers; traduit avec une introduction et des notes par E. LéviProvençal (1947). In Spanish there is the version of García Gómez and LéviProvençal entitled: Sevilla a comienzos del siglo XII. El tratado de Ibn cAbdūn
(1948). The great Arabist García Gómez was a Spanish collaborator of LéviProvençal.
The first edition of the manuscript was in Arabic, in spite of its title being in
French. In our opinion, such a title was chosen because it seemed to its
discoverer to be more evocative: A document on the urban life and the guilds in
Seville at the beginning of the 12th century. This title was essentially kept in the
French edition that followed. It is of note, however, that no mention of guilds is
made in the title or text of the Italian version; nor does it appear in the title of the
Spanish version, although in the text of the Spanish version such a word is
continuously repeated. Hence, by reading the tract in Italian, it is not obvious
whether there were guilds in Islamic Seville. This is clarified in this paper, where
texts of Ibn cAbdūn are transcribed in Italian from Gabrieli’s traslation. Gremio
was chosen (in the Spanish version) and corp de métier (in the French version)
to designate such ordinary elements of the Sevillian economy as are the arts
and crafts, and to raise them to the category of an Islamic institution in alAndalus in the 11th and 12th centuries. Curiously, several historians assumed
this anachronistic transformation of the concept and the institution without any
critique. Furthermore, by spreading the idea, they created a doctrine lasting until
almost the present day.
The existence of Islamic guilds in Seville in the 11 th century was therefore
accepted by certain Spanish researchers.1 González Arce and García Sanjuán
even maintain that the mainland Christian guilds owe their origins to Islamic
guilds after the conquests.2 Seco de Lucena was a pioneer with respect to the
1
Among these: L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, in Revista del Trabajo,
Vol. 34, 1942, p. 853-855; T. de Aquino García y García, La corporación laboral en la historia
de Sevilla, Sevilla, Gráficas Tirvia, 1951; J. D. González Arce, “Sobre el origen de los gremios
sevillanos”, in En la España Medieval, Vol. 14, 1991, p. 163-182; F. García de Cortázar and J.
González Vesga, Breve historia de España, Barcelona, Círculo de Lectores, 1995, p. 141-143;
A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus a través de los manuales de
ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, 1997, p. 201-233.
2
J. D. González Arce, “Sobre el origen de los gremios sevillanos”, in En la España Medieval,
Vol. 14, 1991, p. 163-182, and A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus
56
Eduardo Escartín González, Francisco Velasco Morente, Luis González-Abril
Islamic origin of the guilds and went even further when he suggested the idea
that the European pilgrims, while carrying out the pilgrimage of Santiago, were
imbued with guild culture, and upon returning to their countries, they then
spread it around Central Europe.3 Some recent historians, such as Collantes de
Terán, support the idea of Islamic guilds in al-Andalus, but have ruled out only
the idea of the Islamic influence in the Castilian guilds.4 Initially, Chalmeta5
believed in these guilds in al-Andalus, but later ended up dismissing them.6 One
Spanish historian who has never accepted them is Romero.7 However, these
two latter historians barely give any arguments in support of the non-existence
of guilds in al-Andalus. This article demonstrates that these guilds did not exist;
therefore, the innovation of this article is based on reasons that support the nonexistence of guilds in al-Andalus. Here the investigation is restricted to the
Sevillian area towards the end of the 11th century, although other Islamic zones
will be considered, such as that of Malaga one century later or Cordova in the
9th century.
The Christian conquest of Seville in 1248 deserves a special mention due to
its singularity and because it tends to be used as a paradigm to illustrate the
survival of the Islamic Sevillian guilds after the change of sovereignty, for
example, Seco de Lucena.8 It turns out that the Islamic Sevillian guilds never
could have survived; primarily, because they never existed in the first place
(according to the thesis demonstrated in this paper), and, in the second place,
since very few Muslims remained in Seville after the change of sovereignty.
Romero states that some of them stayed after Seville had been conquered and
«the neighbourhood of the Moorish quarter and a mosque were assigned to
them.»9 On the Moslem inhabitants of Seville, Mena writes:10 «Saint Fernando
demanded that they deliver the city to him empty of inhabitants, so they all had
to go to Morocco, Malaga or Granada.» According to the chronicles, about
300,000 souls were exiled from Seville.11
King Fernando III had to repopulate the city and the rest of the previously
Islamic kingdom of Seville with people of Castile and Christians of other origins.
On the distribution and the repopulation of Andalusia in the 13 th century,
a través de los manuales de ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, 1997, p.
201-233.
3
L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, in Revista del Trabajo, Vol. 34, 1942, p.
853-855.
4
A. Collantes de Terán, “La formación de los gremios sevillanos. A propósito de unos
documentos sobre los tejedores”, in En la España Medieval, Madrid, 1980, p. 89-104.
5
P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba” [Book of the good government of the souk by al-Saqaṭī);
translation into Spanish in Al-Andalus, XXXII/1, p. 125-162; XXXII/2, p. 359-397; XXXIII/1, p.
143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and Granada, 1967 and 1968.
6
P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al estudio
de la historia del mercado, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1973; and P. Chalmeta,
“Organización artesano-comercial de la ciudad musulmana”, in Simposio Internacional sobre la
Ciudad Islámica: ponencias y comunicaciones, Zaragoza, Institución Fernando el Católico,
1991.
7
V. Romero, Los gremios de Sevilla, Sevilla, Padilla Libros Editores & Libreros, 2001.
8
L. Seco de Lucena, “Origen islámico de los gremios”, en Revista del Trabajo, Vol. 34,1942, p.
854-855.
9
V. Romero, Los gremios de Sevilla, p. 42.
10
J. M. de Mena, Historia de Sevilla, Barcelona, Plaza & Janés, 1991, p. 97.
11
Ídem, p. 97.
57
González Jiménez's study can be consulted.12 In our opinion, under such
conditions, it was not necessary to respect charters to the Muslims, neither
common rights nor labour law, since there was hardly anybody to whom they
could be applied. Romero says that «neither are there traces of a structure of
trades» among the Jews and Moors who remained after the Christian
conquests.13
Bearing these facts in mind and that in 1236 the Jurisdiction of Toledo was
implemented in Cordova when it was conquered, it is not surprising that Seville
was also given the same legal code. Mena narrates the event this way: 14
Occupied was the city when King Saint Fernando began to reorganize the
local life, designating as archbishop the prelate don Remondo or Ramon, who
had accompanied him in the conquest. «Good and big tenements of villas,
castles and great rich places were donated to the church of Santa Maria.» He
arranged the Town Council and Regiment of the city; he named many
magistrates and officials, giving as ordinance and municipal legislation the
"Municipal and general Jurisdiction from Toledo," granting to the Sevillian
gentlemen the same benefits that were enjoyed by those of Toledo; and to
those of the neighbourhood of Francos street, the king granted "tax exemption"
or the right to buy, sell, and exchange freely and without taxes, thereby giving
its name to this street. [In Spanish, franco = free].
He distributed the properties in both urban and rural parts of the city and
region, [...].
In the notebook of distributions, the lands, cultivation, and buildings which the
king granted to gentlemen, princes, and churches appear in detail.
It is also necessary to take into account the customs of the period. According
to these, privileges which only affected the relations among the conquered
people were granted if they surrendered before the city walls were stormed.
Privileges were never granted if the city had to be taken by storm. For example,
if the people yielded they were allowed to practise their religion, to keep the
mosque, and to apply the Koran to solve their own litigations. Nevertheless,
these privileges never pertained to the relationship between the conquered and
the victors. In this last case, such relationships were solved according to the
norms of the conquerors. Furthermore, adherence to the terms of agreement of
surrender was not guaranteed.
This happened in Toledo, where soon the agreement was violated and the
main mosque was turned into a cathedral, as Salrach reports.15 Therefore, it is
unthinkable that, after the conquests, Islamic regulations of any supposedly
existing guild were left in effect, since said regulations would have affected the
Christian royal exchequer and consumers.
Consequently, it can be deduced that the Sevillian guilds after the middle of
the 13th century were entirely of Castilian origin. On the other hand, in order for
12
M. González Jiménez, “Orígenes de la Andalucía cristiana”, in Historia de Andalucía I: La
Andalucía dividida (1031-1350), Madrid, CUPSA Editorial, and Barcelona, Editorial Planeta,
1980.
13
V. Romero, Los gremios de Sevilla, p. 28-31.
14
J. M. de Mena, Historia de Sevilla, p. 100.
15
J. M. Salrach, “Feudalismo y expansión (siglos XI-XIII)”, in A. Domínguez Ortiz (dir.), Historia
de España, Vol. 3, chapter 3, Barcelona, Editorial Planeta, 1989, p. 270.
58
a guild to prosper, it is necessary to increase the demand and the number of
producers that take care of it; and hence the guilds in Seville would have taken
time to consolidate, since the city had passed from being populous to having an
insignificant number of inhabitants.
According to the estimation transmitted by González Jiménez, in 1253 Seville
had approximately 4,800 inhabitants16. Furthermore, in Castile, corporate
privileges were only granted by the king, and he granted these case by case.
There, the craftsmen already had a tendency to organize privately in the middle
of the 13th century, although their agreements were voided by law. Thus, it was
proclaimed incisively by the Castilian king Alfonso X, the Wise, in the code Las
Siete Partidas:17
Merchants enter into combinations and agreements among themselves
taking oaths, and forming brotherhoods for the purpose of aiding one another,
establishing prices as to how much a yard they shall pay for every kind of cloth,
and also how much they will give according to the weight and measure of other
articles, and no less. Moreover, artisans enter into combinations among
themselves as to the prices they will pay for each of the articles which they
make use of in their trades. They also enter into agreements that no one else
can work at their trades, except those whom they receive in their associations,
and moreover that those received in this way shall none of them finish what
others have begun. They also established a combination of another kind, by
which they agreed not to teach their trades to others, excepting such as are
descended from their own families; and for the reasons that many wrongs have
resulted therefrom, we decree that any brotherhoods, contracts, or
combinations, such as those aforesaid, or any similar to them shall be
established with the knowledge and consent of the king, and that if this is done
without said knowledge and consent, they shall not be valid; and also that all
those who establish any in this way from this time forward, shall forfeit all their
property to the king, and that in addition to this they shall be banished forever
from the country. We also decree that where the superior judges of a town
consent to the establishment of said combinations, or if after they have been
established, they do not cause them to be dissolved, if they are aware of their
existence, or do not send word to the king that he may dissolve them, they shall
pay to the king fifty pounds of gold.
2. The guilds in their medieval context
The guilds were widespread, typically medieval, work institutions which, in
some countries, lasted until the 18th century and even the beginning of the 19th
century. Historical precedents of organizations of the professions had already
been in existence, although they cannot be considered equal to the medieval
guilds. In the populous cities under the Roman Empire, craftsmen of the same
16
M. González Jiménez, “Orígenes de la Andalucía cristiana”, in Historia de Andalucía I: La
Andalucía dividida (1031-1350), Madrid, CUPSA Editorial, and Barcelona, Editorial Planeta,
1980, p. 143.
17
Alfonso X, Las Siete Partidas, Vol. IV: “Family, Commerce, and the Sea”; “The Worlds of
Women and Merchants”; Part V, Title VII, Law II, translated into English by Samuel Parsons
Scott; edited by I. Robert and S. J. Burns, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001,
p. 1056-1057.
59
trade were meeting in collegia. Dopsch believes that, in some kingdoms arisen
from the collapse of the Roman Empire, the collegia survived and turned into
the guild organization.18 Among these appears the Visigothic kingdom, which
ended up settling in Roman Spain. Dopsch bases the survival of the collegia of
the Visigothic kingdom on what, at the beginning of the 7th century, Isidore of
Seville said about the collegiati: «they were very humble people who were
populating the cities.»19 Such an affirmation rests on the authority of Stutz.20
However, apparently the latter author must have also spoken by hearsay since
it would be incomprehensible to extract that theory from directly reading the
book of Isidoro of Seville.
Let us see what Isidoro of Seville textually writes:21
They are called collegiati those who have committed some crime and find
themselves submitted under the custody of some collegio. They are debased
riffraff, children of unknown father. [Collegiati dicuntur, quod ex eorum collegio
custodiisque deputentur, qui facinus aliquod commiserunt. Est enim
sordidissimun genus hominun patre incerto progenitum.]
From such a phrase it is not possible to know the role of the collegio, but it is
very clear that the collegiati considered by Saint Isidore were not members of a
guild, but a few low criminals who, instead of being in a jail, were interned and
guarded in some collegio; this not necessarily being a craft workshop belonging
to a productive organization of a guild type.
Since the growth of the cities and of the urban handcraft economy in alAndalus existed previous to that of Christian Europe, the question arises
regarding whether these corporations also developed in Classic Islam. In fact,
as already mentioned, there are historians inclined to consider the existence of
guilds in Islamic Seville. To support this idea, some historians take the ḥisba
handbooks as their documentary source.22
Among these, that of the ishbīlī (Sevillian) Ibn cAbdūn stands out, Risāla fī-lqaḍā wa-l-ḥisba [Treatise on the Judiciary and the ḥisba] of the end of the 11th
century, and is the most commonly referenced and the only ḥisba handbook
which mentions Seville. There are references to the crafts, ṣinā‘a [arts, crafts,
trades], and to the personage called amīn [faithful, fiduciary; in Spanish, alamín
and amín], whose incorrect translations, one word into guild (ṣinā‘a) and
another word into syndic (amīn), have induced the belief of the existence of
Islamic guilds in Seville. In order to find out whether they existed, the focus of
this article is on the analysis of the text by Ibn cAbdūn, without forgetting other
ḥisba handbooks of which only three are concerned with al-Andalus.
18
A. Dopsch, Fundamentos económicos y sociales de la cultura europea (De César a
Carlomagno), Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1982 [1918], p. 456-457.
19
Ídem, p. 457.
20
Who wrote the article, “Das karoling Zehentgebot”, in Zeitschrift der Savigny-Stiftung für
Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung, Vol. XXIX, 1908.
21
I. de Sevilla, Etimologías, Vol. I, bilingual edition by Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
2000, p. 779.
22
ḥisba is a term that, without being from the Koran, was assimilated into the legal principle of
the Koran for eradicating the evil and fomenting the good; it was used by means of a magistrate
of the souk, al-muḥtasib [in Spanish: almotacén], to censure the bad customs in general and the
fraudulent mercantile practices in particular.
60
3. General concepts on the guilds
Hitherto, the word guild has been used under the assumption that its
meaning is very well known. However, in order to tackle research, a very clear
understanding of the nomenclature used is required. Therefore, if we speak
about guilds, it will be necessary to specify what we mean by this term,
especially since this word did not exist in classic Arabic. When analyzing
ancient texts translated from Arabic, the assignments, functions and people that
characterize the guild would have to be verified, and not blindly set in the words
chosen by the translator, since, sometimes, as was seen above in Dopsch,
these translations only reflect an individual opinion and lack conceptual content.
First of all, a guild is an organization of members of a trade (or guildsmen). In
order to give better meaning to this concept, we can inquire into the three
combinations and agreements about craftsmen contemplated by Alfonso X in
his Las Siete Partidas (Partida V, Title VII, Law II) supra: firstly, to set prices of
the products to the benefit of the guildsmen; secondly, to prevent the practice of
the trade by non-members of a guild; thirdly, to forbid the teaching of the trade
to non-descendants of the guildsmen. It can be clearly shown that none of these
combinations and agreements exists in the treatise by Ibn cAbdūn or in any
other ḥisba handbook.
While reducing the requirements for the characterization of a guild, it might
also be said that a guild is a corporation or organization formed by the members
of a craft, governed by regulatory procedure of the professional practice, and
which acts in defence of its own interests. From this perspective there is nothing
in the ḥisba handbooks that supports the existence of guilds either. That is
probably why Chalmeta ended up refuting their existence. For him, it is not
possible to speak about ‘guilds’ among Muslims when they had no «intentions
of self-interest.»23
The genuine concept of guild assumes a corporate framework for the
attainment of a professional purpose and not a mere amorphous set of people
with no relationship except that of having similar knowledge to practice a
profession. In general, this is not what people usually understand as a guild;
even if it is correct, from a linguistic point of view, to speak nowadays about the
profession (or guild) of the Sevillian medical doctors. As an example of the use
of this broad meaning it is possible to consider Chalmeta’s initial thought. 24 In
the year of his doctorate (1967) he believed in the guilds in al-Andalus and
hence Chalmeta states that the almotacén (muḥtasib, in Arabic, who was the
inspector of souks) «names alamines as the head of every guild.»25 Precisely
the latter word is the one that he chooses repeatedly when he translates the
ḥisba handbook of al-Saqaṭī which describes Malaga at the beginning of the
13th century. Chalmeta also suggests that the alamín was the chief or person in
charge of the guild.26 However, when reading the tract by al-Saqaṭī, neither can
the professional functions of these guilds nor can the internal relations that link
23
P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al
estudio de la historia del mercado, p. 201-202.
24
P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba” [Book of the Good Government of the Souk by alSaqaṭī]; translation into Spanish in Al-Andalus, XXXII/1, p. 125-162; XXXII/2, p. 359-397;
XXXIII/1, p. 143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and Granada, 1967 and 1968.
25
P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba”, in Al-Andalus, XXXII/1, p. 141.
26
P. Chalmeta, “Kitāb fī ādād al-ḥisba”, in Al-Andalus, XXXII/1, §77.
61
the members of a guild be found (on the contrary, the price is set externally by
the almotacén) nor is there any mention of the acts of the alamines defending
the guild’s interests (on the contrary, the alamines carry out the orders of the
almotacén in defence of the consumers). The alamín of the al-Saqaṭī is, in all
the cases, a fiduciary, or reliable person, chosen for some post (that is to say, a
faithful trustee); for example, the alamín of a souk and not of a guild (§131), or
alamina (feminine of alamín) of slaves, in charge of lodging them in her house
until the menstruation occurs in order to certify that they are not pregnant at the
time of sale (§109). Evidently, the existence of guilds it is not reflected in the
book by al-Saqaṭī. Consequently, when there is no documented proof of
something, the simplest and most scientific thing to do is not to affirm it.
Otherwise, we might invent the “simplodocus” and then shield ourselves by
saying that «if they have not found fossils of this species it does not mean that it
did not exist, but that its fossils have not yet appeared.» In short, whoever
affirms something has the obligation to provide the proof. And now the opposite
is happening: we must demonstrate that this something did not exist, because
people without proof unquestioningly accepted that it existed.
Craftsmen’s organizations with exclusively extra-professional purposes, such
as religious or welfare purposes do not deserve our attention either. These
organizations, although they assemble members of the same trade, could never
be catalogued as guilds, since it is evident that if the professionals of a craft
only organize themselves for a procession of the Virgin Mary’s statue, for
example, nobody would give the name of “guild” to such an organization
(especially when its own members were calling it a brotherhood); nor if the
organization’s purpose is only to collect donations and to deliver them to the
widow or the orphans of one of the members of the profession. To start
speaking about a guild, it is absolutely necessary that the organization guards
the professional interests of its members, although this may also include dealing
with religious and welfare questions.
Since this study is about Seville during the Classic Islam, we have chosen
not to include articles by authorities which deal with Islamic guilds in different
areas of al-Andalus.27
c
4. Analysis of the guilds according to their mention in the treatise by Ibn
Abdūn
The paragraphs in Ibn cAbdūn’s work where guilds are mentioned are:28
27
Such as those by G. Baer, “Guilds in Middle Eastern History”, in Cook, M. A. (ed.): Studies in
the Economic History of the Middle East, London, 1970, p. 11-30; C. Cahen, “Y a-t-il eu des
corporations professionnelles dans le monde musulman classique? Quelques notes et
réflexions”, in A. Hourani and S. Stern, The Islamic City, Oxford, 1970, p. 51-63; and, in C.
Cahen, Les peuples musulmans dans l’Histoire Médiévale, Damas, Institut Français, 1977; and
G. Makdisi, “La corporation à l’époque classique de l’Islam”, in Religion, Law and Learning in
Classical Islam, Hampshire and Brookfield, Variorum, 1991.
28
c
Ibn Abdūn, Risāla fī qadā’ wa-l-ḥisba [Treatise of the Judicature and of the ḥisba], Spanish
version by Lévi-Provençal and García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de
c
Ibn Abdūn, Madrid, Moneda y Crédito, 1948. There are facsimile reeditions by the Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla and by the Fundación Cultural del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla. Italian version by F. Gabrieli, “Il trattato
c
censorio di Ibn Abdūn sul buon governo di Siviglia”, in Rendiconti delle Classe de Scienze
morali, storiche e filologiche, Reale Accademia Nazionale dei Linzei, 1936.
62
§43: The muḥtasib will have to order that each guild had every Friday a town
crier to shout loudly the invocation ‘God is the greatest’ at the same moment the
imām says it.29
Notice that ‘guild’ is used instead of ‘trade’ and that from the context of the
epigraph it is not possible to deduce if guild refers to an organized group or to a
set of persons who only have the practice of the same profession in common.
The following paragraph has to do with a personage assigned to a specific
professional group, that of the second-hand dealers:
§172: There will have to be among the second-hand dealers a wise man
who, in the case of catching one of their own selling a suspicious object, seizes
it and makes the thief proclaim the truth, so that the one looking for the object
can come to claim it, if he happens to give its description.
From the assignment of this task to this ‘wise man’ and the way the draft was
written, it cannot be estimated by any means that the second-hand dealers
belonged to a guild. Furthermore, it is not clear that this personage was one of
the second-hand dealers, since the words «there will have to be among the
second-hand dealers» are insufficiently explicit. What we do know is that Ibn
c
Abdūn proposed a function for this personage: that the members of the trade
had to be watched so that they would not sell stolen objects. Since this norm is
a proposal, it is evident that the above-mentioned ‘wise man’ did not exist at the
moment when Ibn cAbdūn wrote his treatise. It is frankly doubtful that, had there
been a real guild of second-hand dealers, the draft of this norm would have
been in the same tone as that transcribed above.
Let’s now analyze another paragraph relating to the guilds:
§44: The Qāḍī [the highest judge of the city] will have to designate one
member in each guild who is a faqīh [a man versed in the Koran], well-educated
and an honest member, so that, in the case of any differences that may arise in
the practice of his profession, he reaches an agreement between the parties,
without them having to approach the secondary judge. This measure is
excellent, and the Qāḍī will prescribe that they observe the decision and the
opinion of this mediator, who will treat them with greater benevolence and who
will spare them from having to publicize their disagreements.30
Here it is relevant to make the same observation as in §43: that nothing is
lost by changing the translation of ‘guild’ into ‘trade’. In reality, however, it is
more confusing to use guild instead of trade. The substitution of one word for
another seems to be a deliberate attempt by the translator to propagate the idea
of the existence of guilds.
This rule by Ibn cAbdūn is slightly more of a qualitative nature. On the one
hand, and according to the wording, it can be seen as an effort to eradicate the
29
Gabrieli translates it this way: «Il muḥtasib debe ordinare ai membri di ogni arte che si
prendano per il venerdi un annunciatore incaricato di far loro sentire il takbīr quando l’imām lo
pronuncia.»
30
According to Gabrieli: «Il Qāḍī debe stabilire per ogni arte uno dei loro, esperto nel fiqh, dotto
e retto, che metta pace quando tra loro sorge una lite in una delle loro faccende, senza che
debbano arrivare al giudice.»
63
habit of approaching the auxiliary judge when differences between parties arise.
There were too many lawsuits in Seville, as recognized by Ibn cAbdūn (§13):
«Seville, where there are more litigators than in any other city due to the many
lawsuits that usually exist.» It is probably for this reason why Ibn cAbdūn
proposed to institute an arbitrator versed in Islamic law who was practicing the
trade, since, due to his professional experience, he would be much more of an
expert on the matter in question than any other who had only Koranic
knowledge. On the other hand, in this writing, we find an emphasis on justifying
the measure to be adopted and, above all, on praising its worth, since it is said:
«This measure is excellent.» Such a form of expression indicates that this
measure is a proposal to be observed in the future, and, therefore, it was not a
measure that had already been enforced. From this perspective, the treatise by
Ibn cAbdūn is evidently not a regulation, but a memorandum directed towards
improving the social and economic situation of the country and directed towards
public authority; exposed in this memorandum are the measures proposed by
its author with the intention of inciting the political power to put these measures
into effect. However, in reality, nothing of what was proposed was enforced.
Another proof of the non-existence of guilds at the time of Ibn cAbdūn is found in
this paragraph:
§110: The sellers will be prohibited from reserving fixed places in the portico
of the main mosque or in another place, because, this way, a quasi-right of
property is created, which generates constant differences and disputes between
these sellers. Let the one who arrives first, occupy the place.
The muḥtasib will have to install the guilds by placing every craftsman with
others of his trade in permanent places. This way is better and more perfect.31
Much can be said about the characterization of a guild in this paragraph:
§214: Moneychangers must be prohibited from practising usury. In the
country no other currency than that of the official mint must be in circulation,
because the variety of mints provokes the currency to depreciate, the
exchanges to multiply, and the economic circumstances to be altered and veer
from the ordinary course. At the head of the moneychangers there must be an
honest and wise man who would inform those of his guild about the changes in
tender, who would know who proceeds correctly and who proceeds wrongly,
and who would correct any abuses.32
These phrases, apart from being normative, are eminently descriptive of
existing realities: usury was practised and, among the moneychangers, total
anarchy existed, given that everyone did what they felt like. It was necessary to
eliminate this situation by creating a post and naming a person in charge of
correcting abuses. Such an individual is described as an honest and wise man.
Moreover, it should be heeded that ‘guild’ is used here to refer to a disorganized
group, that of the moneychangers, who did as they pleased, and, consequently,
31
According to Gabrieli: «Il muḥtasib deve ordinare gli artigiani, e porre ognuno con i suoi simili
in luoghi ben determinati; ciò è più degno e sicuro.»
32
According to Gabrieli: «Al cambio della moneta deve presiedere una persona dabbene e
virtuosa, che informi gli artigiani dei valori correnti, e di quelli buoni e dei cattivi, raddrizzando gli
abusi che venisse a riscontrare.»
64
their professional group did not constitute a true guild due to its lack of a
minimum of cohesion.
Let’s follow on with another paragraph in which the word guild is mentioned:
§101: The bearers of every guild must have a fixed stopping point, from
which they will not separate.33
This regulation runs counter to the meaning of guild as an organization, since
here it implies that the bearers were not at the service of each trade and,
furthermore, that everyone was placing themselves where they wanted. This
would not have happened had the guild been organized already, since for its
own good the institution itself would have already seen to it that a place be
assigned to the bearers who were providing a service to its members.
Another mention of the guilds is as follows:
§134: If someone works on gold or silver belonging to another person, and
then part of the metal turns out badly, then he who worked must reimburse the
corresponding quantity to the other, since he cheated and betrayed the owner
of the metal who relied on him. It is necessary to sanction the fraudulent
merchants who are caught, regardless of the guild they belong to, but especially
pertaining to the guild of metal, since the one who commits fraud with metal
knows perfectly the way metal has to be treated.34
Again, we observe that it would be the same thing to use the word ‘guild’ or
‘trade’, since there is no additional information that supports the existence of
guilds in Seville before the 12th century. The same can be said for the
recommendation in the following paragraph:
§143: There will be no dealing with women in the matter of buying or selling
but only on the part of men of trust and honour, whose integrity and loyalty are
known to all, and this has to be taken care of by the individuals of the guilds. 35
In this paper we suppose that the word used by Ibn cAbdūn was ‘trade’ and
not ‘guild’. To confirm this supposition we concentrate on Gabrieli’s translation;
this one does not use the word ‘guild’, which can be verified by reading his
paragraphs transcribed in the footnotes. Additionally, we can regard the
information provided by Bosch, who says that Ibn cAbdūn uses the word ṣinā‘a,
which means trade, and he never uses sinf (not even its plural asnāf), a word
which, without being equivalent to guild, alludes to an «associative corporation
of people of the same trade or industry of craft.»36
From all this reasoning, we conclude that in the reality of that time in Seville
the guilds were not established given that these are not outlined by their
33
According to Gabrieli: «I portatori debonno avere per ogni arte un luogo [di stazionamento]
ben noto da cui non debonno allontanarsi.»
34
According to Gabrieli: «I frodolenti colti sul fatto vanno repressi in ogni mestiere,
specialmente nel saggio dei metalli; [...].»
35
According to Gabrieli: «Con esse [le done], nella compra e vendita, deve tratare solo una
persona fidata e dabbene, di notoria honestà e fidatezza; a ciò debbono vegliare gli artigliani.»
36
J. Bosch Vilá, La Sevilla Islámica 712-1248, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 1984, p. 370-373.
65
functions in the treatise by Ibn cAbdūn. The mentions of the ‘guilds’ that appear
in the Spanish translation of his ḥisba handbook are generic, inexpressive and
forced; ‘guild’ is used with its meaning of trade and arts and crafts, and there is
no reference to a trade organization.
5. Analysis of the guilds according to the functions of the amīn
In the Spanish translation of Ibn cAbdūn’s text, a personage linked to the
guilds, the alamín [amīn in Arabic], is mentioned on many occasions. Such a
person is also called, in an indistinct way, ‘syndic’ by the translator. First of all,
the word amīn lacks meaning for those unfamiliar with Arabic lexicon. Its
meaning would have to be interpreted by every individual reader from the
context of the functions assigned to the personage. However, the juxtaposition
of syndic (for amīn = faithful, fiduciary) and guild (for ṣinā‘a = craft, trade) turns
out to be understandable since intuitively syndic is associated with an individual
designated in a corporation to guard over its interests. The question lies in
whether syndic is a correct translation of amīn.
To clear up this question, we now address the analysis of the epigraphs of
Ibn cAbdūn’s treatise that contain references to the alamín (amīn). Before
beginning research into this matter, it is pertinent to say, in spite of being
obvious, that a priori the equality of the terms amīn and syndic cannot be taken
for granted. They are only equal if the functions assigned to this person are
identifiable with those functions normally held by a real syndic of a guild.
The first allusion to the amīn in the translation of Ibn cAbdūn’s treatise is:
§91: The standard of these measures will be in the possession of the
muḥtasib and of the alamín or faithful verifier of the weighers and measurers’
guild, who is the most suitable person to preserve and verify them.37
37
Here the translator has included this footnote: «In Arabic “amīn”, a word still used in Morocco,
to designate the “syndic of a guild»: cf. W. Marçais, Arabic Texts of Tangier, p. 223. However,
the Dictionary of the Spanish Language offers a different meaning for the word amín, namely:
«In Morocco, a civil servant entrusted to collect the funds, to make payments, and to administer
goods on account of the government.» Bear in mind that Spain exercised its protectorate for
many years in the north of Morocco (and also in a strip in the south, now in the Sahara), and,
therefore, the information of the Royal Spanish Academy is not of hearsay, of what others say,
but first hand and experienced in situ. For the word alamín, the aforementioned dictionary
provides this equivalence: «Official who in ancient times verified the weights and measurements
and appraised the supplies.» On the other hand, the assimilation of amīn with syndic of a guild
given by the translator is not correct because there is an anachronism, since amīn in the context
c
’
th
th
of Ibn Abdūn s treatise refers to a reality of the 11 or 12 century and the amīn of Morocco
with which he compares it is much more recent, and it is already known that the meaning of
words tend to evolve with the passing of time and with different geographical regions; therefore,
there is no guarantee that they mean the same thing or that they obey to only one reality. What
is more, from the philological point of view, the meaning of amīn was, in classic Arabic, ‘faithful
or fiduciary’ [in Spanish fiel, or person who does not defraud the confidence entrusted to him,
and to whom, consequently, certain public services have been assigned to be carried out with
accuracy and legality]; and, by what is said further on in §91, this seems to be the meaning with
c
which Ibn Abdūn uses the word. For this interpretation we refer to F. Corriente, Diccionario de
arabismos y voces afines en iberorromance, Madrid, Editorial Gredos, 1999, who defines the
word alamín or amín as: «Inspector of weights and measures or of other activities: from the
Andalusian alamín < cl. amīn ‘trustworthy; secretary’. Of the same root, but as a modern Arabic
expression, transmitted by more modern Mediterranean and/or European contacts, without an
Andalusian phase, they are lami ‘certain Turkish authority in Palestine’ (pt.), amim (pt., only
66
This is the suggestion by Ibn cAbdūn: to finish with the proliferation of weights
and measures that did not obey a defined standard, and which merchants were
using to the detriment of consumers. To stop this, it was necessary to define
and maintain standards. It was logical that these were guarded by the muḥtasib,
or magistrate who guarded over the good functioning of the souks, and by the
alamín, who was the faithful or fiduciary person (that is to say, in this case, a
public inspector), or person responsible for verifying the weights and
measures.38 In this way the merchants would be prevented from using weights
or measures that did not have a corresponding verification. If it is known that the
alamín [amīn] was the faithful or fiduciary person who verified the weights and
measurers in ancient times, the explanation of «or faithful verifier of the
weighers and measures’ guild» is not necessary; this phrase is rather an
addition with the premeditated intention of inducing the association of two ideas:
that of the amīn and that of a guild. On the other hand, in those times there
were public weighers and measurers according to Ibn cAbdūn:
§215: The public weighers and measurers must be honest and advanced in
age, because their craft supposes that they are trustworthy in points of integrity,
religion, and piety. The axes of the scales must be lengthy and their pans must
be light, as we have already said before.39 The bars of the Roman balances will
also have to be long, and the orifice in which the pivot of the indicator moves
must be in the bar and not in the tab, because this system is closer than the
others to the exact weight.
In this paragraph, Ibn cAbdūn, as it is seen, does not refer to the joining of the
public weighers and measurers to a guild, neither does he specify their mission.
Nevertheless, it is understood that they had to be government employees, or
private professionals with a public function, to whom to turn to in order to verify
the quantities of purchased goods or to carry out the measurement or the
weighing when these services were requested of them.
The reading of Ibn cAbdūn gives the impression that his amīn is first of all an
upright and irreproachable man, who does not have to be organically linked with
the group on whose behalf he carries out a function. This impression is
confirmed when Ibn cAbdūn speaks (§120) of «trustworthy syndic and who
would not allow himself to be bribed,» whose mission was to monitor that, in the
abattoir, beasts still suitable for the tillage were not sacrificed.40
Morais) ‘syndic or magistrate’ and amín (cs.) ‘governmental administrator’.» And if we consult
the Encyclopédie de l'islam, nouvelle édition, Paris, 1991, we find this: «Amīn = sûr, en qui on
peut se fier. Comme substantif, celui à qui l'on a confié quelque chose, surveillant,
administrateur.» Then some more technical meanings appear; in all, amīn designates the
«titulaire de diverses fonctions ‘de confiance’.»
38
The Dictionary of the Spanish Language defines the term alamín (according to the
transcription appearing in the previous note). Furthermore, in Spain, the post of ‘fiel contraste’
[faithful verifier] existed (Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna,
contribución al estudio de la historia del mercado, 1973, p. 606); on the other hand, Tomás de
Mercado [1569], Suma de Tratos y Contratos; Editora Nacional, Madrid, 1975, p. 168) alludes
to some magistrates called ‘fiel ejecutor’ [faithful executive or public inspector], whose
assignment was to appraise the price of the most necessary articles.
39
In §91, which is a paragraph previously analyzed and transcribed (though not on its entirety).
40
Gabrieli does not translate it into syndic, but into ‘fiduciary’: «a ciò deve vegliare un fiduciario
non venale, che vada all’ammazzatoio ogni giorno.»
67
In §72, related to construction materials, the following is stated:
§72: In the possession of the muḥtasib, or hung in the main mosque, there
will have to be standards of the thickness of bricks, of the size of roof tiles, of
the width and thickness of suspenders and of beams, as well as of the
thickness of boards for flooring. These standards, made of hard wood, not
susceptible to woodworm, will be hung on nails high on the wall of the main
mosque and will be preserved carefully, in order to be able to come to them
when it is believed that the mentioned materials are bigger or smaller than the
standard, while other equal standards will be in the possession of the foremen
for their work. This is one of the most important and essential things that have
to be taken into account.
In this case it is evident that the responsibility did not fall on the shoulders of
the alamín of a guild of builders, since the alamín is not even mentioned, nor
the organization. It is logical that the foremen had to have these standards, but
another set of standards might very well be guarded by the alamín of his guild
(if it existed), instead of (or as well as) being on the wall of the main mosque. If
the guild of builders had existed, Ibn cAbdūn would not have forgotten to name
the alamín as a safekeeper of the standards. However the function of the
alamín as being in charge of verifying weights and measures is independently
of the existence of guilds. This is corroborated by what is said by Ibn cAbdūn a
bit later (§92), where he mentions the alamín in his typical function of controlling
weights and measures, and not as a syndic belonging to a guild:
§92: Regarding the standards of weights and measures, all well-calibrated
and verified iron models must be in possession of the alamín. The standard
measures of oil will have to carry the mark on the neck, which has to be narrow,
because if the width of the neck is just a finger wider than normal, it is enough
for the capacity to increase greatly. Everything has to be measured according to
the ancient custom, and it would be well if it were possible to achieve that a
standard measure of one arroba [standard measure of about 12.56 litres, or 22
British pints] of oil be equal to one arroba of weight [standard weight of about
11.5 kilograms, or 25 Castillian pounds], as it is in the case of the measure of
wheat. When pouring the oil in the measure, it will be done little by little,
because with the bubbling that takes place when pouring, the mark is soon
reached; but if then it is left to rest a little, it will be seen that the measure is
short.
On the typical function of the alamín, Ibn cAbdūn insists:
§95: The weights will have to be of glass or of iron, well made and verified,
with a patently clear mark of the alamín. The merchants will not be allowed to
use them of stone, because there is no way of verifying them. The weights of
arrate [equal to 16 Castillian ounces] of the merchants and those smaller of all
the measuring scales of the city, in all the professions, will have to be verified
two or three times a year.
68
Let’s focus our attention in the last phrase, which does not allude to the
guilds, but to the professions. There the word guilds might have also been used
instead of professions.
The non-existence of guilds is shown in the following paragraph:
§187: In the cattle fairs there must be a syndic [amīn] to make binding
decisions for the parties if a difference between them emerges. In the same
way, in every guild there must be a syndic.41
Now it is clear that Lévi-Provençal and García Gómez translate amīn as
syndic instead of the correct translation as faithful person or fiduciary (public
inspector). It is a question of an expert in the matter, who acts as an arbitrator to
whose decision the litigants must comply with. 42 Ibn cAbdūn considers the
function of mediation to be important in smoothing the differences arising from
the apparently abundant commercial deals among buyers and sellers. That is
why he extends the institution of the arbitration in a general way to any
profession. In order to attain this goal, he proposes that there be an amīn in
every ‘guild.’ But notice that Ibn cAbdūn wants to establish a rapid form to solve
mercantile conflicts through a mediator. Ibn cAbdūn calls him amīn. However,
Lévi-Provençal and García Gómez unjustifiably translate this word as syndic,
due to what García Gómez explains in his footnotes, to which we, in turn,
commented on our note 37. Such a name should not cause any problem of
interpretation if the function to be performed were perfectly defined; and, in
effect, it is: it is a question of an arbitrator or mediator to dissolve conflicts. The
question, and with it the confusion, arises at the moment when the translator
chooses the word ‘syndic’ as equivalent to amīn; and then the trick of
associating syndic with guild is complete: «In the same way, in every guild there
must be a syndic,» that is the translation given. A question immediately
appears: why does the translator give the name syndic to an arbitrator who
must make peace in disputes arising between sellers and buyers? To answer
this question, it is necessary to consider four things: 1) that the Arabic word
amīn is translated without acceptable justification as syndic; 2) that this amīn is
not a syndic, as far as a member of a professional entity to whom certain
functions are entrusted that characterize its entity as a guild, but merely a
mediator in the possible conflicts that might arise; that is to say, this person
belongs more to the judicial field than to that of a guild; 3) that this amīn acts in
the role assigned to him without the existence of the guilds, since in order to act
as a mediator in conflicts arising in cattle fairs, and, by extension, in any class of
profession, no guilds are required. The same thing happens with the highest
judge and the auxiliary judge: they settle litigations that come up in the trade
with absolute independence from whether the professions are corporately
organized; and 4) that the tone of the principle is purely programmatical,
characteristic of a desire more than of reality.
41
Gabrieli translates this way: «Nel mercato delle cavalcature va messo un fiduciario, al cui
giudizio si deve ricorrere nelle contestazioni. Così per ogni mestiere ci deve essere un
fiduciario.»
42
Here it is a question of an arbitrator who makes those of the professions agree with their
clients, whereas in §44, supra transcribed (epigraph 4), the reference is to an arbitrator who
dissolves differences between members of the same craft.
69
In the next paragraph there is also reference to a syndic and a guild, but it
can be seen that now the function assigned to the syndic is that of policing,
outside the practice of the profession:
§204: The sailors will not be allowed to cross any woman with a look of
having a dishonest life, whereby it will be reported to the guild syndic of the
guild. Prescribe also to them that nobody is allowed to enter with containers to
buy wine from the Christians, and, if someone is caught, break the container
and inform the syndic so that he may punish the sailor.
The way this paragraph is translated gives the impression that it refers to the
syndic of the guild of the sailors. Constable mentions this passage, 43 where Ibn
c
Abdūn proposes the norm to be applied to the river administration, and gives
the Arabic words that Ibn cAbdūn uses together with their translation; it turns out
to be a ‘superintendent of the river’ (amīn ‘alā al-wādī; we know that amīn =
faithful person, public inspector; and wādī = river), «among whose obligations
was that to take charge of the sailors.»44 What is more, even Lévi-Provençal
uses a terminology similar to that of Constable: «The policing of the port is the
responsibility of an amīn of the river, who monitors not only the passengers, but
also the navigators.»45 However, when the French historian and his Spanish
collaborator translate the text (as observed in the transcription of §204) they do
not take into account that the amīn is of the river, with duties of policing the port,
and they place him in the guild of the sailors. Such a guild has all the signs of
having being invented off the cuff.
Notice that in all these paragraphs, the word guild could have been replaced
by group, or by profession, without the meaning of their respective norms being
altered. That is to say, guild is used meaning arts and crafts, and since it is not
referred to as an organization to carry out professional purposes, it is not a
question of guild stricto sensu.
Never in Ibn cAbdūn’s text is a certain organization of the professions
identified that would justify the use of the word guild. Neither can such an
organization be seen in the books by Ibn cUmar, by Ibn cAbd al-Ra‘uf nor by alSaqaṭī (which are all known authors of andalusíes ḥisba handbooks).46 In all the
cases relating to the amīn it can be verified that the functions assigned to him
are carried out perfectly without any need for guilds to exist. Neither is there
sufficient basis to believe that the people who had to carry out these functions
were assigned to what it is normally understood as a guild; and, still less, that
43
O. R. Constable, Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación
comercial de la Península Ibérica del 900 al 1500, Barcelona, Ediciones Omega, 1997, p. 140.
44
Gabrieli had already given the same translation: «e debbono informarne il soprintendente del
guado.»
45
É. Lévi-Provençal and E. García Gómez, Sevilla a comienzos del siglo XII: El tratado de Ibn
c
Abdūn, Madrid, Moneda y Crédito, 1948, p. 22.
46
c
Ibn Umar, Aḥkām al-sūq [Ordinances of the Souk], Spanish translation by E. García Gómez
C
in Al-Andalus, XXII/2, p. 253-316, Madrid and Granada, 1957; Ibn Abd al-Ra’ūf, Risāla fī ādād
al-ḥisba wa-l-muḥtasib [Treatise of the Good Government of the Souk and of the Muḥtasib],
French translation by R. Arié under the title “Traduction annotée et commentée des traités de
c
ḥisba d’Ibn al-Ra’ūf et de Umar al-Garsīfī», in Hespéris-Tamuda, I/1, pp. 5-38; I/2, p. 199-214;
and I/3, pp. 349-364, Rabat, 1960; al-Saqaṭī, Kitāb fī ādād al-ḥisba [Book of the Good
Government of the Souk], translation into Spanish by P. Chalmeta in Al-Andalus, XXXII/1, p.
125-162; XXXII/2, p. 359-397; XXXIII/1, p. 143-196 and XXXIII/2, p. 367-434; Madrid and
Granada, 1967 and 1968.
70
these personages embodied the representation of the profession, since this is
not even insinuated at any time by Ibn cAbdūn or by any of the aforementioned
Muslim authors of the manuals of ḥisba. Since the economic system described
by Ibn cAbdūn was unorganized and detrimental to consumers, it is evident that,
with his treatise, Ibn cAbdūn wanted the public power to institutionalize some
order with the main purpose of imposing quality control, the prevention of fraud,
and the establishment of a rapid system to solve conflicts arising from
mercantile activity; the case contemplated in §204, regarding a question of
policing religious morality, the honest life of women, and consumption of wine,
is exempted, and also that of §43 in reference to another religious obligation of
the Muslims: that of prayer. In addition, in one specific case, a fixed location for
the practice of the trade was proposed, and, in general, the figure of the amīn is
imposed (never a syndic according to the translation into French by LéviProvençal and into Spanish by García Gómez) to resolve differences between
members of a profession, or between parties who intervene in mercantile deals.
This function supposes some professional relations, and transcends to the
juridical sphere and relieves the muḥtasib and the auxiliary judge of an
accumulation of litigations by claims, highly numerous in Seville, according to
Ibn cAbdūn in §13. The last aspect remains clearer in the previously transcribed
proposal by Ibn cAbdūn in §44. Furthermore, some of these functions are more
typical of a bailiff or of a judicial agent. There is documented evidence of a task
of this class assigned to an amīn in the middle of the 12th century to supervise
the confiscation of goods.47 Chalmeta documents a reflection by cAbd alRaḥmān III about the claim of a spinner dealt with by his grandfather, when in
his opinion he could not have done it, since for that there was already «the
vigilance of the amīn of the thread souk.»48 In other words, the amīn belonged
to the souk, not to the profession.
In more ancient manuals of ḥisba the amīn also comes to light; however, no
assignment different from the typical one of a ‘faithful person or fiduciary’ can be
found in any of these manuals; that is to say, to the honest and reliable man
designated for a delicate mission. In the manual of Cordovan Ibn cUmar, Aḥkām
al-sūq [Ordinances of the Souk] from the 9th century, there are only two brief
references in paragraphs 2 and 3 to the ‘man of greater trust’; one of them in
charge of visiting the souk to verify the standard of all weights and
measurements, and the other of monitoring that the coins in circulation were
good, in order to prevent monetary devaluation. It can be appreciated that
naming an amīn to go through all the shops of the souk is simpler than
organizing the professions and putting a controller of weights and measures at
their head. It does not state that he would be an officer belonging to each of the
guilds, but that it was a question of a government employee going through the
47
c
The caliph Abd to al-Mu’min ordered, at the end of 1147, the prosecution of those selling and
consuming grape must, and, afterwards, in August, 1148, he sent a letter ordering the strict
observation of the Koran, that those responsible for the sale and consumption of wine would be
prosecuted, and, furthermore, that, in the legal trials, «the confiscation of goods had to be
carried out with the legal supervision of an amīn» (A. González Moreno, “Invasiones
norteafricanas y movimiento nacionalista en al-Andalus», in Historia de Andalucía, Vol. II, AlAndalus. De la desmembración del califato a la conquista cristiano-feudal, Sevilla, Biblioteca de
Ediciones Andaluzas, 1981, p. 175).
48
P. Chalmeta, El “señor del zoco” en España: edades media y moderna, contribución al
estudio de la historia del mercado, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1973, p. 375376.
71
souk and other shops. In the book by Ibn cAbd al-Ra’ūf, Risāla fī ādāb al-ḥisba
wa-l-muḥtasib [Treatise of the Good Government of the Souk and of the
Muḥtasib] from the 10th century, the amīn, or a very reliable person to whom an
important mission is assigned, is mentioned once. In the paragraph (p. 205)
about the butchers [ŷazzārīn], Ibn cAbd al-Ra’ūf indicates that the slaughter of
animals is to be entrusted to honourable and reliable persons; if such a person
should not exist, then a ‘prud-homme [amīn]’ (or magistrate, according to the
translator) is imposed who monitors them and teaches them the rules of
slaughter. It can be deduced that, if nobody is sufficiently prepared, then the
muḥtasib would be the one who would appoint an amīn or expert in the
procedure of the slaughter; however, in the first instance, the butchers
themselves had named the person responsible for the slaughter.
Although García Sanjuán believes that he has found himself in the presence
of a ‘syndic,’49 it is evident that, from these considerations by Ibn cAbd al-Ra’ūf,
it cannot be deduced that this amīn was the ‘syndic’ of a guild, since he neither
plays any role of representation of the profession nor does he have any duty
related to organizing the profession nor does he safeguard the economic
interests of members. It is only a question of an expert in slaughter. For the rest,
it would be completely absurd that in the 9th century Ibn cUmar only referred to
the verifiers of weights and measures and one century later Ibn cAbd al-Ra’ūf
only mentioned the slaughterer if in their respective epochs the economic
system were full of guilds. On the other hand, this recommendation by Ibn cAbd
al-Ra’ūf is very similar to that of Ibn cAbdūn (§120) when proposing: «Inside the
souk no beast will be sacrificed, unless it is done in vats, taking the blood and
the rubbish of the guts out of the souk.» And then he goes on to say: «The
beasts will be slaughtered with a long knife, and all the knives used for
slaughtering will be like this.» He recommends that beasts suitable for breeding
and for the work of ploughing should not be sacrificed, except if they carry some
defect, «and a reliable syndic has to look after this and he will not take bribes,
and every day he will have to go to the slaughterhouse.» From what is
mentioned above by Ibn cAbdūn, it is not possible to affirm that organizations of
butchers or slaughterers existed. Here the ‘reliable syndic’ is neither someone
of the profession, nor does he have anything to do with the way in which this
may be organized, since he only has to supervise the observation of a norm:
that the beasts to be slaughtered are not apt for breeding or for work.
Monitoring compliance with the rules can be done with or without guilds; in the
same way that the amīn who monitors the accuracy of weights and measures
need not belong to a guild. Moreover, slaughter is important for Muslims, since,
according to the Koran (2,168, among others), they cannot eat meat from an
animal that has been killed without invoking God’s name, and, furthermore, it
has to be very well bled, since the Koran (2,168) also prohibits the ingestion of
blood. That is why Ibn cUmar refers in several paragraphs (50 and 52) to the
good throat slitting of the sheep, Ibn cAbd al-Ra’ūf dedicates several pages to
this matter, and Ibn cAbdūn (§124) says:
49
A. García Sanjuán, “La organización de los oficios en al-Andalus a través de los manuales de
ḥisba”, in Historia. Instituciones. Documentos, Vol. 24, Sevilla, Publicaciones de la Universidad
de Sevilla, 1997, p. 216.
72
«Sausages and meatballs have to be made with fresh meat, and not with the
meat of a sick animal nor that of a beast which died without having its throat slit
because this would be cheaper.»
For this reason, the authors of the manuals of ḥisba see to it that the beasts
destined for human consumption be properly sacrificed. The slaughterer must
be an expert in his profession and must know very well how to slit throats so
that the animal is completely bled; and the knife has to be a long one, for that
same purpose. Of lesser importance was whether the slaughterer was chosen
by the butchers or was named by the muḥtasib; that which held more relevance
was that he was a good throat-slitter. Finally, it is necessary to take into account
that, in the manual of ḥisba by Ibn cAbd al-Ra’ūf, the amīn named by the
muḥtasib as the slaughterer was not a member of a guild; he was an expert
master in the art of throat-slitting who transmitted his knowledge to others,
regardless of whether the group of butchers ware corporately organized or not.
6. Conclusions
From our studies, we conclude that there were no guilds in Ibn cAbdūn’s
epoch. Romero holds the same opinion, stating that from everything mentioned
by Ibn cAbdūn, «it does not follow that such professions, or at least some of
them, were corporately organized.»50 It is our opinion that the ishbīlī intended
there to be an organization directed by the public authorities to monitor the
souks, to prevent fraud, to carry out quality control of the products, and to
mediate in conflicts. The latent idea in Ibn cAbdūn’s mind, and in those of the
other authors of the manuals of ḥisba, was not to organize the professions but
the souks, for consumer protection against the producers. On this matter, there
is yet more indirect proof of the non-existence of guilds in that epoch. It is found
in §131 of Ibn cAbdūn’s treatise, where he recommends that clients be
compensated for the powder and residues left by drugs by means of «a tare of
compensation, set according to the opinion of the merchants and in agreement
with the buyer.» Notice that he makes no mention of either an amīn or a guild.
The agreement had to be established directly between merchants and buyers
themselves on an individual basis. It would have been absurd to propose such a
norm if there had been a pharmacists’ guild. Even if the sale of drugs had not
been specialized and the drugs were sold by shopkeepers in general, the norm
would have been completely different if the retailers had been organized in
guilds.
As a colophon, it is probably relevant to transcribe a few of Chalmeta’s words
(1991: 108-109) about Islamic cities (in general):51
50
V. Romero, Los gremios de Sevilla, Sevilla, Padilla Libros Editores & Libreros, 2001, p. 28.
P. Chalmeta, “Organización artesano-comercial de la ciudad musulmana”, in Simposio
Internacional sobre la Ciudad Islámica: ponencias y comunicaciones, Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1991, p. 108-109. We are grateful to Dr. Bramon who has provided us
with this information.
51
73
Speaking in socio-economic and political terms, the Moslem organizations
(sinf, rifa, firqa, tāi'fa) constitute authentic corporations or not? Masignon and
his followers wanted to make guilds of them.52 However, these so-called guilds
do not emerge until the 14th century, with the appearance of the Ottomans.
There were none in al-Andalus, not even a small trace of them can be found in
the documents of Geniza, and Le Tourneau never managed to see them in
Fez.53 Likewise, the alamines should not be considered heads of guilds, but
merely as people responsible for the profession facing the public authorities,
appointed for fiscal purposes to better control their colleagues. Therefore, given
the silence of the sources, one is forced to follow the observations of Baer,54
Cahen,55 Goitein,56 Raymond,57 and Stern,58 to conclude the non-existence of
corporate organizations of craftsmen in the Muslim world before the 15 th
century, and then their existence only in the Ottoman territory thereafter.
The historians mentioned by Chalmeta studied work situations in diverse
periods of time outside the al-Andalus area. Nevertheless, Chalmeta specifies
very clearly that in al-Andalus there were never any guilds.
Recibido el 4 de abril de 2012, corregido del 5 al 8 de junio de 2012
y aceptado definitivamente el 12 de diciembre de 2013.
52
L. Massignon, “Le corps de metier et la cité islamique”, in Revue International de Sociologie,
Vol. 28, 1920.
53
R. Le Tourneau, Fès avant le protectorat, Casablanca, Société marocaine de librairie et
d'édition, 1949.
54
G. Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem, 1965. (Note by Chalmeta).
55
C. Cahen, “Les corporations professionnelles...”, in The Islamic City, Oxford, 1970. (Note by
Chalmeta).
56
S. D. Goitein, A Mediterranean Society..., U.C.A., 1967. (Note by Chalmeta).
57
A. Raymond, Artisans et commerçants..., Damasco, 1973. (Note by Chalmeta).
58
S. Stern, “The constitution of the Islamic city”, in The Islamic City, Oxford, 1970. (Note by
Chalmeta).
74
Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 7 (diciembre 2013)
Recensiones
Antoine Lyon-Caen (con la colaboración de Alexandre Fabre), Le nouveau
Code du travail, Éditions Dalloz, Saint-Herblain, 2008, 247 págs.
RESUMEN: Antoine Lyon-Caen realiza una introducción al estudio del nuevo
Código francés de trabajo, destacando que la ley de 9 de diciembre de 2004
ordenaba al gobierno a proceder a la recodificación del Código de trabajo.
Alexandre Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo ha sido una labor
desarrollada por la Dirección general de trabajo. En efecto, el Parlamento
habilitó al Gobierno a recodificar el Código respetando la normativa prevista en
la Constitución. La principal diferencia respecto al Código derogado es que el
de 2008 adopta una estructura principal dividida en libros, con un incremento
del número de títulos. Alexandre Fabre analiza el contrato de trabajo, regulado
en el libro II y que comprende siete títulos, siendo el primero de ellos el que se
refiere al ámbito de aplicación. La regulación conjunta de la formación y la
ejecución del contrato de trabajo hace pensar en las similitudes existentes
entre ambas instituciones. A. Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo no
consagra una concepción realmente novedosa de esta institución, sino que se
limita a codificar las instituciones que regulan el contrato de trabajo. Fabre
también comenta la finalización del contrato de trabajo. En las pp. 79-116 se
recoge de forma detallada la estructura del nuevo Código. Fabre no resalta la
ejecución del contrato de trabajo, sino que se limita a codificar las instituciones
que regulan el contrato de trabajo. Cyril Wolmark describe la negociación
colectiva, y en concreto los convenios y los acuerdos colectivos de trabajo. En
efecto, la nueva codificación regula el acuerdo colectivo, aunque con las
imperfecciones razonables de una institución que permite acoger
disposiciones extranjeras. Elsa Peskine describe la representación colectiva
en los salarios, haciendo referencia expresa a los sindicatos profesionales, así
como a las instituciones representativas de personal, si bien el delegado
sindical queda relegado a un simple representante de la entidad sindical que lo
haya designado. Manuela Grévy hace una breve referencia al tema de los
poderes y las libertades. Hay que encontrar un equilibrio entre el derecho
fundamental al salario y el poder disciplinario del empresario. Refiriéndose a la
formación inicial, Marie-José Gomez-Mustel considera que el trabajador debe
adquirir la cualificación necesaria, y la misma tendría como apoyo jurídico el
contrato de aprendizaje. En realidad, el derecho a la formación está
considerado como una garantía social. Jean-Paul Domergue considera al
empleo, regulado en la parte quinta del nuevo Código, como uno de los pilares
fundamentales del nuevo Código. De hecho, el Libro I prevé mecanismos para
la inserción laboral, así como el acceso o el retorno al empleo y las ayudas a
la creación de empresas. La última colaboración es la de Évelyne Serverin,
que se refiere a los conseils de prud'hommes, regulados en el Libro IV de la
primera parte del nuevo Código, y los califica como un sistema de conciliación
que se convierte en un filtro en el acceso a los juzgados.
PALABRAS
Francia.
CLAVE:
Código de trabajo 2008, Alexandre Fabre, Derecho laboral,
Antoine Lyon-Caen (pp. 1-13) realiza una introducción al estudio del nuevo
Código francés de trabajo, que entró en vigor el primero de mayo de 2008,
conmemorando el día internacional del trabajador. Pero esta obra tiene
75
Recensiones
limitaciones ya que su pretensión era regular cerca de treinta millones de
salarios. La primera propuesta de un Código de trabajo se remonta a 1898, a
iniciativa del diputado A. Groussier, que propuso la codificación sistemática
para ofrecer una visión homogénea de las relaciones laborales (pp. 3-4).
Recientemente la ley de 9 de diciembre de 2004 ordenaba al gobierno a
proceder a la recodificación del Código de trabajo.
Alexandre Fabre (pp. 15-78) destaca que el nuevo Código de trabajo ha sido
fruto de la misión que se le encargó a la Dirección general de trabajo para que
recopilase multitud de reglas de naturaleza y orígenes muy diversos. De hecho,
el Parlamento habilitó al Gobierno a recodificar, mediante ordenanza, el
presente Código con la finalidad de respetar la jerarquía de las normas y el
obligado respeto a la propia Constitución. En comparación con el antiguo
Código, el vigente presenta importantes modificaciones de estructura: el
aumento de las divisiones, las codificaciones de textos hasta entonces no
codificados, la nueva organización de los artículos, así como la reagrupación
de disposiciones dispersas y la reorganización de ciertas reglas (p. 18). En
efecto, el nuevo Código de trabajo se desmarca del derogado porque adopta
una estructura principal dividida en libros. Además, el aumento de las
divisiones en el Código implica un incremento del número de títulos. El nuevo
Código distingue de forma clara entre reglas sustanciales y procesales, así
como entre reglas y sanciones (pp. 50-51). En principio, cada libro del nuevo
Código de trabajo comienza por la definición de su ámbito de aplicación, al
tiempo que pretende una armonización del vocabulario, evitando utilizar
numerosas expresiones para designar un mismo concepto como hacía el
derogado Código (p. 61). El artículo L.1251-1 define el trabajo temporal y el art.
1252-1 el trabajo a tiempo parcial, mientras que el artículo L. 3161-1 se refería
a la categoría de jóvenes trabajadores.
En las pp. 79-116 se recoge la estructura del nuevo Código. Alexandre
Fabre analiza el contrato de trabajo (pp. 117-124), que el nuevo Código regula
en el libro II, y que comprende siete títulos, siendo el primero de ellos el que se
refiere al ámbito de aplicación. En el contrato de trabajo existen dos aspectos
claramente diferenciados: la formación y ejecución de una parte, y la
finalización de otra. La regulación conjunta de la formación y la ejecución del
contrato de trabajo hace pensar en las similitudes existentes entre ambas
instituciones. A. Fabre destaca que el nuevo Código de trabajo no consagra
una concepción realmente novedosa de esta institución, sino que se limita a
codificar las instituciones que regulan el contrato de trabajo. Fabre también
comenta la finalización del contrato de trabajo (pp. 125-132).
Cyril Wolmark analiza la negociación colectiva: los convenios y los acuerdos
colectivos de trabajo (pp. 133-141). En la segunda parte del nuevo Código bajo
la rúbrica "Las relaciones colectivas de trabajo" se regula esta cuestión que
había descuidado el Código de 1973, si bien fue desarrollada por la
jurisprudencia. La nueva codificación regula el derecho de acuerdo colectivo,
aunque con las imperfecciones razonables de una institución que permite
acoger disposiciones extranjeras.
Elsa Peskine hace una breve reflexión relativa a la representación colectiva
en los salarios (pp. 142-151), regulada en la segunda parte referida a las
relaciones colectivas del trabajo. Menciona expresamente instituciones como
los sindicatos profesionales, así como las instituciones representativas de
76
Recensiones
personal, si bien se relega al delegado sindical a la calidad de representante
del sindicato que lo designe.
Manuela Grévy hace una breve referencia al tema de los poderes y las
libertades (pp. 152-159). La recodificación de las disposiciones legislativas que
protegen los derechos fundamentales y las libertades de salarios frente a los
poderes del empresario y, en particular el poder disciplinario, goza de una gran
ambivalencia. En el libro primero, la primera parte del nuevo Código rubricada
bajo el título de "las relaciones individuales de trabajo", trata diversas
cuestiones relativas a los derechos y libertades en la empresa (título II); las
discriminaciones (título III); la igualdad profesional entre mujeres y hombres
(título IV) y el acoso (título V). Grévy resalta la idea de reunir en unas mismas
disposiciones cuestiones sobre los derechos fundamentales y las libertades en
la empresa (p. 153).
Alexandre Fabre se refiere a una de las cuestiones laborales más reformada:
los tiempos de trabajo (pp. 160-176). La tercera parte del código regula
cuestiones tan diversas como la duración del trabajo, el salario, la participación
de los beneficios, y el ahorro del salario. El título II del libro I opera una
distinción entre las disposiciones relativas a la duración del trabajo (capítulo I) y
las relativas al reparto y distribución de los horarios (capítulo II). Otra
modificación sustantiva en esta cuestión ha sido la creación de un título relativo
en el control de la duración del trabajo (p. 166).
Otro aspecto relevante en el nuevo Código es el referente a la salud y la
seguridad (pp. 168-176). Alexandre Fabre reseña que el nuevo Código
consagra una parte íntegra a estas cuestiones, la parte cuarta, que está
desarrollada en ocho libros. Los libros II a V reagrupan las disposiciones
aplicables relativas a los lugares seguros de trabajo, a los equipamientos y a
los medios de protección, a la prevención de ciertos riesgos laborales de
exposición y a la prevención de riesgos unidos a ciertas actividades u
operaciones. El libro VI está consagrado a las instituciones y organismos de
prevención, mientras que el último de los libros se refiere a las reglas de control
e intervención de la inspección de trabajo y la responsabilidad penal del
empresario. De hecho, históricamente, las disposiciones en materia de salud y
de seguridad han fundamentado la responsabilidad penal del empresario.
No menos importante es la formación profesional inicial (pp. 177-185). MarieJosé Gomez-Mustel parte de que la igualdad de acceso a la formación es uno
de los pilares básicos de este aspecto, recogido en el principio constitucional
de igualdad entre mujeres y hombres. El trabajador debe adquirir una
cualificación, y la misma tiene como apoyo jurídico el contrato de aprendizaje.
En realidad, el derecho a la formación está considerado como una garantía
social que ha sido uno de los logros gracias a la negociación colectiva entre
organizaciones profesionales y sindicales.
Jean-Paul Domergue analiza una de las cuestiones más actuales: el empleo
(pp. 186-193), regulado en la parte quinta del nuevo Código y que viene a
recodificar los diferentes planes o programas gubernamentales en favor del
empleo y de lucha contra la exclusión aplicados desde los años 70. Domergue
destaca que el servicio público de empleo ha sido objeto de un libro específico
y que, en consecuencia, está consagrado al principal interlocutor de este
servicio: el demandante de empleo (p. 187).
El Libro I también prevé mecanismos para la inserción laboral, así como el
acceso o el retorno al empleo y las ayudas a la creación de empresas. Por otro
77
Recensiones
lado, el Libro IV trata sobre el demandante de empleo, siendo el más
innovador.
Évelyne Serverin se refiere a los litigios individuales de trabajo y los conseils
de prud'hommes (pp. 194-203), regulados en el Libro IV de la primera parte del
nuevo Código, que establece una distinción entre conflictos individuales y
colectivos. A este consejo se le han atribuido nuevas misiones que no
aparecían en el derogado Código y que configuran una concepción totalmente
distinta de esta institución que atribuye una resolución amigable, global y previa
a la apertura de la fase contenciosa propiamente dicha (p. 202). Este sistema
de conciliación llegaría a ser un filtro entre al acceso a los juzgados.
Esta obra reproduce básicamente dos breves estudios sobre el Código de
trabajo francés aprobado en 2008, que han sido publicados por especialistas y
colaboradores de la Revue de droit du travail, si bien se han añadido algunas
nuevas referencias. Además, recoge la estructura del nuevo Código en las
págs. 79-116. [Recibida el 17 de octubre de 2013].
Guillermo Hierrezuelo Conde
Furio Semerari, coord., Metropolitania. Aspetti e forme di vita della città
postmoderna, Edizioni Ghibli, Milano, 2011, 392 págs.
RESUMEN: Furio Semerari reseña en el Preámbulo del libro que ha
coordinado, que el término que mejor califica a la ciudad postmoderna es el
de "inhabitable". La metrópolis se presenta como un lugar de contaminación
atmosférica, acústica y luminosa, pero también donde se desarrollan
relaciones interpersonales y sociales. Michele Andrisani escribe sobre la
ciudad estética y desterritorializada. La metrópolis moderna se ha convertido
en una ciudad laberinto, en una ciudad plural y acéfala donde se unen
elementos heterogéneos. La ciudad ha perdido su connotación de
territorialidad, elemento que la identifica, y esta ciudad postmoderna se ha
construido una nueva imagen de sí misma que necesita inventarse. Palma Di
Gioia y Giuseppe Quarto analizan las distintas formas de agruparse en la
ciudad moderna. Los medios de transporte son instrumentos irrenunciables
en las modernas ciudades para toda la colectividad. Además, la
postmodernidad en la ciudad ha fomentado la individualización, limitando la
esfera pública. Monica Gigante comenta el compromiso civil del ciudadano de
estas ciudades postmodernas. La fase del individualismo habría sido el
germen de una nueva forma de capitalismo en el Estado moderno, que
habría creado el "homo oeconomicus". Monica Gigante considera que, para
construir una comunidad humana universal y exclusiva, serían necesarios
dos elementos: el ideal y el sentido de responsabilidad. Alberto Altamura ha
disertado sobre el gobierno del territorio y el conflicto en la ciudad
contemporánea. El autor parte de la idea de que la ciudad se puede
presentar de muchas formas: la "megaciudad", la "tecnópolis", e incluso la
"ciudad de tránsito", entre otras. En realidad, la metrópolis contemporánea es
un reflejo de la singularidad multitudinaria y los sujetos sociales que
componen la misma. Felicia L. Ferrigni escribe sobre los espacios urbanos en
la era digital. El manejo de internet y, en concreto, las redes sociales y el
correo electrónico, han facilitado la circulación de la información, creando la
78
Recensiones
ciudad digital (city network). Esta realidad social ha permitido llegar a todos
los ciudadanos y acercar más la democracia a todos. Otro aspecto que ha
tratado Gabriella Falcicchio es la relación de la ciudad con los niños y los
animales. En la ciudad postmoderna la periferia ha dejado de ser un lugar
físico fácilmente identificable, aunque continúa presentándose como un lugar
simbólico. La equiparación del niño al animal implica una degradación de las
condiciones infantiles. Aunque las guarderías favorecían la socialización de
los menores en edad escolar, debían ser costeadas por los padres. La
política ambiental en la metrópolis es una de las cuestiones más importantes,
que ha sido debatida por Andrea Russo, que llega a calificarla de "catástrofe
ambiental" más que "crisis ambiental", hasta el punto que haría inhabitable la
propia metrópolis. Por ello el gobierno debería intervenir en la construcción
de la ciudad, para evitar llegar a una situación caótica. Tiziana Portoghese
escribe sobre el silencio en la metrópolis. La clasificación del sonido puede
establecerse en función de las características físicas (acústica), según el
modo en que se perciban (psico-acústica), según su función y su significado
(semiótica o semántica) o según las propias características emocionales o
afectivas (estética). Algunos estudios de la Universidad de Pavía realizados
en 2006 determinan que la música puede reducir el estrés. Furio Semerari
estudia la marginalidad en la periferia de las ciudades y considera que «la
periferia en sentido espacial puede considerase el centro en sentido social, el
centro en sentido espacial puede ser periferia en sentido social», y en
consecuencia considera que la ciudad policéntrica es una utopía. Angela
Martiradonna analiza la multiculturalidad de la ciudad, y parte de la
consideración de que el extranjero no tiene la consideración de ciudadano de
la ciudad en la que vive, aunque haya contribuido a su existencia y a su
transformación. La directiva europea 78/2000 ha establecido una distinción
entre "discriminación directa" e "indirecta". Pero la ciudad postmoderna
también genera pobreza, según Palma Di Gioia. Los modelos más
representativos son: Nueva York, Tokyo, Londres, Hong Kong, Toronto,
Miami y Sydney. En las ciudades se han creado zonas marginales, al tiempo
que se ha generado una pobreza absoluta. Roberta Roca ha reflejado la
importancia de la fotografía en la ciudad postmoderna. En realidad, las
ciudades más fotografiadas han sido las de Nueva York y París,
constituyéndose en el caso de la primera de ellas el icono de los rascacielos.
Discipio se refiere a la ciudad en la noche, ya que la ciudad no duerme
totalmente, sino que vive, actúa, se mueve, aunque más lentamente. Por ello,
su autor llega a manifestar que «la ciudad vivirá o morirá en base a la
colectividad». De hecho, en una parte del planeta la noche domina durante
seis meses al año ese territorio, como ocurre en algunos países nórdicos.
PALABRAS CLAVE: Metróplis, Ciudad postmoderna, Segunda mitad siglo XX.
En el Preámbulo (pp. 11-19), Furio Semerari señala que el término que
mejor califica a la ciudad postmoderna es el de "inhabitable". Sin duda, existe
una asociación entre ciudad e Historia, máxime cuando la ciudad postmoderna
atrae por la posibilidad de las relaciones humanas, de bienestar, etc., que se
pueden crear en la misma (pp. 11-12). Semerari califica a la metrópolis como
un lugar de contaminación atmosférica, acústica y luminosa, pero también de
relaciones interpersonales y sociales para el desarrollo donde se ha excedido
79
Recensiones
en la construcción y donde se ha producido el caos arquitectónico. Además, la
ciudad se presenta como un lugar donde reina la inseguridad, pero también
donde se plantean además discusiones públicas relativas a cuestiones de
interés común.
Michele Andrisani (pp. 23-42) centra sus reflexiones sobre la ciudad estética
y desterritorializada. En efecto, la ciudad postmoderna es el reflejo de una
sociedad del exceso, de una proliferación ilimitada de materiales que se
encuentran en todos los ámbitos de la realidad, y donde se ha producido una
saturación. La metrópolis moderna se ha convertido en una ciudad laberinto, en
una ciudad plural y acéfala donde se unen elementos heterogéneos. Si en el
mundo antiguo la ciudad se presentaba como el emblema del orden y de la
forma frente al caos natural, en la modernidad la dimensión del laberinto y del
desorden en todo momento están presentes en el espacio urbano
metropolitano. El hombre postmoderno se caracteriza por ser consumista y
antiestético, ya que el aspecto más significativo de la ciudad postmoderna es el
consumo compulsivo. En efecto, la ciudad pierde su connotación de
territorialidad, que se presenta como el elemento que la identifica, su propia
alma, su identidad. Pero el espacio de la ciudad actual se configura como un
espacio mediático, artificial, fundamentado en la necesidad estructural de
producir sucesos, eventos, noticias y cambios. En realidad, la ciudad
postmoderna necesitaría inventarse y construir una nueva imagen de sí misma.
Palma Di Gioia y Giuseppe Quarto describen las distintas formas de
agruparse en la ciudad moderna (pp. 45-70). Desde sus orígenes, la ciudad ha
presentado una gran complejidad motivada, entre otros factores, por la fluidez
de las relaciones internas. En la misma, ha existido una combinación de
expresión y de represión, de tensión y de colaboración (p. 46). En esos
primeros momentos, la ciudad se presentaba como multitudinaria, diversa y con
una tensión constante. El espacio físico de la ciudad ha sufrido a lo largo del
tiempo numerosas y sustanciales transformaciones, en relación con el poder
del gobernante, en la economía y en la expansión geográfica. En las modernas
ciudades los medios de transporte representan un elemento fundamental, ya
que son instrumentos irrenunciables e imprescindibles para la colectividad. Sin
embargo, en la postmodernidad la ciudad ha fomentado la individualización,
limitando la esfera pública.
Monica Gigante escribe sobre el compromiso civil del ciudadano de estas
ciudades postmodernas (pp. 73-95). En esta tipología de ciudades la ciencia se
presentaba como la única divinidad, que no admitía forma alguna de
pluralismo; además, la matemática se convertía en el lenguaje universal de
todas las naciones. La fase del individualismo habría sido el germen de una
nueva forma de capitalismo en el Estado moderno, que habría creado el "homo
oeconomicus". Lo privado llega a invadir lo público, de forma que el narcisismo
del hombre posmoderno llegaría a monopolizar el debate público. Monica
Gigante considera que para construir una comunidad humana universal y
exclusiva serían necesarios dos elementos necesariamente: el ideal y el
sentido de responsabilidad, refiriéndose este último a los derechos, deberes,
tareas y posibilidades.
El gobierno del territorio y el conflicto en la ciudad contemporánea han sido
analizados por Alberto Altamura (pp. 97-124). Afirmar la metamorfosis del
espacio-tiempo significaría reconocer que la ciudad se puede construir de
muchos modos (p. 100). En la actual fase de globalización, la ciudad ocuparía
80
Recensiones
un área equivalente tan sólo al 3% de la superficie terrestre total. En realidad,
la ciudad se puede presentar de muchas formas: la "megaciudad", la
"tecnópolis", la "ciudad de tránsito", entre otras. El conflicto urbano se ha
considerado, más que como una crítica del sistema de producción capitalista,
como expresión de una reivindicación de espacios para gestionar
autónomamente. La metrópolis contemporánea representa la singularidad
multitudinaria y los sujetos sociales que componen la misma.
Felicia L. Ferrigni escribe sobre los espacios urbanos en la era digital (pp.
127-152). La creciente complejidad de las transformaciones del sistema socioeconómico y de la política ha quedado patente en la realidad urbana. En las
ciudades se ha establecido un espacio basado en los flujos, ya sean
financieros, tecnológicos, informativos, etc., y al mismo tiempo ha surgido la
cuestión de las formas de gobierno y el diseño de la geometría de estas nuevas
urbes. De esta forma, a las nuevas metrópolis se le suman nuevas
dimensiones como la electrónica y la física. Los nuevos retos digitales
presuponen una cooperación entre los distintos centros, infraestructuras y
mercados y podrían potenciar los espacios electrónicos públicos, aunque
también privados, superando los límites institucionales. El uso de internet,
principalmente de las redes sociales y del correo electrónico, ha contribuido a
la creación de un espacio colaborativo on line que haga eficaz la circulación de
la información. La ciudad digital (city network) pretende introducir importantes
cambios de la información a través del acceso telemático como internet
gratuito. El uso de los instrumentos informáticos ha permitido llegar a todos los
ciudadanos y acercar más la democracia a todos.
La relación de la ciudad con los niños y los animales ha sido tratada por
Gabriella Falcicchio (pp. 155-187). El ser humano ha sido reconocido como el
"animal cultural por excelencia". La complejidad de las relaciones existentes en
la ciudad hace más difícil su análisis. Por otro lado, los gatos y perros no
esterilizados podían contagiar enfermedades. En la ciudad postmoderna es
difícil distinguir entre centro y periferia, ya que la periferia dejaba de ser un
lugar físico fácilmente identificable, aunque continuaba presentándose como un
lugar simbólico. Rosa Luxemburgo apuntaba la parábola entre el búfalo
apaleado y un niño, ya que en las ciudades los niños eran tratados como
animales. De hecho, en el lenguaje cotidiano se utiliza el término "animal"
peyorativamente. De forma que tratar al niño como al animal hace pensar en la
degradación de las condiciones infantiles. En efecto, tanto los niños como los
animales tenían el estatus de inmaduros. Estos niños en edad preescolar
debían estar en guarderías, costeadas por los padres, favoreciendo al mismo
tiempo la socialización de los mismos.
La política ambiental en la metrópolis es una de las cuestiones más
importantes, que ha sido debatida por Andrea Russo (pp. 191-211). Desde el
700 y 800, el género humano ha intentado construir y mantener el hábitat
metropolitano en la medida en que el ambiente ha constituido un elemento
fundamental de relevancia estratégica. De esta forma, para la construcción
tanto de un ambiente natural como artificial era necesaria una intervención del
gobierno. Andrea Russo habla de "catástrofe ambiental" más que "crisis
ambiental", hasta el punto que haría inhabitable la propia metrópolis.
Tiziana Portoghese escribe sobre el silencio en la metrópolis (pp. 215-250).
La revolución industrial provocó un cambio absoluto en la ciudad, modificando
el ritmo noche-día y la propia superación de la máquina sobre el hombre.
81
Recensiones
Además, la revolución eléctrica ha impuesto el ruido permanente en la misma
ciudad. El sonido se puede clasificar según las características físicas
(acústica), según el modo en que se perciban (psico-acústica), según su
función y su significado (semiótica o semántica) o según las específicas
características emocionales o afectivas (estética) (p. 221). Pero el ruido
también ha sido utilizado como arma de guerra, ya que recientemente el
ejército americano se ha aprovechado del ruido como forma de tortura de los
prisioneros. El 90% de la población europea está soportando el ruido del tráfico
y el 1,7% del tráfico ferroviario y el 1% del aéreo; además, entre 1996 y 2010
se ha incrementado el volumen del gráfico de mercancías y el aumento del
tráfico aéreo en un 180%. Existen estudios de la Universidad de Pavía en 2006
que determinan que la música puede reducir el estrés, cuestión por demás ya
conocida. Además, la sensibilización por el ambiente debería iniciarse en la
escuela primaria, y fomentarse con la escritura y la lectura.
Furio Semerari estudia la marginalidad en la periferia de las ciudades (pp.
253-283). A partir de los años 50-60 del pasado siglo XX, la ciudad y, sobre
todo, la metrópolis llegaron a convertirse en el centro de estilo consumista. En
Italia, en los años 80, Pier Paolo Pasolini ha utilizado el término "mutación
antropológica" para referirse a la difusión totalitaria de la ideología consumista.
Semerari considera que «la periferia en sentido espacial puede considerase el
centro en sentido social, el centro en sentido espacial puede ser periferia en
sentido social» (p. 260). Pero al mismo tiempo considera que la ciudad
policéntrica es una utopía (p. 261). Por supuesto, la periferia presenta
condiciones de abandono y de degradación social y ambiental, que hay que
combatir de forma urgente. Esta degradación de los espacios hace necesaria la
demolición selectiva de los edificios.
Angela Martiradonna analiza la multiculturalidad de la ciudad (pp. 287-300).
El extranjero no tiene la consideración de ciudadano de la ciudad en la que
vive, aunque haya contribuido a su existencia y a su transformación, pero sin
participar en las decisiones que se adoptasen en la misma. Es un espacio al
que no pertenece y que tiene intención de abandonar lo antes posible. La
ciudad hospeda al extranjero, pero éste sólo vive en un espacio reducido, no
ocupando todo el espacio de la ciudad. En muchas ciudades italianas los
extranjeros no habitan en la periferia, ya que es un espacio reservado a la
actividad popular. La directiva europea 78/2000 ha establecido una definición
precisa de "discriminación" distinguiendo entre "discriminación directa" e
"indirecta" (p. 293). La discriminación y el racismo son el resultado de la
mediocridad y de la banalidad, que encuentra su fundamento en la propia
globalización que pretende eliminar la especificidad y la diversidad, regulando
la homogeneidad.
Pero la ciudad postmoderna también genera pobreza, según Palma Di Gioia
(pp. 301-324). Las megápolis globales más importantes son, entre otras, Nueva
York, Tokyo, Londres, Hong Kong, Toronto, Miami y Sydney. En todos estos
casos la organización de las mismas no se encuentra adaptada a los vecinos
que la habitan. La ciudad postmoderna se ha convertido en centro de la
industria de servicios. Las capitales de los países en vías de desarrollo, con
elevadísima densidad de población, como Río de Janeiro o Estambul, han
establecido un sistema de apropiación abusivo de la tierra (p. 306). En las
ciudades se han creado zonas marginales, al tiempo que se ha generado una
pobreza absoluta. En el contexto urbano se ha creado una visión competitiva,
82
Recensiones
que ha generado un entorno hostil y con grandes diferencias entre ricos y
pobres, entre plutócratas y una clase de tropa de menesterosos.
Roberta Roca ha recogido la importancia de la fotografía en la ciudad
postmoderna (pp. 327-344). Las ciudades más fotografiadas han sido las de
Nueva York y París. En concreto, en esta última ciudad las imágenes
fotográficas, a finales de los años ochenta, representaban principalmente los
boulevards y sus iglesias. Gran parte de la fotografía urbana de los años
ochenta revelaba un sentido fuertemente fragmentado de la percepción del
espacio que le rodeaba. Por otro lado, Nueva York se ha concebido como el
icono mismo de los rascacielos, de las líneas verticales que se levantaban
sobre el cielo, convirtiéndose en todo un símbolo. De hecho, Joel Meyerowitz
fue un representante fuertemente ligado a la fotografía de finales de los años
sesenta, y que impartió el primer curso de fotografía a color en la prestigiosa
Cooper Union de Nueva York. Por otro lado, el discurso de un grupo de
fotógrafos italianos de los años ochenta era totalmente distinto, ya que
utilizaban sus armas de trabajo para denunciar una situación existencial de
nuestro tiempo. Además, hay que tener muy presente que el espacio no se
presenta como caótico, sino marginal, y que el tiempo no es instantáneo sino
desacelerado.
En la última colaboración, Domenica Discipio se refiere a la ciudad en la
noche (pp. 347-387). En efecto, durante la noche, la ciudad no duerme
totalmente, sino que vive, actúa, se mueve, aunque más lentamente. Aunque el
hombre no está adaptado para la noche, en la ciudad durante las horas
vespertinas trabajan miles de obreros. El hombre ha construido su ciudad y ha
de vivir adaptándose a ella. Discipio llega a manifestar que «la ciudad vivirá o
morirá en base a la colectividad» (p. 348). Además, hay que tener en cuenta
que en una parte del planeta la noche domina durante seis meses al año ese
territorio, como ocurre en algunos países nórdicos. De hecho, el tiempo
atmosférico determina el modo de ser del hombre nórdico, que tiene un modo
peculiar de vivir y de construir. Domenica Discipio considera que la ciudad
postmoderna manifiesta una tendencia masoquista a la autodestrucción (p.
355).
Furio Semerari ha coordinado esta obra colectiva, y cuenta en su haber con
numerosas publicaciones, entre las que caben destacar las siguientes La fine
della virtu: Gracian, La Rochefoucauld, La Bruyere (1993) y Il gioco dei limiti:
L'idea di esistenza in Nietzsche (1993). [Recibida el 20 de octubre de 2013].
Guillermo Hierrezuelo Conde
Armando Zerolo Durán, Génesis del Estado Minotauro. El pensamiento
político de Bertrand de Jouvenel, Sequitur, Madrid, 2013, 245 pags.
RESUMEN: Entre los autores franceses de la segunda mitad del siglo XX
destaca Bertrand de Jouvenel, un liberal conservador que forma constelación,
no obstante sus diferencias, con Raymond Aron, Julien Freund y Gaston
Bouthoul. Como estos tres, De Jouvenel puede considerarse un “realista
político”, pues profundamente realista es su crítica de la estatolatría, objeto
fundamental de este libro. El autor estudió la formación en el pensamiento de
83
Recensiones
De Jouvenel del llamado “Estado Minotauro”, última etapa en el desarrollo del
Estado totalitario.
PALABRAS CLAVE: B. de Jouvenel, Soberanía, Estado totalitario, Liberalismo.
Armando Zerolo Durán, discípulo de Dalmacio Negro, es profesor de Historia
de las ideas políticas en la Universidad CEU-San Pablo. Ha cuidado en
diversas ediciones de algunos clásicos modernos y contemporáneos del
pensamiento político: de Rousseau a Röpke. Su último trabajo es un libro sobre
el Estado en el pensamiento de Bertrand de Jouvenel (1903-1987), escritor
político francés, arquetipo del liberal-conservador europeo. Génesis del Estado
Minotauro procede de su tesis doctoral, género del que este libro, muy
transformado, conserva sus virtudes (la originalidad) y ninguno de sus vicios (la
erudición estéril).
El libro del profesor Zerolo es el primero publicado en español sobre el
intelectual francés y el tercero de los primeros en cualquier otra lengua. Le
preceden Bertrand de Jouvenel. The conservative liberal and the illusions of
modernity (ISI Books, 2005), de Daniel J. Mahone, y Bertrand de Jouvenel
(Perrin, 2008), de Olivier Dard. Hay no obstante diversos estudios –no
demasiados– en revistas especializadas y las actas de un congreso que, en
parte, se ocupan de su pensamiento durante la III República: Gilles Le Béguec
y Christine Manigand (ed.), Henry, Robert et Bertrand de Jouvenel: Crise et
métamorphoses de l’État démocratique 1900-1935 (Pulim, 2004). No es pues
De Jouvenel un autor que goce del favor de los académicos, tal vez porque
nunca formó parte de ellos ni se encuadró en una universidad francesa. Se da
también la circunstancia de su conversión al catolicismo después de la II
Guerra mundial, muy relevante para un escritor político francés, de origen judío
y formado en el espíritu laicista. Sobre este aspecto desconocido de la
biografía de De Jouvenel arroja luz Zerolo Durán en las pp. 59-61. Las
referencias a la correspondencia del autor, depositada en la Biblioteca Nacional
de Francia, constituyen una prueba inequívoca. Zerolo Durán cita este pasaje
de una carta de De Jouvenel al editor de su libro De la souveraineté (25 de julio
de 1956): «Soy católico, y la vuelta a una fe viva tras el agnosticismo de mi
juventud ha sido uno de los acontecimientos más importantes de mi vida».
Aunque De Jouvenel no cabe en los registros de lo que podría denominarse
un “escritor político católico”, pues la dimensión religiosa cae fuera de su teoría
política, es cierto que hay una compatibilidad de fondo entre su visión de la
política y la del catolicismo político. Tal vez ahí se encuentre la explicación del
temprano interés por De Jouvenel en catolicismo cultural militante del “Grupo
de Arbor” y la “Biblioteca del Pensamiento Actual” de la Editorial Rialp. La
colección BPA, un referente intelectual de primer orden del pensamiento
conservador hispánico, publicó una edición del estudio sobre la soberanía en
1957, apenas dos años después de la primera edición francesa (hay una
reedición posterior de la Editorial Comares, al cuidado de José Luis Monereo;
la nueva edición mantiene la traducción y el prólogo de Leandro Benavides,
colaborador de Ángel López-Amo en el Estudio General de Navarra). Un año
antes, en 1956, se publicó la traducción de Du Pouvoir: El poder. Historia
natural de su crecimiento (Editora Nacional; 2ª ed., 1974), con un prólogo de
Rafael Gambra. La misma traducción con prólogo de Dalmacio Negro se
recupera en Unión Editorial en 1998. Bien mirado, De Jouvenel es una
84
Recensiones
presencia constante en España, en donde todos sus libros importantes
posteriores a la II Guerra mundial están traducidos, incluso en varias ediciones
y versiones: La teoría pura de la política (Revista de Occidente, 1965); El arte
de prever el futuro político (Rialp, 1966); El principado (Ediciones del Centro,
1974); Los orígenes del Estado moderno (Magisterio español, 1977); La ética
de la redistribución (Encuentro, 2009; una edición distinta posterior: Katz,
2010); y Ensayo sobre la política de Rousseau (Encuentro, 2013). Ha tenido
también divulgación en España la edición venezolana de Arcadia. Ensayos
para vivir mejor (Monteávila, 1971), anticipación de un ecologismo sensato.
El libro de Armando Zerolo es un diáfano estudio sobre uno de los conceptos
más sugestivos de De Jouvenel: el Estado Minotauro, que tiene también, como
el Leviatán hobbesiano, ecos míticos. Casi un cuarto de Génesis del Estado
Minotauro se dedica a la biografía intelectual de De Jouvenel, informando al
lector de su azarosa vida intelectual, determinada decisivamente por su
actividad periodística durante los años treinta. Téngase en cuenta que De
Jouvenel entrevista a políticos como Hitler, Mussolini o Mola, pasando del
socialismo al Partido Popular Francés de Jacques Doriot. Ello dañó su fama y
buen nombre, defendidos incluso judicialmente en un proceso que en 1983
alcanzó cierta notoriedad en Francia y en el que testificaron a su favor desde el
General Navarre, jefe de la sección alemana de los servicios secretos
franceses, a Henry Kissinger; también Raymond Aron, que murió fulminado por
un ataque al corazón a la salida del juicio. En las páginas sucesivas desarrolla
Zerolo Durán su estudio sobre el Estado Minotauro, evolución postrera de la
forma política estatal de la cual se subraya su “carácter demoníaco”. Entre los
méritos de esta obra (claridad de la expresión literaria, sistematicidad y orden)
destaca la utilización metódica de la historiografía de la Estatalidad de
Dalmacio Negro. [Recibida el 23 de noviembre de 2013].
Jerónimo Molina Cano
Isabel Thibault, ed., Liber amicorum 2 Alain de Benoist, Les Amis d’Alain de
Benoist, París, 2013, 380 págs.
RESUMEN: Alain de Benoist es uno de los escritores políticos europeos más
interesantes de las últimas décadas. Este libro reúne más de cincuenta
contribuciones al homenaje por su septuagésimo aniversario. Texto si no
imprescindible, indudablemente necesario para iluminar la figura intelectual del
prolífico pensador francés y de su recepción y presencia en Italia, Alemania,
Bélgica, Rusia, Hungría, Croacia, Argentina, Brasil o España. Si algo ponen de
manifiesto los diversos autores de esta obra, más allá del acuerdo o la
discrepancia, es la importancia del movimiento de ideas que De Benoist anima
desde finales de la década de los años sesenta.
PALABRAS CLAVE: Alain de Benoist, Realismo político, Metapolítica, Nueva
derecha, Revolución conservadora alemana, Michel Marmin, Jerónimo Molina
Cano, Hervé Coutau-Begarie, Armin Mohler, Thomas Molnar, Hugo Chávez,
Costanzo Preve, Günter Maschke.
85
Recensiones
El escritor Alain de Benoist (1943) tiene la “imaginación del desastre”, marca
del realismo político. Su obra abarca decenas de miles de páginas publicadas
en más de veinte lenguas. El repertorio de sus preocupaciones intelectuales
constituye una veta inagotable de enciclopedismo, combinado a la perfección
con su capacidad para aclarar cualquier asunto sobre el que ponga el ojo. Por
eso, la expresión “Nueva derecha” (Nouvelle droite, Nuova destra) aplicada a lo
que representa Alain de Benoist, desde hace más de cuarenta años, en el
panorama intelectual francés, no deja de ser una simplificación interesada. Hay
que lamentar que el intento de sustituir Nouvelle droite por Nouvelle culture
resultara infructuoso. De todas formas, lo de menos es hoy esa denominación,
que apenas les sirve ya a los adictos, bien por inercia, bien por pereza mental,
de las campañas infamatorias y los autos de fe.
Una aproximación meramente cuantitativa de su trabajo e inquietudes
oceánicas se encuentra en el volumen Alain de Benoist bibliographie 19602010 (Les Amis d’Alain de Benoist, 2009), 467 páginas curadas por Michel
Marmin y que contienen todas las referencias de sus libros, artículos, prefacios,
etc., en todas sus versiones, ediciones sucesivas y traducciones. Suficiente
para subrayar la importancia de su pensamiento, pegado a la realidad.
De alguna manera, el Liber amicorum 2, ofrecido por sus amigos y
colaboradores con motivo de su septuagésimo aniversario es como la
reverberación de toda esa obra en la trayectoria de intelectuales, profesores y
académicos de Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Argentina, Bélgica,
Rusia, Croacia y Suiza. En 2003, a los sesenta años del autor, aparece el
primer libro homenaje, en el que, además de la participación de numerosos
autores del tomo de 2013, se registra también la de intelectuales de la talla del
geopolítico Hervé Coutau-Begarie († 2012), el estudioso de la Revolución
conservadora alemana Armin Mohler († 2003) y el filósofo católico Thomas
Molnar († 2010).
Estos dos tomos de homenaje y la bibliografía citada constituyen un óptimo
complemento para la lectura de los que, tal vez, son los dos libros más
personales del autor: Dernière année. Notes pour conclure le siècle (L’Âge
d’Homme, 2001) y Mémoire vive. Entretiens avec François Bousquet (Éditions
de Fallois, 2012).
Notes pour conclure le siècle es un dietario, en la estela del Glossarium de
Carl Schmitt, un “carnet de route” en el que se remansan los trabajos cotidianos
del autor, sus lecturas y su incansable actividad intelectual, a la que se dedica
con una metódica administración del tiempo. Aquí y allá se aquilatan los
aforismos políticos de este tenor: « À droite, la nostalgie. À gauche, l’utopie.
Toujours l’impolitique » (Notes, p. 17).
No es extraño que De Benoist, « plutôt qu’à droite ou à gauche » se
considere « en aval. À l’écoute de ce qui vient » (Notes, p. 23). Ni a la derecha
ni a la izquierda o, tal vez, como suele recordar de un tiempo a esta parte: « à
droite et à gauche ». Siempre a guarda dei fatti, al acecho de la realidad,
expresión que el sociólogo italiano Carlo Gambescia suele aplicar al realista
político de raza. Pocos como De Benoist, “enfermo de objetividad” (Malade
d’objectivité: Notes, p. 61), pueden escribir un libro rico en información y muy
documentado sobre un olvidado socialista francés, uno de los discípulos
aventajados de Georges Sorel: Édouard Berth ou le socialisme héroïque. Sorel.
Maurras. Lénine (Pardès, 2013) sin neutralizar su objeto de estudio, algo que
caracteriza, por otro lado, tantos estudios universitarios: a fin de cuentas,
86
Recensiones
« l’appareil critique a évidemment l’avantage de dissimuler l’absence de pensé
personnelle […] Il y a aussi une façcon érudite d’être infantile » (Notes, p. 62).
Mémoire vive, en cambio, es un largo libro entrevista en el que De Benoist
hace balance de su trayectoria intelectual, en los antípodas, para decirlo todo,
de la “indiferencia a la verdad” (Mémoire, p. 152). La trayectoria debenoisteana
no es de trazo rectilíneo, lo que hay quien apresuradamente le afea, sin tener
en cuenta que el pensamiento raramente discurre por el cauce de un sereno
canal holandés, sino que se parece más bien a la escorrentía de un valle rifeño
por el que el agua, poco a poco, va encontrando su camino hasta encauzarse
en la riera.
En la derecha convencional, reluctante a la crítica, se pone el grito en el cielo
cuando de la pluma de De Benoist aparecen libros como Demain la
décroissance. Penser l’écologie jusqu’au bout (E-dite, 2007) o Au bourd du
gouffre. La faillite annoncée du système de l’argent (Krisis, 2012). Pero la
misma actitud demuestra la izquierda, o lo que queda de ella, cuando desprecia
la incisiva crítica debenoisteana al capitalismo por razones puramente
ideológicas. Se impone en ciertas tribus De Benoist, non legentur, tosca forma
de censura. « Hugo Chávez: ‘La main invisible du marché n’est pas si invisible
que ça, puisqu’elle nous tord le cou’. Le nouveau président du Venezuela m’est
décidément sympathique », escribe De Benoist el 6 de noviembre de 2000. Es
suficiente para incomodar a los intelectuales de obediencia orgánica a derecha
y a izquierda. Y lo mismo se podría señalar de su “neopaganismo” (Comment
peut-on être païen?, Albin Michel, 1981, nueva ed. revisada y aumentada,
Avatar, 2009), sumariamente tachado de “ateísmo radical” y anticlericalismo,
presunciones que no casan del todo con los cuidados de De Benoist,
interlocutor de T. Molnar o, últimamente, del abad Guillaume de Tanoüarn,
autor del reciente Une histoire du mal (Via Romana, 2014). Los ejemplos se
podrían multiplicar, pero la cuestión es si esa exégesis merece realmente la
pena. De Benoist, en palabras de Costanzo Preve († 2013), es sustancialmente
un “hombre de paradojas”, ajeno a las cuentas y avalúos de los que Unamuno
llamaba, con tanto desprecio, “masoretas” de la inteligencia.
En el Liber amicorum 2 se recogen contribuciones de más de 50 autores. Se
echa en falta a algunos amigos que, por diversas razones, no han podido hacer
llegar sus contribuciones a tiempo (Günter Maschke). También es cierto, sin
embargo, que hay ausencias forzosas, yo diría que imperativas, en un recorrido
intelectual tan dilatado como para que las afinidades puedan mudarse en
divergencias irreconciliables. Y a la inversa.
El contenido y dimensión de los estudios y notas es muy variable, desde el
homenaje poético de Michel Marmin (LA2, p. 224), redactor jefe de Éléments
(una de las revistas fundamentales promovidas por De Benoist, junto a
Nouvelle École y Krisis. Revue d’idées et de débats), al estudio sobre la
Revolución conservadora de Luc Pawels (LA2, pp. 259-298), fundador de la
revista flamenca Tekkos. Abundan la evocación personal y el relato de la
amistad con De Benoist y las empresas acometidas a su lado por los distintos
autores.
El libro es también, siquiera indirectamente, un recorrido por la recepción de
De Benoist en Italia, tal vez su patria electiva en la que se le sigue con mucho
más interés que en su propio país (textos de G. del Ninno, C. Preve), Alemania
(texto de D. Stein), Flandes (texto de F. van den Eÿnde), España (texto de J.
87
Recensiones
Ruiz Portella), Argentina (texto de N. Montezanti) o Rusia (texto de A.
Douguine).
Alain de Benoist, el “primer revolucionario-conservador auténtico” (M. Böhm),
“pensador metapolítico” (A. Buela), “héroe europeo” (A. Douguine), “hombre de
las síntesis necesarias” (O. François), “gran anticipador” (J.-Y. le Gallou),
“destructor de ídolos” (T. Isabel), “realista político” (J. Molina), “profesor a
contracorriente” (J. Peusse), “cronista de sí mismo” (F. Valclérieux), escritor
“epocal” (E. Zarelli), agradece sin duda todos estos parabienes, palmadas en la
espalda y espaldarazos, pero lo más seguro es que la conciencia, no exenta de
dramatismo, de la enormidad de la tarea que todavía tiene por delante le
impida solazarse más de lo estrictamente necesario. Sr. Stajanov: ad multos
annos! [Recibida el 24 de noviembre de 2013].
Pablo Sánchez Garrido, ed., Historia y método de la teoría política. Antología
de los maestros del Instituto de Estudios Políticos, con “Estudio preliminar y
notas” de Sánchez Garrido. “Epílogo” de Joaquín Abellán, Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2013, LVIII+266+XX págs.
RESUMEN: El Instituto de Estudios Políticos ha sido una institución clave para el
desarrollo de la ciencia política, la historiografía política y la sociología
española del siglo XX. No obstante su orientación política, el Instituto fue
siempre un asilo para la inteligencia. Este libro recoge los textos más
importantes que sobre la manera de escribir la historia y la teoría políticas
publicaron sus autores más importantes: Luis Díez del Corral, José Antonio
Maravall, Francisco Javier Conde, Carlos Ollero, Jesús Fueyo, Manuel GarcíaPelayo y Francisco Murillo Ferrol. Se ofrece así, por primera vez, una visión de
conjunto de su contribución a la teoría política.
PALABRAS CLAVE: Instituto de Estudios Políticos, Teoría política, Realismo
político, Derecho político.
El Instituto de Estudios Políticos, hoy llamado Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, es un rico venero del pensamiento político español del siglo
XX. En el catálogo de su época “clásica” y en sus revistas, particularmente en
la Revista de Estudios Políticos, se concentran autores e ideas en proporción
suficiente como para desacreditar la leyenda del “páramo cultural” español. En
contra de lo que se suele repetir, los años que corren desde el final de la
Guerra civil hasta los últimos años sesenta son una etapa creadora. Como la
España actual, tenía aquella también sus lugares comunes repetidos
cansinamente. Ahora es “el consenso de las fuerzas políticas” y antes “la
unidad”. Sin embargo, a diferencia de lo que hoy sucede, en aquellos años,
particularmente entre 1935 y 1969, coinciden dos generaciones que le dan al
pensamiento político, un tono y una vitalidad que no se conocía, tal vez, desde
el Siglo de oro. Superiores a los grafómanos del krausismo, entre quienes, no
obstante, se encuentran autores destacados, los juristas de Estado reunidos en
torno al Instituto de Estudios Políticos forman un grupo relativamente
compacto. Los nombres de Francisco Javier Conde, Carlos Ollero, Luis Díez
88
Recensiones
del Corral, José Antonio Maravall, Jesús Fueyo, Rodrigo Fernández-Carvajal y
muchos otros, no dirán mucho ni a los jóvenes universitarios ni, tal vez, a sus
profesores. Se trata, sin embargo, de una pléyade de catedráticos cuyo
magisterio transforma la decadente universidad española que nos deja el siglo
XIX. Un cuerpo exangüe –más que una excepción, la Central de los años
veinte y treinta parece un espejismo–.
La revista Empresas políticas ha llamado la atención casi en solitario sobre
esa etapa del pensamiento español: casi diez años de trabajo y 15 números
publicados, lo que la convierten en referencia obligada para el estudio de la
época. Los autores del Instituto de Estudios Políticos siguen siendo “bandera
discutida”, pero cabe esperar que, poco a poco, las cosas muden.
Inexorablemente. También en este sector, hasta hace poco despreciado por la
historiografía política. A fin de cuentas, la maquinaria universitaria y académica
necesita nuevos temas y nuevos nombres para hacer con ellos, como escribe
Carl Schmitt en su Glosario, “cuero para una mesa”. Se trata de hacer de todos
ellos escritores o intelectuales “presentables”, aún a costa de redondearles
cualquier arista, neutralizar su pensamiento y volverles inofensivos. Pero, por
otro lado, confiemos en que sólo sea cuestión de tiempo y de un esfuerzo bien
orientado que se restaure la jerarquía de la inteligencia. La tarea es ingente,
pero se distingue ya el perfil del pensamiento políticos jurídico del siglo XX, en
el que se acusa una continuidad extraordinaria que desafía la ilusionada visión
de una historia ideologizada de las ideas políticas, marcada por síncopas, las
ausencias y las simplificaciones. Sobresalen no obstante en ese paisaje los
cuatro grandes juristas políticos de aquel tiempo: Posada, Pérez Serrano,
Conde y Fernández-Carvajal. La diferencia con el abigarrado panorama del XIX
es palmaria: de ese siglo, dejando a un lado el krausismo, en el que hay de
todo, destaca Donoso Cortés, tal vez el único pensador que tiene el sentido del
Estado.
Merece que se destaque, en este punto, la reciente edición de una antología
sobre la teoría política de los maestros del Instituto de Estudios Políticos. Pablo
Sánchez Garrido, profesor del CEU-San Pablo, ha tenido la idea, Joaquín
Abellán, profesor complutense, la ha secundado (y respaldado también con un
epílogo) y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Benigno
Pendás la ha hecho posible. El volumen aparece en la nueva serie –lo cual es
también un signo– “Civitas. Nueva época”, que recupera el sello de la famosa
colección que prestigió al Instituto de Castiella, Conde, Fraga y Fueyo.
La antología de Sánchez Garrido recoge textos de Díez del Corral, Maravall,
Conde, García-Pelayo, Ollero, Murillo Ferrol y Fueyo, sobre la historiografía y el
método del pensamiento político (1ª parte) y distintas cuestiones relativas a la
teoría política, campo singularizado del pensamiento político (2ª parte). Las
antologías son del antologista y ésta es, con todas sus consecuencias, la del
profesor Sánchez Garrido. Quiero decir que la elección de los autores
epónimos del Instituto podría haber sido distinta y, asimismo, la selección
literaria. Teniendo en cuenta que en este caso los candidatos a ser
antologados son muchos, el criterio para valorar este volumen ha de ser,
necesariamente, el de la “oportunidad”. Esa es la virtud de la selección de
Sánchez Garrido, pues al libro no le sobra ninguno de los juristas que el editor
ha traído al texto. En un proyecto de más envergadura y más páginas creo que
habría recuperado a muchos más.
89
Recensiones
Teniendo en cuenta la reticencia editorial y académica a ocuparse de estos
escritores políticos –juristas, historiadores, sociólogos–, la antología de
Sánchez Garrido no es un libro más, sino la incoación de un “canon” del
pensamiento político español del tercio medio del siglo XX. De hecho, el editor
se refiere a una “escuela” o, al menos, a “una cierta tradición metodológica
conjunta”, caracterizada por su realismo histórico-político (p. XLVI). Destaca
también Sánchez Garrido la importancia que la forma política estatal tiene para
todos ellos. Tiene razón: si algo caracteriza al pensamiento político español de
esa época, independientemente de sus aspectos ideológicos, epidérmicos, muy
secundarios y en realidad sin importancia fuera del estrecho marco de la
época, es la actitud frente al “Estado”. La nación española, como ha explicado
F. J. Conde, asiste después de la guerra a la fundación de un Estado: «Franco
–llega a decir‒ le da a España la habitud de Estado». Lo mismo pensaban
Gonzalo Fernández de la Mora y Jesús Fueyo. No hay ni un solo pensador de
mérito que no tenga que ver con ese magno problema: para unos resulta
forzoso edificarlo, bien como estado administrativo (G. Fernández de la Mora,
J. Fueyo, M. Fraga, Laureano López Rodó), bien como Estado mínimo (Rafael
Calvo Serer, Ángel López-Amo) pues es la manera de acabar con la
decadencia secular de la patria; para otros, en cambio, la “estratificación” de
España está en el origen de sus males: la decadencia nacional se explica
precisamente por el empeño de transformar la monarquía en Estado (Álvaro
d’Ors, Francisco Elías de Tejada, Rafael Gambra). Se interesa también
Sánchez Garrido en estudiar una primera aproximación a las influencias
recibidas en el “grupo”, entre las que destacan Heller y Meinecke.
Precisamente de este último y de su recepción en España se ocupa Joaquín
Abellán en el epílogo.
Historia y método de la teoría política es un proyecto que merece verse
consolidado. Hay indicios de que ello pueda ser así. [Recibida el 9 de diciembre
de 2013].
Antonio Sánchez Bayón, Renovación de la Filosofía social iberoamericana.
Orientaciones para salir del laberinto Estado-nación y (re)humanizar la
globalización, Tirant Humanidades, Valencia, 2013, 168 págs.
RESUMEN: libro complejo, a la vez que desordenado, del que es autor Antonio
Sánchez Bayón. La obra se dispersa por diversas temáticas, con títulos de los
enunciados sugerentes, saltando de una cosa a otra, con un trasfondo de
defensa esencial de la cultura iberoamericana y accidental de algunos valores
socialcristianos. Más que en la densidad ontológica de la obra, hemos de
fijarnos en el alcance de denuncia que la preside y en la multiplicidad
policrómica de conocimientos, frases, autores y hechos de que Sánchez Bayón
hace gala.
PALABRAS CLAVE: Nordicofilia, Logos, Mito, Imperio, Sísifos, Síndrome de
Quirón, Síndrome de Siracusa, Leyenda negra.
90
Recensiones
Nos encontramos más que frente a un manual de Filosofía social
iberoamericana, ante un ensayo que enlaza citas, ideas, críticas, autores de
diversas ideologías y procedencias, y que cualquier lector que se asome a este
breve comentario no podrá deducir su contenido por tan rimbombantes
enunciados de capítulos y subcapítulos como los que indicamos, tales cuales:
“Galeato a favor de Iberoamérica, su humanismo y su cultivo” (p. 23), “Acerca
del compañero de viaje, los bártulos, la brújula y las postas del camino” (p. 29),
“Relaciones intergeneracionales como parte de la historia clínica” (p. 45),
“Bárbaros v. civilizados: manifiesto de los odiseos iberoamericanos” (p. 56), “Yo
denuncio: paremos la prodigalidad de los centauros de posguerra” (p. 62), “De
centauros y sísifos, y del meollo de su ideología” (p. 63), “De la prodigalidad
mientras los odiseos sigamos emboscados y errantes” (p. 73), “Pérdida de
anticuerpos: dilapidación del capital cultural hispánico” (p. 89), “De los
intelectuales a la intelectualidad: síndromes de Quirón, de Siracusa y de
Frankenstein” (p. 103), “En el nudo gordiano: adiós al humanismo y bienvenida
a las leyendas negras” (p. 124). Las autoras de este comentario valorativo nos
quedamos con una frase del autor que puede ser expresiva de lo que pretende
decirnos, aunque tampoco queda del todo claro: «Además de todas las
cuestiones exógenas expuestas (sobre etiquetas falaces y manipuladoras y
riesgo de colapsos o enfrentamientos), los iberoamericanos hemos de abordar
previamente otras endógenas, condicionantes de nuestra percepción y
respuesta a las primeras como son las planteadas desde el inicio, relativas a la
identidad, el capital simbólico, la cultura, etc. Y es que, frente a estas últimas,
como neobárbaros en curso, parece que hemos perdido sensibilidad. Por lo
que quizá, antes de descubrir quiénes y cómo somos, sirviendo de referente al
resto del mundo, sea más fácil dejar claro qué no somos y qué va contra
nuestra naturaleza» (p. 163). Es decir, que éste es un libro en el que hay de
todo, y no sería extraño por tanto que apareciera incluso, aunque en este caso
no sea así, aunque tampoco sobraría si lo hiciera, el debate sobre si es o no
pecado bailar, a lo que son tan aficionados los iberoamericanos y en particular
los brasileños, hasta el punto de que casi forma parte de su ADN nacional1.
Es una obra donde se escribe sobre bastantes cosas y que cabe incluir en lo
que el autor defiende ahora, como ha postulado en otras ocasiones por escrito,
una valoración positiva de lo iberoamericano o lo hispánico frente al mundo
anglosajón y nórdico. Lo prologan un docente de la DePaul University, Alberto
R. Coll, que es profesor de Derecho internacional (que no ha sido nunca
Subsecretario de Defensa de los EE.UU, como señala Sánchez Bayón, quien
en alguna otra ocasión incluso ha tenido el atrevimiento de indicar que fue
Secretario de Estado de Defensa, sino que Coll simplemente ha formado parte
del equipo de colaboradores, asistentes y becarios de la Secretaría de
Defensa, que es una cosa completamente distinta; el propio Coll lo precisa es
su curriculum “asistente de la Secretaría de Defensa”) y otro, León María
Gómez Rivas, profesor titular de Historia y Pensamiento económico de la
1
María Encarnación Gómez Rojo se hizo eco de ello escribiendo sobre Lo libre de les dones, al
defender su «total rechazo hacia la apasionante obra del presbítero Rufino Villalobos Bote, ¿Es
pecado bailar? ¿No es pecado bailar? Respuesta serena y objetiva a estas apasionantes
preguntas de la Juventud de hoy, publicada en Villanueva de la Serena, 1948, por la Editorial
Librería Morcillo, 190 pp.» [“El pacifismo y la tolerancia en el pensamiento social y político de
Francesc Eiximenis”, en Toleranz und Intoleranz im Mittelalter, VIII. Jahrestagung der ReinekeGesellschaft, Jahrbücher des Reinecke-Gesellschaft, Greifswalder Beitrâge zum Mittelalter, vol.
74, Greifswald, 1997, p. 79, nota 16].
91
Recensiones
Universidad Europea de Madrid. Coll concluye con un «estemos o no de
acuerdo con el autor, sin leer su libro y tomar en serio los argumentos que pone
en la palestra nos quedaremos más pobres de lo que ya somos» (p. 12),
mientras que Gómez Rivas, desde esta otra orilla europea, es más rotundo en
su defensa del presente libro: «Me parecen muy acertadas las propuestas que
nos ofrece Sánchez Bayón…, como la superación de la memoria histórica, una
referencia a la religiosidad del nuevo milenio o esa recuperación del
humanismo europeo y universitario» (p. 15).
Sánchez Bayón se inició en el Derecho eclesiástico del Estado, defendiendo
una tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, pasando luego
por diversas universidades como investigador o ampliando su formación, y más
tarde como docente en la DePaul University, en la Universidad Loyola
Andalucía, en la Universidad Europea de Madrid y en la mayor parte de su
tiempo en la Universidad Camilo José Cela de la capital de España. Ha
impartido fundamentalmente otras disciplinas que no son el Derecho
eclesiástico del Estado y el Derecho canónico, de ahí el giro que están
tomando sus últimos libros hacia la Filosofía del Derecho (anterior área de
conocimiento de Filosofía del Derecho, Moral y Política), el Derecho
Constitucional, la Historia del Derecho y la Historia del pensamiento jurídico.
En las páginas de Sánchez Bayón se traspira también un cierto desasosiego
crítico, que emerge igualmente en algunos otros escritos suyos frente a los
modos de selección y de control universitario del profesorado en España. El
problema, en el fondo y en la forma, era, es y probablemente seguirá siendo
económico, y eso tanto en la Europa civilizada como en Estados Unidos; en el
Estado español se le añade, a ese clarísimo componente económico, una
tonalidad de localismo, camarillas, escuelas, etc. Lo primero es una cuestión
que viene de antiguo; ya lo decía en 1949 G. D. Dieke:
«The question of money has finally come up in connection with the
universities. While this does not present the most serious problem for the
universities, yet it is nevertheless one which cannot be disregarded. I believe
this problem has many aspects with which Europeans are unifamiliar and a few
words may therefore be devoted to it. Higher education is expensive. A
university could not possibly exist from the fees the students pay. In Europe it is
practically taken for granted that the State will support the universities. In the
United States, there has been a different attitude about this, and the
consequences of this possibly are at the root of some of the most serious of the
immediate problems now facing the universities»2.
2
G. D Dieke, “Post war problems in American Universities”, en Quaestiones academicae
hodiernae varias virorum doctorum exterarum praesertim gentium Commentationes in honorem
lustri sexagesimi septimi Universitatis Groninganae collegerunt studiosi groningani, Groninga,
1949, pp. 41-42. En esa misma obra universitaria aparecen pocas, pero muy sólidas
colaboraciones, nada menos que de Karl Jaspers, „Der übernationale Sinn der abenländischen
Universität“, pp. 9-13, donde precisa: „Der Sinn der Universität ist die Erforschung und Lehre
der Wahrheit in ihrem ganzen jeweils erreichbaren Umfang. In dem Willen zur Wahrheit liegt die
Autonomie der Universität. Sie setzt voraus, das Wahrheit um jeden Preis in der Welt sein solle,
und dass auf die Dauer Wahrheit zwar nicht einfach das Glück aber die Menschenwürde
ausmache, und dass ihre bedingungslose Erhellung Gottes Wille sei. Daraus folgen vor allem
die Grundsätze für das Leben der Universität“ (pp. 9-10). Además, escriben Alfred Ernout, “Les
études classiques en France”, pp. 14-19; J. G. Van der Corput, “Enkele universitaire
problemen”, pp. 20-26; Edgardo Baldi, “Problèmes de la recherche scientifique en Italie après la
92
Recensiones
Las cosas siguen siendo, en buena parte, así, pero mientras las
Universidades importantes y mejor cualificadas en los rankings en Estados
Unidos son mayoritariamente las privadas, en España las mejores son, con
diferencia, las públicas, donde en el único ranking universal de base amplia que
existe, el de Webometrics, la más relevante de las privadas es la Universidad
de Navarra (casi indefectiblemente la primera de España que no es pública),
que aparece la 29 del Estado español, con 28 universidades públicas que la
aventajan en calidad; la segunda privada o semipública es la Oberta de
Catalunya, la 42 y, en tercer lugar, la de Comillas en el puesto 51.
Pero, ad casum, pongamos algunos ejemplos más, como la Universidad
Europea de Canarias, que ocupa el puesto 18.261 del mundo, estando por
tanto la Universidad Camilo José Cela, en la que profesa como docente e
investigador Antonio Sánchez Bayón, situada como la 3.506 del planeta y la 66
de entre las Universidades u otros centros sueltos de enseñanza superior en
nuestro país. No es un mal lugar el de la U. Camilo José Cela porque está por
delante de no pocos centros educativos españoles, algunas Universidades
públicas y varias privadas y concordatarias españolas.
Varias de las ideas aquí recogidas, ya ha tenido oportunidad de ponerlas de
relieve Antonio Sánchez Bayón en otras publicaciones suyas. El número de
referencia a autores y a obras es abundante. Se citan a veces los libros, en
otros muchos casos no, pero en ningún momento se indica en qué lugar de su
obra, en qué pagina o páginas el autor dice aquello que Sánchez Bayón
recoge.
Muchas citas son refranes, en otros casos referencias oportunas o ideas de
conjunto, pero la totalidad de esas citas se pueden encontrar en el buscador
google.es, por temas y con la simple indicación del autor. Ello no empece que
haya mucha cultura en este libro, que podría mejorarse con unas conclusiones
numeradas, que permitieran a los lectores tener una idea más clara de lo que
aporta el humanismo iberoamericano a la cultura universal.
En cualquier caso hay un desfase cultural, esencial3, económico y natural del
mundo de los países hispanoparlantes y lusófonos de América y de África, si
los comparamos con EE.UU., Canadá, Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda,
Bélgica, Escocia, Dinamarca, Irlanda, Suiza, Austria, Italia, Hungría, Lituania,
Suecia, Noruega y Finlandia. Negarlo es absurdo desde todo punto de vista.
Decía Joseph Marie de Maistre (1753-1821) que «el cetro de la ciencia
pertenece a Europa en cuanto que es cristiana»4, y no nombra para nada a
Hispanoamérica. Manifesta non egent probatione! [La presente recensión
crítica ha sido realizada de manera parcial en el seno de los proyectos de
investigación "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para
guerre”, pp. 27-32; A. Pais, “Het Institute for Advanced Study”, pp. 45-49; A. Norman Jeffares,
de la Universidad de Edinburgo, “Problems Confronting British Universities”, pp. 50-59 y
Radhabinod Pal, “The Basis ol Ultimate Legal Relations according to Ancient Hindu
Conception”, pp. 60-69.
3
Ya P. P. F. J. H. Le Mercier de la Rivière escribía, con profundidad, precisamente sobre las
diferencias de las sociedades políticas por razones de todo tipo, en L’Ordre natural et essentiel
des sociétés politiques, París, chez Desaint, 1767, 2 vols., 353 y 547 pp.
4
Joseph de Maistre, Le serate di Pietroburgo, trad. italiana de Gennaro Auletta, Milán y Roma,
2004, p. 134.
93
Recensiones
HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)]. [Recibida el 12 de diciembre de
2013].
María Cristina Toledo Báez
Verónica del Valle Cacela
Corrado Malandrino, Democrazia e federalismo nell’Italia unita, Claudiana,
Torino, 2012, 127 págs.
RESUMEN: Libro muy interesante a nivel teórico sobre distintos planteamientos
en torno al federalismo, sobre el que existen más de cuatrocientos setenta
conceptos diferentes. El caso italiano es el que más preocupa a Malandrino,
pero sabe volar alto. La Liga del Norte tiene unas ideas y unos objetivos que
son parecidos a los que se dan en Escocia, Cataluña (el honorable Artur Mas
ha tenido contactos secretos con la cúpula de la Liga del Norte) y ahora en
Crimea. En la Europa de las libertades, los pueblos que han sido naciones no
pueden seguir constreñidos y la libertad de autodeterminación ha de estar
presente en los planteamientos democráticos civilizados.
PALABRAS CLAVE: Corrado Malandrino, Federalismo, Confederación, Fascismo,
Gianfranco Miglio, Liga del Norte.
Corrado Malandrino es uno de los más prestigiosos catedráticos de Historia
de las doctrinas políticas con que se cuenta actualmente en las Universidades
italianas. Tiene asignada una cátedra Jean Monnet, que avala su pensamiento
europeísta. Es docente de la Universidad del Piamonte Oriental. Plantea en
esta obra el que se lleve a cabo una reforma federal a nivel europeo y que el
federalismo también tenga un cierto sentido, aunque ya de antemano pone de
manifiesto que la palabra federalismo cuenta con más de cuatrocientas setenta
acepciones distintas (pág. 6), lo que ya de por sí origina no pocos problemas.
La primera pregunta que cabe hacerse es si el federalismo fomenta la unidad o
la diferenciación y, en el caso particular italiano, cuál es la ideología de la Liga
del Norte. Para Malandrino el federalismo nace como una realidad unitaria:
«La federación hace referencia con su denominación a un verdadero y
propio Estado federal, mientras que la confederación, que no tiene carácter
estatal, indica un ámbito de pactos, temporal y transitorio, que no implica
alguna limitación o renuncia de soberanía por parte de sus miembros.
Naturalmente una confederación puede, dentro de determinadas condiciones
que están establecidas por y en el contexto histórico-político, transformarse y
tender con el tiempo hacia el objetivo de la federación» (pág. 12).
La oposición del federalismo a la idea de la soberanía absoluta del Estado
moderno es clara. Terminológicamente esta obra le sirve a Malandrino para
situar «el municipalismo antinacional y antiunitario» (p. 22) opuesto a la unidad
italiana.
94
Recensiones
Luego se detiene en estudiar el pensamiento de Carlo Cattaneo, con sus
teorías de la federación italiana y la Europa federal de las naciones, para pasar
más tarde a las ideas de Giuseppe Mazzini (1805-1872), con las críticas de
Giovanni Gentile (1875-1944) y sus ideas de una Italia nueva, que no se puede,
según él, entender sin el fascismo, que para el filósofo de Castelvetrano era
«un movimiento político, y por tanto moral e implícitamente comprensivo de
todo el desarrollo espiritual de la nación»1.
Pasa Malandrino, en un segundo momento, a estudiar a Garibaldi y su
Memorandum alle potenze d’Europa, a Cavour, a Luigi Carlo Farini, a la propia
terrible dictadura fascista que asoló la península italiana en un ventenio que
pone los pelos de punta, para luego recoger las ideas de Luigi Sturzo, de Alcide
De Gasperi y por último de Gianfranco Miglio y la Liga del Norte.
La Padania no puede estar produciendo riqueza para mantener a una Sicilia,
llena de mafiosos, y que es un lastre económico y social para el Estado italiano.
La Liga del Norte es aire fresco en una Italia sumida durante décadas en la
corrupción política y en las crisis permanentes del Gobierno. Lo importante no
es la concepción federalista, sino que la Padania, como Cataluña, Escocia,
Québec, Euskadi o Crimea alcancen la anhelada independencia, con la
1
Giovanni Gentile, “Dopo la fondazione dell’Impero [1936]”, en Politica e cultura, Florencia,
2004, p. 164.
95
Recensiones
palabra, explicando las cosas, escribiendo, razonando, y, si fuera obligado
porque no queda otro camino, poniendo los puntos sobre las “i” o sobre las “o”,
y, si se diera el caso insoportable de ser asfixiados por el poder central,
recurriendo a otros medios más contundentes y eficaces al mismo tiempo.
Por supuesto, Corrado Malandrino no comparte estas afirmaciones nuestras
en su libro, pero no importa, pues hay que seguir luchando teóricamente para
que los pueblos logren sus objetivos, ahora y en los próximos años. [Recibida
el 20 de diciembre de 2013].
Manuel J. Peláez
María Jesús Espuny Tomàs, Olga Paz Torres, Guillermo García González y
Josep Cañabate Pérez, Esquemas de Historia del Derecho social y de las
instituciones laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 204 págs.
RESUMEN: Nos enfrentamos a un texto que constituye un instrumento de trabajo
para el discente y el docente de Historia de las Relaciones Laborales, dentro de
la carrera que en forma de grado de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos ha substituido a la anterior diplomatura en Relaciones Laborales y a
la licenciatura de segundo ciclo de Ciencias del Trabajo. Está escrito con una
claridad meridiana y con unos esquemas orientadores.
PALABRAS CLAVE: Derecho Social, Historia de las Relaciones Laborales,
Derecho del Trabajo, Política Social, Ley de la silla, Instituto de Reformas
Sociales, Instituto Nacional de Previsión.
Un acierto sin duda es la publicación de este libro para la nueva asignatura
de Historia de las Relaciones Laborales, materia básica del primer curso del
grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Pero esta publicación,
que responde al título de Historia del Derecho Social y de las Instituciones
Laborales, se limita exclusivamente a la edad contemporánea, a un solo país,
España, y además se cierra con la Segunda República. Se circunscribe a
aspectos de interés histórico-jurídico, pero no de historia de las ideas jurídicas,
laborales y sociales (el liberalismo, el anarquismo, el socialismo utópico, el
socialismo científico, el socialismo de cátedra, el marxismo, el comunismo, la
doctrina social de la Iglesia). Si aparecen alguna vez, es de forma colateral e
insubstancialmente tratados en el libro colectivo que estamos recensionando.
Para un planteamiento racional y coherente de la Historia de las Relaciones
Laborales hemos de partir desde los griegos, con las teorías de Aristóteles
totalmente degradantes sobre el trabajo hasta el último tercio del siglo XX en
Europa, refiriéndose también a los países civilizados y desarrollados cultural y
científicamente de América, es decir Estados Unidos y Canadá, con posibilidad
de extenderlo igualmente a los que integran en ese continente la denominada
Francia de Ultramar.
No obstante, el equipo dirigido por Espuny ha sabido moverse con una
racionalidad y sistemática, en la elaboración de este manual, verdaderamente
encomiable. Dicen muchas cosas y las explican muy bien, desde la
desaparición de los gremios por el triunfo de la libertad de industria y de
comercio. La Ley Benot, de 24 de julio de 1873, promovida por el Ministro de
Fomento Eduardo Benot Rodríguez, resulta, con parámetros de nuestros días,
96
Recensiones
como completamente desquiciada, pues establecía los diez años como edad
mínima para trabajar, pero con respecto a su época supuso un avance notable,
como se encargan los autores del libro de recordarnos, recogiendo una parte
del discurso de Francesc Pi i Margall (29 de abril de 1824 – 2 de noviembre de
1901) pronunciado ante las Cortes republicanas defendiendo el texto:
«Debemos también velar porque los niños no sean víctimas, ya de la codicia,
ya de la miseria de sus padres; debemos evitar que se atrofien y se enerven en
los talleres por entrar en ellos antes de la edad necesaria para sobrellevar tan
duras tareas. Hemos de solicitar condiciones para los niños que entren en las
fábricas y, sobre todo, hacer que el trabajo no impida su desarrollo intelectual,
que, por desgracia, es muy escaso en las clases jornaleras» (p. 55).
También los autores indican la publicación de la Ley sobre trabajos
peligrosos de los niños de 26 de julio de 1878 que es objeto de detallada
disección por el cuarteto elaborador del manual. Además se detienen en la
Comisión de Reformas Sociales creada en 1883, la Ley de accidentes del
Trabajo de 30 de enero de 1900, el Instituto de Reformas Sociales creado por
un Real Decreto de 23 de abril de 1903, la Ley del descanso dominical de 3 de
marzo de 1904, el Reglamento para la Inspección de Trabajo de 1906, el
Instituto Nacional de Previsión erigido por Ley de 27 de febrero de 1908, la Ley
de la silla de 27 de febrero de 1912 [de ella resaltan los autores varias ideas
contenidas en la norma, de las cuales precisamos un par de ellas, en concreto
«la mujer no debe trabajar de pie, sino sentada» y «diferentes estudios
higiénicos y sanitarios habían probado que el trabajo de pie podría provocar
congestión de los ovarios y en la matriz, dando lugar a abortos y partos
prematuros», p. 98], la Ley de 11 de julio de 1912 sobre el trabajo nocturno de
97
Recensiones
la mujer2, la Ley de 19 de mayo de 1908 sobre Consejos de Conciliación y
Arbitraje Industrial, la Ley de 19 de mayo de 1908 que autorizaba al Gobierno
la creación de Tribunales Industriales, la aparición del Ministerio de Trabajo en
1920, el Código del Trabajo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la
constitucionalización del trabajo en la Segunda República.
Instrumento de estudio muy útil para el discente de Historia de las
Relaciones Laborales, dedica una atención mínima incomprensible al bienio
radical-cedista y a las medidas laborales tomadas por los gobiernos del Frente
Popular antes del 18 de julio de 1936 y en los territorios dominados por los
republicanos. Es, no obstante, un manual sin bibliografía y sin consideraciones,
ni valoraciones doctrinales sobre las distintas normas e instituciones, cuando
hay un conjunto de autores, en su mayor parte profesores de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social o de Trabajo Social y antes de Política Social,
o estudiosos de las Instituciones sociales y laborales que escribieron y
aportaron ideas, pensamientos, reflexiones que están bien distantes de la
inconsistencia o la vulgaridad para no tenerlas en cuenta. Leyendo la obra El
Castillo de Franza Kafka (1883-1924) me encuentro con una cita adecuada a la
idea que quiero y pretendo reflejar: «las camareras de las habitaciones están
acostumbradas a mirar por el ojo de la cerradura, y por eso tienen la costumbre
de deducir de una pequeñez que realmente ven algo tan enorme como falso en
su totalidad»3. No es éste el caso de los autores de la obra, en primer lugar
porque no es lo suyo prácticar la honesta tarea de la profesión de camareras
de habitación, sino que la cita nos sirve para no quedarnos solo en el resumen
del reducido enunciado de algunos de los artículos de las leyes y de los reales
decretos, sino que hay que ver que es lo que han dicho y cómo lo vieron o lo
han visto con gafas de aumento francesas, alemanas e italianas, no por el ojo
de una cerradura, Álvaro Núñez López, Eugenio Pérez Botija, Manuel Alonso
Olea, Gaspar Bayón Chacón, José Maluquer Salvador, Luis Enrique de la Villa
Gil y, sobre todo, José Luis Monereo Pérez. En cualquier caso este libro
también presta un buen servicio al docente (pero no al investigador) de la
asignatura básica del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
[Recibida el 18 de diciembre de 2013].
Manuel J. Peláez
2
Me trae a la memoria el trabajo nocturno femenino no solo las consideraciones de Gustav von
Schmoller sobre las cabareteras, sino el interesante artículo de Irena Boruta y J. Carby-Hall,
“Quelques réflexions du jour sur l’interdiction du travail de nuit des femmes”, en Derecho
comercial comparado [en el que también hay colaboraciones de Huub A. H. Audretsch, Ezio
Capizzano, Alexander Korthals-Altes, Norman E. Palmer, Luigi Filippo Paolucci, Antonio
Pavone La Rosa, David L. Perrott, D. Rhidian Thomas, Niccolò Salanitro y Carlo Ubertazzi],
Promociones Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1989, pp. 3087-3113.
3
Franz Kafka, Obras Completas, I, El Castillo, trad. de Miguel Sáenz, Galaxia Gutenberg,
Barcelona, 1999, p. 1008.
98
Recensiones
V.V. A.A., Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las
ideas políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización
democrática en homenaje a Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein
(1848-1913), con ocasión del centenario de su muerte, en Revista Europea de
Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 6 (noviembre
2013), 209 págs.
RESUMEN: Se ha organizado en España un homenaje científico al gran
historiador del Derecho y constitucionalista francés Jean-Paul-HippolyteEmmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913). La ocasión es el centenario de su
nacimiento. Las colaboraciones son de profesores de Italia, Francia, Canadá y
Alemania. Los editores son Manuel J. Peláez y Miriam Seghiri. Los contenidos
muy variados: Derecho constitucional, Historia de las doctrinas políticas y
Teorías de defensa de los valores republicanos.
PALABRAS CLAVE: Adhémar Esmein, Arnaldo Merio Scattola, Gábor Hamza,
Stamatios Tzitzis, Thomas Gergen, Henri Pallard, Francesca Biondi, Elisa
Mongiano, Loredana Garlati, Guillaume Sacriste, Italia Maria Cannataro,
Giacomo Pace Gravina, Gabriele Carletti, Corrado Malandrino, Luciano
Musselli, Manuel J. Peláez, Miriam Seghiri.
El presente homenaje al gran jurista de Estado francés Jean-Paul-HippolyteEmmanuel Adhémar Esmein era obligado habiéndose cumplido en 2013 el
centenario de su muerte. Fue un jurista poliédrico, que cultivó lo que ahora se
corresponderían con diversas áreas del conocimiento jurídico. Pero al margen
de sus publicaciones, muy abundantes y sobre materias nada fáciles, escribió
unos Éléments de droit constitutionnel français et comparé, libro del que se
hicieron varias ediciones, cada vez con más añadidos, que le superaron en
vida pues algunas fueron editadas ya fallecido Esmein, y que está considerado
como una obra capital dentro de la fundamentación del constitucionalismo
contemporáneo.
El homenaje se abre con una justificación del mismo de la mano de Manuel
J. Peláez y Miriam Seghiri, bajo el título “La oportunidad y conveniencia de
estos «Estudios de Historia del Derecho constitucional, de Historia de las ideas
políticas y de Historia de los modelos republicanos como racionalización
democrática en homenaje a Adhémar Esmein (1848-1913), con ocasión del
centenario de su muerte»”, pp. 1-12.
Le siguen las colaboraciones propiamente dichas del homenaje, salidas de
la pluma de Arnaldo Merio Scattola, catedrático de Historia del las ideas
políticas de la Universidad de Padua, bajo el título “Civitas e respublica
nell’aristotelismo político della prima età moderna”, pp. 13-34; Gábor Hamza,
catedrático de Derecho romano y de Derecho constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, “Bemerkungen zur
geschichte der direkten Demokratie in Europa”, pp. 35-43; Stamatios Tzitzis,
director adjunto del Instituto de Criminología de la Universidad de París II
Panthéon-Assas, “Cultura religiosa e diritti fondamentali”, pp. 45-49; Thomas
Gergen, catedrático de la Universidad Europea de Economía y Management de
Luxemburgo, “Professeur à l’université et directeur de bibliothèque municipale:
le père Gibault de Poitiers et son programme pour l’enseignement universitaire
99
Recensiones
après la Révolution Française”, pp. 51-66 y Henri Pallard, catedrático de
Filosofía y Teoría del derecho de la Universidad Laurentiana, en Sudbury,
“Transformation dans la signification de la liberté religieuse: histoire et
philosophie”, pp. 67-78.
Una segunda remesa de colaboraciones viene constituida por los estudios
salidos de las plumas de Francesca Biondi, catedrática de Historia de las ideas
políticas de la Universidad de Catania, “Pietro Nenni e la nascita della
Repubblica Italiana”, pp. 79-84; Elisa Mongiano, catedrática de Historia del
derecho medieval y moderno de la Universidad de Turín, “Il principio di
nazionalità nella formazione dello stato unitario italiano: il contributo di Pasquale
Stanislao Mancini”, pp. 85-97; Loredana Garlati, catedrática de Historia del
derecho medieval y moderno de la Universidad de Milán-Bicocca, “La sovranità
alla nazione, la giustizia al popolo: l’istituzione della giuria in Francia tra principi
costituzionali e leggi penali (1789-1810)”, pp. 99-121; Guillaume Sacriste, “Sur
le républicanisme d’Adhémar Esmein”, pp. 123-140; Italia Maria Cannataro,
profesora de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad de Messina,
“The edge of politics: the Caudillos in Latin America and the question of
sovereignty”, pp. 141-155; Giacomo Pace Gravina, catedrático de Historia del
derecho medieval y moderno de la Universidad de Messina, “Tra Costituzione
siciliana e Costituzione spagnola: la ‘Guerra di Sicilia’ del 1820-21 e il processo
al generale Rosaroll”, pp. 157-166; Gabriele Carletti, catedrático de Historia de
las doctrinas políticas de la Universidad de Téramo, “Machiavelli nelle
«Osservazioni» di Melchiorre Delfico”, pp. 167-186; Corrado Malandrino,
catedrático de Historia de las doctrinas políticas de la Universidad del Piamonte
Oriental, “A critique of democratic party and mythology of patriotism in Robert
Michels”, pp. 187-200 y Luciano Musselli, profesor emérito de Derecho
eclesiástico de la Universidad de Pavía, “I cattolici e l’Unità d’Italia. Le linee di
fondo dell’evoluzione di un rapporto”, pp. 201-209.
En la presentación, los editores Peláez y Seghiri resaltan la importancia de
Jean-Paul-Marie-Hippolyte-Emmanuel Adhémar Esmein por su condición de
profesor universitario de diversas disciplinas jurídicas, aunque no en todas dejó
escritas publicaciones, pero sí las hizo de relieve en materias como el Derecho
canónico matrimonial1. También en la presentación se precisa el relieve que
1
Ver Adhémar Esmein, Études sur l’histoire du droit canonique. Le mariage en droit canonique,
París, 1891, 2 vols. Hay una segunda edición publicada en París, Sirey, 1935, 507 pp. Esmein
señala la importancia, como no puede ser menos, de San Ramon de Penyafort, autor sobre el
que sigue siendo la biografía mas orientadora, la clásica elaborada por Ferran Valls i Taberner
(1888-1942), publicada con numerosos añadidos, estudios complementarios, glosas, etc., de la
que existe una versión inglesa (que casualmente es la más completa de todas) de Gloria
Corpas Pastor, St. Raymond of Pennafort: A critical edition and English translation, Comares,
Granada, 2010, LXXXVIII + 147 págs., de la que al menos se han publicado dos recensiones
valorativas que tengamos noticia, a cargo, la primera, de Manuel J. Peláez, en la Revista
europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, nº 1 (marzo 2011), pp.
207-210, y, la segunda, salida de la pluma de Juan María Flores Gallego, en Revista de
Estudios Histórico-Jurídicos, Valparaíso, XXXV (2013), pp. 810-814, en la que Flores advierte:
«nos encontramos ante una obra de una calidad excepcional en la que Gloria Corpas Pastor ha
tenido que hacer frente a una gran cantidad de dificultades traductológicas como la traducción
de topónimos, antropónimos y nombres de instituciones y asociaciones» (p. 809). Por otro lado,
Gloria Corpas Pastor, aparte de dirigir numerosas tesis doctorales de Traducción e
Interpretación, fue capaz de llevar a buen puerto una impresionante tesis de Derecho privado,
bajo su tutela, que fue defendida en la Universidad de Málaga el 30 de noviembre de 2002 por
Inmaculada Almahano Güeto, El contrato de viaje combinado en alemán y español. Las
condiciones generales. Un estudio basado en corpus, en dos volúmenes, que ponen en
100
Recensiones
Esmein concedía al derecho romano, pero Peláez y Seghiri obvian a Esmein
como canonista. Adhémar Esmein fue el jurista de Estado por antonomasia de
la Tercera República y defensor del Estado laico, a pesar de su condición de
católico.
Esmein no estuvo en contra de las tres leyes educativas de Jules Ferry, ni
de las medidas anticlericales de algunos de los gobiernos, y llevó a cabo un
estudio magistral de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de
26 de agosto de 17892, de la propia Constitución de 3 de septiembre de 1791 y
del Decreto de la Convención Nacional de 21-22 de septiembre de 1792, que
abolió la monarquía en Francia. También comenta la ulterior declaración de la
Convención Nacional de que la República francesa es única e indivisible, la
declaración de derechos del hombre y del ciudadano contenida en los artículos
1-35 de la Constitución de 24 de junio de 1793, la declaración de los derechos
y deberes del hombre y del ciudadano recogida en la Constitución de 22 de
agosto de 1795 (los derechos en sus artículos 1-22 y los deberes en otros
posteriores numerados del 1 al 9), la Constitución de 13 de diciembre de 1799
con su título primero de 14 artículos sobre el ejercicio de los derechos.
evidencia el dominio de la legislación y de la doctrina iusprivatista germánica por parte de
Almahano.
2
Resulta magnífica, y nunca está de más dejar de recordarla, la monografía de Alexis Bertrand,
La Déclaration des droits del homme et du citoyen de 1789. Introduction à l’enseignement
civique (Éd. 1900), Hachette Livre, Bibliothèque Nationale de France, Paris, 2012, donde
precisa en un pasaje que «aquellos que encuentran la declaración incompleta e insuficiente
cabe hacerles el doble reproche de haber olvidado de situar los deberes al lado de los
derechos y haber silenciado ciertos derechos esenciales, por ejemplo la libertad de enseñanza
y la libertad de asociación» (p. 140). Alexis Bertrand sostuvo que «la Declaración de los
derechos contiene implícitamente una declaración de los deberes morales (la ley no tiene
autoridad sobre las conciencias, y su reino no alcanza al fuero interno), sino de deberes
sociales, es decir exigibles por la sociedad. Y estos deberes no son otra cosa que los límites de
nuestros derechos» (p. 142), pues «la sociedad no puede jamás olvidar que no tiene como
misión escrutar las intenciones, que son la fuente de moralidad y de la inmoralidad de los
actos: es suficiente que se ocupe de que esté vigente el derecho» (p. 143). La revolución de
1789 como otras revoluciones en el siglo XIX patentizan que Francia fue un país de
revoluciones, de libertades y de violencia, como quedó claro en el Congreso celebrado en el
Centro de Estudios Revolucionarios de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand II,
ème
donde fue acogido un encuentro titulado De l’interprétation de l’histoire: Révolutions au XIX ,
violence et identité, del que informan ampliamente Miriam Seghiri y Manuel J. Peláez, en la
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXVIII (2006), pp. 813-819, donde recogen la
sorprendente afirmación: «En todo momento a lo largo del Congreso estuvo presente ese
sistema brutal de ejecución capital denominado guillotina inventado por Joseph Guillotin (17381814)… Pero Anne-Sophie Morel llegó todavía más lejos al afirmar que la guillotina como
decapitación era una castración, no andándole a la zaga Mme Bernard-Griffiths para quien el
asalto de la Bastilla es un símbolo por ser ésta la prisión del despotismo monárquico y bien
sabe ella de que estaba hablando como editora de las actas del Congreso internacional
dedicado a la revolución francesa y el vandalismo revolucionario» (p. 819). Marie-France Borot
resaltó que las concubinas y petroleras de París «de la comuna son mujeres fatales que
cayeron en una erotización del poder y en una crisis de histerismo colectivo. La dra. Borot
habló en términos precisos de que las petroleras lograron una erotización histérica de la lucha
revolucionaria» (p. 817). Las actas de ese congreso tardaron en editarse y se hizo por el
Centre de Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique, Université Blaise Pascal,
Clermont Ferrand, 2011. Por otro lado, como de todos es sabido, la guillotina acabó en Francia
con la llegada a la presidencia de la República de François Mitterrand, quien había dejado bien
claro: «en mi conciencia, en la fe de mi conciencia, yo soy contrario a la pena de muerte… Yo
no soy nada favorable a la pena de muerte» (ver Robert Badinter, L’abolition, París, Fayard,
2000, p. 230).
101
Recensiones
Además no hay texto constitucional, senado-consulto o Ley de relieve
político que deje Esmein de reflexionar sobre ella con considerable agudeza.
Igualmente lo hace con la carta constitucional de 14 de agosto de 1830, la
Constitución republicana de 4 de noviembre de 1848 y las leyes
constitucionales de la Tercera República, la de 25 de febrero de 1875 relativa a
la organización de los poderes públicos, la ley de 24 de febrero de 1875 sobre
la organización del senado, la de 16 de julio de 1875 sobre las relaciones entre
los poderes públicos, la derogación del art. 9 de la Ley constitucional de 25 de
febrero de 1875 por Ley de 21 de junio de 1879, que rezaba que «la sede del
poder ejecutivo y de las dos Cámaras estará en Versalles», la Ley de 14 de
agosto de 1884 modificando parcialmente las leyes constitucionales de 1875,
pero no la revisión parcial de 10 de agosto de 1926, pues se sale del marco
cronológico anterior a la segunda guerra mundial de las reediciones de la obra
de Esmein. Y, por supuesto, sin dejar de lado, la Ley de 9 de diciembre de
19053.
Aprovechan Peláez y Seghiri para reflejar la muy escasa influencia que las
obras de Esmein tuvieron en España en su momento, pese a que hubo quienes
siguieron sus enseñanzas en la École pratique des Hautes Études de París y
dejan entrever que no fue autor conocido, cuestión que puede ponerse en
duda, por Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946), gran jurista y político
republicano español al que se le viene prestando mucha atención en los
últimos dieciocho años por parte de Patricia Zambrana Moral (aunque
últimamente esté más concentrada en el Derecho marítimo medieval y el
contrato de pasaje), Miriam Seghiri, Manuel J. Peláez, Antonio M. López
García, María Encarnación Gómez Rojo (de forma más colateral, pues son
otros los juristas que le interesan), Sergio Fernández Riquelme, etc.,
recogiendo y publicando documentación contenida en el Centro Documental de
la Memoria Histórica de Salamanca.
La colaboración de Merio Scattola sobre el aristotelismo político es de las
más llamativas del presente homenaje a Adhémar Esmein. Es un estudio
sorprendente sobre los conceptos de civitas y res publica en Aristóteles y en
comentaristas como Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), Johannes
Althusius (c. 1563-1638), Henning Arnisaeus (c. 1575-1636), Konrad Horneius
(1590-1649) y Hermann Conring (1606-1681), entre otros4.
3
Ver Pierre Tournemire, “La loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Églises et de l’État”,
en La laïcité dans le monde ibérique, ibéroaméricain et méditerranéen: idéologies, institutions et
pratiques, ed. Thomas Gomez, Université de Paris X – Nanterre, 2006, pp. 21-31, obra
colectiva donde se recogen también otros trabajos, de entre los que resaltamos los de Enzo
Marzo, “La laïcité et le dogmatisme des religions”, pp. 9-19; Fernando Castroga, “La laïcité: un
modèle pour l’Europe du sud? Les expériences historiques du Portugal et de l’Italie à la lumière
du cas français”, pp. 33-51; Vítor Neto, “La laïcité de l’État au Portugal”, pp. 69-83; José Da
Costa, “Debates em torno do laicismo na Assembleia Nacional Constituinte de 1911”, pp. 85103; Giacomo Losito, “D’une rive à l’autre du Tibre: la laïcité en perspective de longue durée”,
pp. 115-129; Manuel J. Peláez, “Teorías de laicidad en España. Laicidad, legislación y política
anticlerical de la Generalitat de Catalunya (1931-1938 y 2003-2005)”, pp. 153-177. Ver además
Patricia Zambrana Moral y Manuel J. Peláez, “Más información sobre Congresos, actividades y
jornadas conmemorativas del Centenario de la Ley francesa de 9 de diciembre de 1905 sobre
separación del Estado y de las Iglesias. Laicidad a través de la bioética laica”, en Revista de
Estudios Histórico-Jurídicos, XXX (2008), pp. 705-718.
4
Vemos que falta P. Scriverius, Respublica Romana. Honon urbis aeternae, Elzevier, Leiden,
1629.
102
Recensiones
Gábor Hamza, que es capaz de escribir de los temas más variados, hace un
resumen de diversos planteamientos referidos al sistema de democracia
directa, tales cuales fueron formulados por Daniel de León (1852-1914), Juan
de Mariana (1536-1623), Giambattista Vico (1668-1744), Giandomenico
Romagnosi (1761-1835), Berthold Georg Niebuhr (1776-1831), Johann Gottlieb
Fichte (1762-1814), Otto von Gierke (1841-1921) y William Blackstone (17231780).
Los derechos subjetivos, la libertad y la igualdad tienen su origen en una
matriz religiosa judía y cristiana (ortodoxa y católica, principalmente), lo que se
deduce del artículo de Stamatios Tzitzis, esta vez en texto en lengua italiana
(abandonando los idiomas francés y griego al que nos tiene acostumbrados).
Da particular relieve a Guillermo de Ockham, a la escuela de Salamanca y a
Michel Villey.
Tzitzis contrasta el planteamiento cristiano de los derechos humanos con el
racionalismo kantiano que inspira el texto de la constitución francesa de 4 de
octubre de 1958, publicada en el Journal officiel de la République français del 5
de octubre de 1958, y en cuyo preámbulo se señalaba que «el pueblo proclama
solemnemente su adhesión a los Derechos del hombre y a los principios de la
soberanía nacional tal y como éstos han sido definidos por la declaración de
1789, confirmada y completada por el preámbulo de la Constitución de 1946».
El artículo de Thomas Gergen, colaborador habitual tanto de la Revista
europea de Historia de las ideas políticas y de las instituciones públicas, como
de la presente Revista crítica de Historia de las Relaciones Laborales y de la
Política Social, se detiene en un caso singular, el de Jérôme-Bonaventure
Gibault (1761-1834), catedrático de la Universidad de Poitiers y traductor el
latín del Código civil francés de 1804. Gibault, aparte, elaboró un proyecto de
reforma de los estudios jurídicos.
Desde Sudbury (Ontario) Herni Pallard envía un artículo sobre la libertad
religiosa y la tolerancia, a la vez que la discriminación que puede llegar a
producirse en relación al sexo, sin percatarse Pallard que donde se da
indubitablemente es en los países de confesionalidad del Islam, mientras que
en los países de tradición confesional luterana, evangélica y católica produce
una cierta hilaridad el que se atreva a establecer comparaciones y similitudes
con los de creencia musulmana. El ejercicio de la religión es privado, pero debe
ser respetado y tolerado por los poderes públicos. Los fundamentalismos, por
otro lado, no son otra cosa que intolerancia. En el Canadá francés se da un
respeto notable a los derechos referentes al ejercicio de la libertad religiosa.
Pietro Nenni (1891-1979) es un personaje clave en el nacimiento de la
República Italiana, tras el referéndum del 2 de junio de 1946. Francesca Biondi
estudia sus discursos parlamentarios, su idea del socialismo y la escisión
provocada en 1947 por Giuseppe Saragat (1898-1988). También Biondi
describe la relación de Nenni con Alcide De Gasperi (1881-1954).
Para Elisa Mongiano, la figura a la que presta su atención es a Pasquale
Stanislao Mancini, comentando el principio de la nacionalidad en la formación
del Estado moderno, sirviéndose de un aparato bibliográfico y doctrinal tan
amplio como bien documentado.
Loredana Garlati estudia la institución del jurado en Francia, resaltando la
importancia de la obra de Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle
en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII e siècle
jusqu’à nos jours, reedición, Vaduz y Paris, 1978. En Francia el jurado no tuvo
103
Recensiones
la aceptación popular y el reconocimiento por parte de la doctrina jurídica que
alcanzó a tener en Inglaterra.
Se centra Guillaume Sacriste en el republicanismo de Adhémar Esmein. La
teoría republicana5 es diferente de la teoría liberal clásica y de la teoría
socialista. Así precisa Sacriste, recogiendo el pensamiento de Esmein, que «la
libertad republicana no nace de la libre concurrencia entre individuos. La
libertad republicana se debe construir políticamente a través de la igualdad por
un acto de la voluntad que se impone a la realidad social» (pp. 123-124).
Italia Maria Cannataro, de la Universidad de Messina, estudia la figura de los
caudillos en las nacientes repúblicas norteamericanas, y la falta de legitimidad
democrática de esta figura singular, aunque existen teorías diversas al
respecto.
La revolución siciliana de 1820-1821, la Constitución gaditana de 1812 y la
figura del general constitucional Giuseppe Rosaroll es el objeto de la
colaboración de Giacomo Pace Gravina.
Hace referencia Gabriele Carletti a la relectura de Maquiavelo llevada a cabo
por Melchiorre Delfico (1744-1835), mientras que Corrado Malandrino, en
inglés, estudia la obra de Robert Michels y lo que en su momento representó el
Partido Socialdemócrata alemán, estudiando también el antiparlamentarismo y
la crisis psicológica del socialismo.
Se cierra el homenaje con una colaboración que envía desde la Facultad de
Jurisprudencia de Pavía Luciano Musselli sobre los católicos y la unidad
italiana, destacando dos momentos claves cuales fueron el Pacto Gentiloni de
1913 y los Pactos Lateranenses de 1929.
Era obligado homenajear en ámbito no francés a Adhémar Esmein y hacer
una profesión de fe en la importancia de los valores republicanos, democráticos
y civiles, con una tradición que en España no ha sido tan notable como en la
vecina Francia, donde ya en 1789 P. A. D’Aubusson publicaba en París su libro
que recogía la Profession de foi politique d’un bon François, impreso por
Laurens jun. et Cressonnier.
[La presente recensión crítica ha sido realizada parcialmente en el seno de
los proyectos "INTELITERM: Sistema inteligente de gestión terminológica para
5
Consultar el breve, pero sugerente libro de Charles Renouvier, Manuel républicain de
l’homme et du citoyen, publié sous les auspices du ministre provisoire de l’instruction publique,
Paris, 1848.
104
Recensiones
HUM2754, 2014-2017. Junta de Andalucía)]. [Recibida el 23 de diciembre de
2013].
María Cristina Toledo Báez
V.V. A.A., Glossae. European Journal of Legal History, Valencia, 10 (2013),
revista electrónica (http://www.glossae.eu/glossae-10-2013).
RESUMEN: La resurrección de la publicación periódica Glossae, de la mano de
Aniceto Masferrer, es sin duda un motivo de particular satisfacción, y además
que en su segundo número de la nueva época se le dedique un homenaje a
quien fue su fundador, el gran catedrático de Historia del Derecho y de las
instituciones de la Universidad de Murcia, en cuya Facultad de Derecho fue
profesor titular, catedrático, decano y profesor emérito. No bien tratado en
determinados momentos dentro de su área de conocimiento, sin que hubiera
existido motivo alguno para ello, era obligado este homenaje a nuestro mejor
estudioso del Derecho común, y al iushistoriador hispánico más conocido y
valorado en Alemania. El contenido de esta entrega es tan variado como de
elevada calidad. Bueno sería que además de la versión electrónica, se hiciera
también una impresa en papel que le fuera entregado con todos los honores y
reconocimientos a Antonio Pérez Martín.
PALABRAS CLAVE: Antonio Pérez Martín, Aniceto Masferrer, Javier Alvarado
Planas, Francisco Baltar Rodríguez, Manlio Bellomo, Fernando Betancourt
Serna, Juan Bautista Cañizares Navarro, Paolo Cappellini, Orazio Condorelli,
José Antonio Escudero López, María del Camino Fernández Giménez,
Alejandro Guzmán Brito, Jan Hallebeek, Magdalena Martínez Almira, Leandro
Martínez Peñas, Manuela Fernández Rodríguez, Aniceto Masferrer, Juan
Alfredo Obarrio Moreno, María Emma Montanos Ferrín, María Cruz Oliver Sola,
Francisco Luis Pacheco Caballero, Andrea Padovani, Maurici Pérez Simeón,
Carlos Petit, Miguel Pino Abad, Rafael Ramis Barceló, Pere Ripoll Sastre,
Santos Manuel Coronas, Rosalba Sorice, Giuseppe Speciale, José Franco
Chasán.
Ha resucitado la revista Glossae, bajo otras manos distintas de aquellas que
la hicieron nacer y la mantuvieron en funcionamiento hasta 1996. Detrás de la
misma está Aniceto Masferrer, profesor titular de Historia del derecho y de las
instituciones de la Universidad de Valencia, donde aterrizó procedente desde la
Universidad de Girona. Una cosa que sorprende en este homenaje es que
ninguno de los compañeros del área de conocimiento de Historia del Derecho
de la Universidad de Valencia, más de quince, haya querido colaborar en este
homenaje. Probablemente lo hubieran hecho por la personalidad internacional
y la independencia de Antonio Pérez Martín, pero estando al frente del
homenaje Masferrer y Javier Alvarado Planas, que han participado en muchas
de las actividades de todo tipo organizadas por la “escudería”, ello haya hecho
retraerse a varios de homenajear a un hombre como Antonio Pérez Martín, el
105
Recensiones
mejor historiador del Derecho común con que hemos contado en España. Sin
embargo, esto son puras suposiciones nuestras. No escriben en el homenaje
iushistoriadores muy preparados, tales son los casos de Yolanda Blasco Gil,
Jorge Correa Ballester, Pilar García Trobat, Dolores Guillot Aliaga, María Pilar
Hernando Serra, Pascual Marzal Rodríguez, Remedios Ferrero Micó, Francisco
Javier Palao Gil, Carlos Tormo Camallonga y Sergio Emiliano Villamarín
Gómez. Lo peor de todo es que no aparezca el patriarca valenciano Mariano
Peset Reig, que publicó un libro otrora famosísimo de Johannes-Michael
Scholz y Antonio Pérez Martín, Legislación y jurisprudencia en la España del
antiguo régimen, Universidad de Valencia, Valencia, 1978, y algo puede
decirse de un autor de miles de páginas también jubilado, que fue titular de
dicho departamento Vicente Graullera Sanz. ¿Por qué no participan en el
homenaje? ¿Es qué acaso no han sido invitados o es por las personas de
quiénes ha partido la iniciativa del homenaje? Sinceramente, lo desconocemos,
pero es que tampoco nos podemos imaginar lo que ha motivado estas
dolorosas ausencias.
Es más si nos propusiéramos hacer una relación de los veinte mejores
historiadores del derecho que ha habido en España en el siglo XX y en los
años que llevamos transcurridos del siglo XXI, sin duda seríamos muchos los
que coincidiríamos en que un sitial preferente sería ocupado por Antonio Pérez
Martín, y además aparecerían diecinueve que podrían ser (como algunos
pensarían que pudieran ser otros) Luis García de Valdeavellano y Arcimís,
Alfonso García Gallo, Josep Maria Font i Rius, Jesús Lalinde Abadía,
Bartolomé Clavero Salvador, Francisco Tomás y Valiente, José Orlandis
Rovira, Juan Beneyto Pérez, José Antonio Escudero López, Tomàs de
Montagut i Estragués, José Sánchez-Arcilla, José Manuel Pérez Prendes y
Muñoz de Arracó, Gonzalo Martínez Díez, Mariano Peset Reig, Antonio García
y García, Antonio Merchán Álvarez, Carlos Petit, Antonio Jordà Fernández y
José María Pérez Collados.
Nuestro homenajeado es un hombre sencillo, de talante apacible, discreto,
sin vueltas, ni revueltas, de los que sabe y dice la verdad, no de aquellos que
engañan a todo el mundo y utilizan el teléfono como instrumento de trabajo
para intrigar con unos y con otros. Pérez Martín ha sabido además mantenerse
siempre en una posición de independencia, que le honra y que dignifica su
tarea universitaria con su sola presencia.
Antonio Pérez Martín es un conocedor de las fuentes históricas del Derecho
como ha habido pocos en España. Sus ediciones son impecables y muestran
su familiarización con la paleografía y con la lengua latina, a la vez que una
seguridad extraordinaria, unida a una prudencia proverbial, a la hora de valorar
y estimar el trabajo ajeno, a pesar de su agudeza crítica extraordinaria, un
auténtico fuera de serie para quienes conocen su obra en profundidad, sin el
oropel con el que se autoadornan otros (no me refiero a la Historia del derecho
exclusivamente, sino también y mucho más a otras áreas de conocimiento
jurídicas).
La obra maestra de Pérez Martín es la monumental Proles Aegidiana, a la
que dedicó muchos años de su vida, dejando un resultado insuperable en lo
más difícil y solamente completable, con el paso del tiempo, en menudencias
que se pueden ir añadiendo sobre los colegiales del San Clemente de los
españoles de Bolonia, y de los que faltan, pues la Proles se cerró en 1977. La
tarea ingrata de consultar miles de documentos en aquella obscura habitación
106
Recensiones
que albergaba el Archivo del Colegio de España, más luego las tesis de los
colegiales que estaban en la sala biblioteca colindante también casi en
tinieblas, la documentación del Archivio di Stato de Bolonia, la de los archivos
diversos de la propia Universidad, las centenares de horas que empleó Antonio
Pérez Martín siguiendo las huellas de canonistas y de doctores in utroque iuris
de los siglos XIV a principios del XIX, sus conocimientos paleográficos
extraordinarios, su superior preparación en latín, italiano y alemán, hacen de
esta obra, en cuatro tomos, editada por una institución del siglo XIV y
preparada metodológicamente y completada bibliográficamente en el MaxPlanck de Historia del derecho Europeo de Fráncfort del Meno, algo
auténticamente inconmensurable. A ello acompaña el esquema biográfico
originalísimo y sorprendente que aplica a la casi totalidad de las semblanzas de
los colegiales. Y, sobre todo, la claridad.
Además Antonio Pérez Martín no sólo ha tenido una vida dedicada al estudio
de los juristas, sino que también se ha preocupado de investigar en campos a
veces distantes para algunos historiadores del derecho en España. Me refiero a
la Historia del derecho civil y del derecho procesal. Hay historiadores del
Derecho que solo escriben sobre Instituciones político-administrativas
históricas; los trabajos de los cultivadores de esa rama en exclusiva no revelan
al verdadero jurista, pues pueden llevarlos a cabo, y con mayor fruto, en
algunos casos, historiadores generalistas salidos de las Facultades de Filosofía
y Letras o de las de Geografía e Historia. Hace ya tiempo que repetimos esta
idea muchas veces, y vamos a seguir haciéndolo, pues la dificultad que plantea
el Derecho civil del pasado o el procesal hace que se retraigan y se dediquen a
lo fácil, a lo no complicado, a aquello para lo que no se necesita saber mucho y
menos pensar demasiado. Adhémar [Jean-Paul-Hyppolyte-Emmanuel] Esmein
(1848-1913) y Paul-Marie Viollet (1840-1914), los dos grandes historiadores del
Derecho durante la Tercera República francesa, brillaron (aparte de, en el caso
de Esmein, por sus Éléments de droit constitutionnel, libro al que se le ha
dedicado un Congreso por la relevancia que tuvo) por sus artículos y libros de
historia del derecho civil y del derecho procesal. Esos cultivadores, con los que
nos encontramos en España, de la historia de los Consejos de la monarquía
moderna, de la administración territorial, de las Cortes, de los corregimientos,
de las fuentes del Derecho (no en su contenido, sino en sus elementos
puramente externos, cronológicos, de vigencia, de influencia, de redacción de
las mismas), no son auténticos juristas. La prueba es la cantidad de
historiadores que, sin haber pasado por una Facultad de Derecho o de Derecho
canónico, cuentan con resultados magníficos y casi definitivos (respecto al
momento en que fueron escritos) en estos campos del saber. Ahora bien, el
estudio histórico del Derecho civil, del Procesal civil, del Procesal penal, del
Concursal, del Agrario, del Derecho de los seguros, del Derecho procesal
canónico, del Hipotecario, del Notarial, del Penal canónico, del Derecho de
aguas1, eso son otras palabras, reservadas, sin duda, para gente de otro nivel.
1
Ver la magnífica tesis doctoral que dirigió el benemérito profesor Josep Maria Font i Rius a
Francisco Javier Teira Villar, sobre el Régimen jurídico de aguas en el Llano de Lérida (siglos
XII-XVIII), Barcelona, 1967, o los estudios de Patricia Zambrana sobre el Derecho de aguas,
tales cuales “La protección de las aguas frente a la contaminación y otros aspectos
medioambientales en el Derecho romano y en el derecho castellano medieval”, en Revista de
Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXXVII, 2º semestre (2011), pp.
597-650 e “Historia del Derecho medioambiental: la tutela de las aguas en las fuentes jurídicas
107
Recensiones
Solo hay que detenerse un momento en el por muchos considerado jurista
catalán más importante del siglo XX, Ramon Maria Roca Sastre (1899-1979), y
ver el conocimiento que tiene del derecho germánico, del derecho romano
justinianeo, de la pandectística y de su derecho romano actual, es algo no visto
entre los historiadores del derecho de una determinada escuela. Claro, Roca
Sastre triunfó en las oposiciones de notarías, en las de registros y en las de
judicatura, y no contento con eso opositó de nuevo por libre a notarías para
poder posesionarse de una plaza en Barcelona, sacando el número uno.
Antonio Pérez Martín cuando estudia las fuentes del derecho común brilla
con luz propia al ir describiendo con maravillosa y clara prosa las instituciones
de Derecho civil, penal y procesal. Cuando examina las glosas sabe ser certero
en el conocimiento de la aportación que las mismas suponen y distingue lo que
carece de interés y de valor de lo que sí supone una interpretación jurídica
novedosa en relación al momento. Cuando Antonio Pérez Martín se adentra en
las Partidas, sabe que está contemplando, como él mismo ha puesto de
relieve, la «obra cumbre del derecho común en España».
También se ha ocupado de la institución del mayorazgo y de la recepción en
España del derecho procesal construido por los posglosadores. Colaboró en el
monumental Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen
Privatrechtsgeschichte, dirigido por Helmut Coing.
Iniciado Antonio Pérez Martín en la Historia del Derecho en la Universidad
de Granada con Rafael Gibert y Sánchez de la Vega, en realidad su verdadero
y principal maestro fue Helmut Coing (1912-2000) en el Max-Planck de Historia
del Derecho Europeo de Fráncfort. Gibert fue un personaje atípico e
impertinente, con singularidades destacables, pero sin la orla de genialidad con
la que sus discípulos (pocos) han querido distinguirle. En cambio, Helmut Coing
es uno de los juristas más completos, más sólidos y más pluridisciplinares que
ha habido en la Europa del siglo XX. El mismo Antonio Pérez Martín no se
ahorra adjetivos al presentarnos al jurista originario de Celle: «Helmut Coing es
el último representante de varias generaciones de investigadores alemanes,
que remonta sus orígenes a Friedrich Carl von Savigny y entre los que se
encuentran estudiosos de la talla de Theodor Mommsen 2 y Franz Wieacker.
Universitario que, como ningún otro, consiguió imprimir principios éticos en los
fundamentos del Derecho, representa a la generación de juristas alemanes que
después de la segunda guerra mundial buscó y halló una concepción nueva y
sólida del Derecho, enmarcado en la herencia cultural europea común»3.
Las colaboraciones del homenaje (indicaremos la cualificación de los autores
que hayamos identificado) son las siguientes: Aniceto Masferrer, profesor titular
de Historia del derecho y de las instituciones de la Universidad de Valencia,
“Ius commune y tradición jurídica europea. Notas sobre la contribución del Prof.
castellanas de la Edad Moderna”, en Revista de Estudios Histórico-Jurídicos, XXXIV (2012),
pp. 277-319.
2
Para no pocos los tres juristas más importantes de toda la historia de la Humanidad han sido
Bartolo da Sassoferrato, Friedrich Carl von Savigny y Theodor Mommsen.
3
Antonio Pérez Martín, “Helmut Coing (1912-2000)”, en Juristas Universales, Madrid y
Barcelona, 2004, vol. 4, pp. 618-624. Concluye su semblanza, tras una enumeración impecable
de sus méritos, con una valoración humana del personaje: «Helmut Coing fue un hombre
sencillo, humilde, impasible, siempre impecablemente vestido, accesible y con un estilo
elegante, pero no complicado, y con una claridad de pensamiento que convertía en
comprensibles las nociones más elevadas y abstrusas. En sus publicaciones no hay más
páginas que las estrictamente necesarias» (p. 622).
108
Recensiones
Antonio Pérez Martín a la historiografía jurídica europea”, pp. 1-47; Javier
Alvarado Planas, catedrático de Historia del Derecho y de las instituciones de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, “Saberes traslaticios: la
leyenda de las dos columnas prediluviales”, pp. 48-69; Juan Francisco Baltar
Rodríguez, catedrático de Historia del derecho y de las instituciones de la
Universidad de Zaragoza, “Los ejercicios de oposiciones a profesor titular de
Salvador Minguijón”, pp. 70-87; Manlio Bellomo, catedrático jubilado de Historia
del derecho medieval y moderno de la Universidad de Catania, “Consuetudo
Bononie in Curia Bulgari Scripta”, pp. 88-94; Fernando Betancourt Serna,
catedrático de Derecho romano de la Universidad de Sevilla, “Fuentes del Ius
Canonicum Particulare español e indiano”, pp. 95-107; Juan Bautista Cañizares
Navarro, profesor contratado de Ciencias Jurídicas Básicas en la Universidad
CEU Cardenal Herrera en Elche, “El Código penal de 1822: sus fuentes
inspiradoras. Balance historiográfico (desde el siglo XX)”, pp. 108-136; Paolo
Cappellini, “La «Rivincita» della teología política. Note a margine dei processi di
normalizzazione dell’eccezione nell’epoca della «Democrazia Globale»”, pp.
137-159; Orazio Condorelli, catedrático de derecho eclesiástico y canónico de
la Universidad de Catania, “Ragione, autorità e consenso: costanti [no
constanti] e varianti nella dottrina canonistica della norma giuridica”, pp. 160185; José Antonio Escudero López, catedrático jubilado de Historia del derecho
y de las instituciones, “El conflicto de los bienes del Monasterio de Sijena:
breves apuntes”, pp. 186-191; María del Camino Fernández Giménez,
profesora titular de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, “La Inquisición y los obispos en la
Restauración Absolutista tras el Trienio Liberal (1825)”, pp. 192-203; Alejandro
Guzmán Brito, profesor emérito de Derecho romano de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, “La división de los contratos en Luis de Molina”, pp.
204-214; Jan Hallebeek, “Cumplimiento forzoso de las obligaciones de hacer.
Dos ejemplos de la tradición romanística”, pp. 215-225; Magdalena Martínez
Almira, “El intercambio de moros cortados entre España y Marruecos tras la
firma del Tratado de 1767. La Comunidad de Musulmanes de Cartagena”, pp.
226-252; Leandro Martínez Peñas, profesor titular de Historia del derecho y de
las instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, y Manuela Fernández
Rodríguez, profesora titular interina de Historia del derecho y de las
instituciones de la Universidad Rey Juan Carlos, “Guerra, ejército y
construcción del Estado Moderno: el caso francés frente al hispánico”, pp. 253276; Aniceto Masferrer, “La antinomia ‘Derechos fundamentales-soberanía
nacional’ en los orígenes del constitucionalismo moderno”, pp. 277-302; Juan
Alfredo Obarrio Moreno, catedrático de derecho romano de la Universidad de
Valencia, “El embargo en la literatura jurídica en los reinos hispánicos”, pp.
303-345; María Cruz Oliver Sola, catedrática de Derecho romano de la
Universidad pública de Navarra, “Principios generales del Derecho de Navarra”,
pp. 346-408; Francisco Luis Pacheco Caballero, catedrático de Historia del
derecho y de las instituciones, “Formación histórica de la responsabilidad
extracontractual o aquiliana en el derecho Español (II). La recepción medieval
del daño aquiliano en los derechos valenciano y catalán”, pp. 409-429; Andrea
Padovani, “Consilia e Tractatus di giuristi italiani negli anni del grande scisma
(1405-1409)”, pp. 430-456; Maurici Pérez Simeón, profesor de Derecho romano
de la Universidad Pompeu Fabra, “El comentario de Josep Finestres a los Iuris
Epitomae de Hermogeniano”, pp. 457-488; Carlos Petit, catedrático de Historia
109
Recensiones
del derecho y de las instituciones de la Universidad de Huelva, “El legislador y
la biblioteca. Los fondos de Andino en la Universidad de Sevilla”, pp. 489-506;
Miguel Pino Abad, profesor titular de Historia del derecho y de las instituciones
de la Universidad de Córdoba, “Los ‘privilegios penales’ de los ancianos en el
Antiguo Régimen”, pp. 507-523; Rafael Ramis Barceló, profesor de Historia del
derecho y de las instituciones de la Universidad de las Islas Baleares,
“Estudiantes hispanos de leyes y cánones en la Universidad de Pisa (15431665)”, pp. 524-544; Pere Ripoll Sastre, “La Diputació del General de
Catalunya: una panorámica jurídico-cultural e histórico-institucional”, pp. 545573; Santos Manuel Coronas, catedrático jubilado de Historia del derecho y de
las instituciones, “Martínez Marina y el Ensayo histórico-crítico sobre la antigua
legislación de León y Castilla (1808)”, pp. 574-604; Rosalba Sorice, “Studenti,
universitates e statuti nello studio di Catania, documenti inediti”, pp. 605-614;
Giuseppe Speciale, “Una remota e dolorosa eredità. Credito agrario,
colonizzazione, bonifica nella Sicilia postunitaria”, pp. 615-627. Luego se
acompañan una serie de noticias sobre congresos y reuniones científicas, que
incomprensiblemente se encarga de redactar José Franco Chasán, alumno del
2º curso del Grado en Derecho (lo nunca visto hasta ahora). Las recensiones
ya tienen otro perfil, están escritas por catedráticos de Derecho romano o
historiadores del derecho cualificados, y versan cinco sobre libros publicados
en España y dos más, una sobre un libro en francés y otra sobre una obra en
inglés publicada en Berlín.
Valoremos ahora y comentemos algunos de los trabajos indicados del
homenaje.
La colaboración de Orazio Condorelli, como casi todo lo suyo, de notable
relieve y sin duda el mejor trabajo de Derecho común del homenaje con el de
Andrea Padovani. Este Condorelli es nieto del afamado filósofo del Derecho y
político monárquico Orazio Condorelli (1897-1969) e hijo del catedrático de
Derecho eclesiástico de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de
Catania Mario Condorelli (1933-1985), discípulo de Arturo Carlo Jemolo [tanto
la semblanza de Mario Condorelli como la de Jemolo, aparecerán publicadas a
principios de 2014, en el tomo 2º del Diccionario de canonistas y
eclesiasticistas europeos y americanos] y autor de aquella obra importante de
Derecho canónico que se titulaba I fondamenti della libertà religiosa
nell’elaborazione canonistica dei secoli XII-XIV, Milán, 1960, senda que fue
seguida por su hijo que primero asumió responsabilidades en una plaza de
Historia del derecho canónico, para luego quedar adscrito al sector científico
Derecho eclesiástico y canónico. El abuelo cuenta con contribuciones muy
sólidas, tal es el caso del pequeño pero sorprendente estudio Ignorantia iuris:
Preliminari, Catania, 1926, un artículo muy conseguido sobre “Equità e diritto”,
que vio la luz en los Annali del Seminario Giuridico della Reggia Università di
Catania, año I, fasc. 2 (1933) [sed 1934], pp. 245-299, y, sobre todo, las
distintas versiones de su manual, Lezioni di filosofía del diritto, que aparecieron
en la propia Catania, y la colección de sus publicaciones de Filosofía del
Derecho y Teoría del Estado (sobre el Estado romano, Hans Kelsen,
Maquiavelo, etc.).
El de José Antonio Escudero López es un estudio de microhistoria jurídica,
que resulta impropio para un homenaje a un historiador de perfil tan europeísta,
como Antonio Pérez Martín, y en una revista tan internacional como la
presente, aunque luego, bien mirado, el artículo puede ser de los que diga más
110
Recensiones
cosas originales, porque desde la microhistoria es desde donde se puede con
mayor facilidad decir algo nuevo. En cualquier caso el estudio está motivado
por la solicitud de un informe a la Real Academia de la Historia y el autor
promete publicarlo más extenso en otra revista, y lo adelanta en «Glossae,
revista digitalizada», «brillante como siempre pero desplumada y sin páginas»
(p. 187). Paginar está paginada y así en la red la ve todo el mundo.
Incomprensibles son las observaciones críticas, que lleva a cabo José A.
Escudero, hacia la Generalitat de Catalunya y el Tribunal Constitucional,
calificando el contencioso de marras como «un conflicto histórico-jurídico en el
que lamentablemente parecen haber primado más las razones políticas que las
propiamente jurídicas e históricas» (p. 191). Casan perfectamente sus
afirmaciones con su acendrado aragonesismo y anticatalanismo, en unos
momentos en que Cataluña está sufriendo y desangrándose porque desde
Madrid le niegan todo, hasta el pan, la pimienta y no quisiera decir qué otras
cosas más…, para no ser grosero. Contemplo a mi viejo amigo y primer
maestro, Jaume Sobrequés i Callicó, en la vanguardia de una lucha ideológica
y conceptual en su caso, y me apena verlo encanecido y dejándose piel para
defender un ideal nacional, que esperemos no sea aplastado por los tanques o
finiquitado por la guardia civil.
Apunta cuestiones originales María del Camino Fernández Giménez, aunque
se mueva casi siempre en ámbitos inquisitoriales. Su tesis ya suscitó
controversias, aunque defendieron el valor de la misma el propio Antonio Pérez
Martín, Enrique Gacto (que, dicho sea de paso, no colabora en este número de
la revista, como tampoco Enrique Álvarez Cora, dos tipos realmente
trabajadores e inteligentes, que desconozco la razón de su falta de sintonía con
Pérez Martín, lo que no empece que me parezcan inconcebibles estas salidas
de tono enriqueñas y que no participen en el homenaje, pero ellos saben más
que yo) y el mismo José Antonio Escudero, y por escrito otros fueron ambiguos
y alguno especialmente crítico con Camino Fernández. La “caja roja” guarda
algún secreto, pero lo que no sé, a estas alturas, es cuál puede ser.
Mucha afición le ha cogido el más prestigioso romanista de todo el
continente americano Alejandro Guzmán Brito, profesor emérito de la
Universidad Católica de Valparaíso, al jurista Luis de Molina (1535-1600),
según constatamos de nuevo. En un Seminario para profesores de Derecho
civil, Derecho romano e Historia del derecho que impartió en la Universidad de
Málaga puso de relieve como capital el libro De iustitia et iure en seis
volúmenes. Resulta curiosa la noticia de que Molina falleció el 12 de octubre de
1600.
El artículo de Javier Alvarado Planas va en la línea de los caballeros
custodios del Sagrado secreto, que como es sagrado y secreto no sabemos en
qué consiste. En cualquier caso, como todo lo suyo, muy bien documentado y
claramente meritorio.
Aparece también María Emma Montanos Ferrín. No podemos pronunciarnos
sobre su colaboración, pues podríamos equivocarnos, tanto para bien como
para mal. Solamente sobre su condición multiconocida de plagiaria como
puede verse en Alfonso Otero Varela, “Las Partidas y el Ordenamiento de
Alcalá en el cambio del ordenamiento medieval”, en Anuario de Historia del
Derecho Español, LXIII-LXIV (1993-1994), pp. 451-548; Alfonso Otero Varela,
en “Historia del Derecho Criminal en Compostela”, en Dereito. Revista Xurídica
da Universidade de Santiago de Compostela, 8, nº 1 (1999), pp. 141-186,
111
Recensiones
refiriéndose Otero Varela a Emma Montanos Ferrín, “La criminalización de los
derechos del pater familias”, destinado al homenaje a Arias Bonet, y publicado
antes en Estudios de Historia del Derecho Criminal, Madrid, 1990, pp. 15-75;
Emma Montanos Ferrín, “La inexistencia de circunstancias agravantes en el
derecho histórico”, en Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, nº 74 (1988), pp. 399-441 y Emma Montanos Ferrín, “El
asesinato”, publicado en los mencionados Estudios de Historia del Derecho
Criminal, Madrid, 1990, pp. 256-316 y luego editado a donde iba destinado
Estudios de Derecho romano e Historia del Derecho Comparado, Barcelona,
1991, vol. XVIII, pp. 5499-5554; Faustino Martínez y Martínez en la publicación
periódica Dereito. Revista Xurídica da Universidade de Santiago de
Compostela, vol. 14, nº 2 (2005), pp. 334-341, hablando de una “copista” =
Emma Montanos; Faustino Martínez y Martínez, en Biblos. Revista de
Bibliografía Histórico-Jurídica, on line en www.ucm.es/info/byblos/otero.htm,
donde vuelve a aparecer la “copista”; Manuel J. Peláez, “Derecho germánico,
germanismo, francofonía y catalanismo en el pensamiento y la actividad
jurídica, política e histórica de un afrancesado F. Valls i Taberner (1888-1942) y
el germanismo de raíces schmittianas de Alfonso Otero Varela (1925-2001)”,
en Contribuciones a las Ciencias Sociales, diciembre 2008, en
www.eumed.net/rev/cccss/02/mjp3.htm; Guillermo Hierrezuelo Conde, “Sobre
el Imperio Plantagenêt y el Derecho común”, en Contribuciones a las Ciencias
Sociales, abril 2009, en www.eumed.net, dedicándole varias páginas y con
cotejos amplios y bien documentados, con una precisión milimétrica, y en
Guillermo Hierrezuelo Conde en el Anuario de Historia del Derecho Español,
LXXV (2005) de 2006, pp. 1139-1142, pero ocultando, a través de una mano
irresponsable, el nombre de la verdadera plagiaria Emma Montanos Ferrín y
poniendo el del otro ajeno espiritual y materialmente a los plagios, sin que el
Anuario de Historia del Derecho Español lo haya enmendado. Además la
condición plagiaria y plagística de Emma Montanos puede verse en Socionet.ru
(Moscú), EconBiz (Leipzig), EconPapers (Örebro), Ideas-Repec (Reserva
Federal del Banco de San Luis), en distintos lugares. Incomprensiblemente,
una revista tan seria como Glossae la tiene en su consejo de redacción.
Lo de Santos Coronas responde a la línea en este caso sí comprensible de
estos últimos años de dar vueltas a las mismas cosas que ya se le habían
leído. El artículo de Carlos Petit, aunque ya había escrito sobre Pedro Sainz de
Andino (1786-1863) en otras ocasiones, resulta atractivo.
Encontramos interesantísimas las páginas de Rafael Ramis Barceló,
historiador del derecho emergente y en extremo agudo en sus observaciones,
con una matriz filosófica que le dignifica, es decir que es alguien que piensa.
Miguel Pino Abad es uno de nuestros estudiosos del derecho penal histórico,
junto a Aniceto Masferrer, más señeros. No lo perdamos de vista.
La colaboración de Juan Francisco Baltar va en una línea de trabajo de
Historia de los juristas de los siglos XIX y XX, manejando fuentes de diferentes
archivos, en la que se ha consagrado internacionalmente como uno de los
mejores en España.
Obarrio se ha entregado en los últimos años con armas y cartucheras al
Derecho común y a la Historia del derecho privado, dejando de lado el derecho
preclásico, clásico y postclásico romano. El resultado: dice cosas originales,
que de otra forma sería muy difícil, sin dar vueltas, revueltas y pentavueltas al
Digesto.
112
Recensiones
Me entristece que no haya podido colaborar en este homenaje una persona,
que nos ha dejado de golpe, Consuelo Maqueda Abreu, tan perseguida y
denostada por los de su propia escuela, pero que supo luchar, sola ante el
peligro, y alcanzar la cátedra de Universidad con la enemistad de toda una
cohorte de la UNED. Antonio Pérez Martín la valoraba y supo defenderla en
momentos para ella difíciles, pero había otros intereses de todos conocidos,
que ya han sido puestos de manifiesto en varios lugares.
Es una bendición celestial ver publicado este homenaje a Antonio Pérez
Martín y una colosal idea la de Aniceto Masferrer y Javier Alvarado Planas, la
de resucitar una publicación iushistórica señera en el Derecho común. El
corazón de los historiadores españoles del Derecho debe estar tan alegre,
como cuando dos historiadores del derecho, que son conocidos, se ponían
alegres con la sangre amable de las uvas. [Recibida el 23 de diciembre de
2013].
Manuel J. Peláez
113

Revista electrónica [www.eumed.net/historia] y en papel Offpints

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